ATISBOS ANALÍTICOS No 282,
armenia, noviembre de 2018, ensayo segunda parte: “Duque y el
guerrerism0”.
Humberto Vélez Ramírez, Docente
Investigador, profesor jubilado y
HONORARIO de la Universidad del Valle. Miembro Fundador de REDUNIPAZ. Consultor
y Asesor de Programas de transformación Conflictos. humbertovelezr@gmail.com; fundacionecopais.blogspot.com/ Celular: 3005047762. Armenia (Quindío). Colombia, noviembre 2018.
Nota: Ojalá mis colegas docentes
e investigadores puedan trabajar, de
modo crítico, en sus clases Atisbos Analíticos como éste que alcanza unas
5.500 palabras; de todas maneras, para un público más amplio, lo hemos resumido
alcanzando unas 1.500 palabras que van a
continuación. fundacionecopais.blogspot.com/
En el No. 281
de los Atisbos se recogió la primera dimensión de este Ensayo sobre el actual gobierno, “Duque y el Trumpismo”, en éste, el 282, se presenta su segundo
componente, “Duque y el Guerrerismo”
dejando para diciembre-enero 2019 la publicación de la tercera nota, “Duque y el Corporativismo”.
La aplicación,
fiel en su espíritu pero imaginativa y creadora, de los Acuerdos de la Habana no es nada más que el empeño orgánico por jalonar la construcción de la Paz Territorial, programa-conjunto de
proyectos socioeconómico-político culturales que, aplicados, se constituirían
en el primer esfuerzo macro y estructural realizado en la historia de
Colombia por jalonar al conjunto de la
nación desde las realidades rurales.
Pero, ya
en detalle, ¿qué entender por esa cosa
llamada Paz Territorial, asunto este del que durante los 100 primeros días del
Gobierno de Duque casi nadie ha vuelto a hablar? La Paz Territorial implica, como punto de partida y como
soporte material central, la ejecución
de su componente de Reforma Rural
integral mediante el logro de los
siguientes cinco objetivos específicos:
1. La creación de un Fondo de Tierras,
entre otras fuentes, alimentado por los latifundios improductivos o, mejor,
por la porción no adecuadamente explotada de los latifundios;
2. La revitalización de las Economías Campesinas otorgando tierra a
los 9 0 10 millones de pequeños campesinos y arrendatarios que no la tienen o
que la poseen de modo insuficiente;
3. La formalización de la propiedad de la
tierra;
4. La creación del Catastro Rural que
permita precisar que, en última y
definitiva instancia, la propiedad de la tierra se perfecciona con su
inscripción en esa entidad gubernamental; y
5. La puesta en acción, con metas de
corto , mediano y largo plazo, de un Programa de Estado enhebrado
alrededor de las Economías Campesinas
orientado a lograr la meta de la Soberanía Alimentaria del país.
Pero, para el
logro de estos cinco cruciales objetivos específicos se requiere de un paquete de medios
orgánicos muy substantivos orientados a:
A.
La aplicación, transparente e imaginativa, de LA JEP como forma de Justicia, temporal y
transicional sólo aplicable a los
actores directos del conflicto interno armado;
B. La inscripción de la Paz
territorial en un nuevo modelo de Ordenamiento Territorial del País inspirado en la Constitución de 1991, que
señala a las “Regiones y Provincias” como las unidades territoriales centrales;
C. La creación
de Empresas Asociativas y Autogestionarias que les presten a las Economías Campesinas el
servicio colectivo de tecnologías que,
costosas, individualmente no alcanzan a financiar;
D. La creación del ICRVR, del Instituto
Colombiano para la Construcción y Reconstrucción de la Vivienda Rural;
E. La
Ruralización de las Políticas Públicas del Estado (políticas de educación,
salud, deporte, recreación y turismo especialmente definidas para “trabajar
y vivir en el campo”. Y
F. Entonces, ahora sí, sobre una base así, que
venga, pero bien realizado, lo que
el Estado sólo ha hecho a medias en los
municipios: muchas
obras de arquitectura y de distritos de riego, numerosos y muy
buenos caminos vecinales y carreteras
terciarias, que no haya vereda, de las más de ochenta mil existentes en Colombia, sin una Escuela y un Puesto de Salud y un Campo
deportivo y que se generalice el Crédito y la Asistencia técnica.
Entonces,
que sobre la Paz Territorial nos hable el Presidente Duque una vez
posesionado y durante esos primeros tres
meses y 10 días de su Gobierno; en una de las más largas Entrevistas que le
hicieron en la semana del 7 de agosto aunque, por cierto, dijo que “no haría
trizas los acuerdos”, siendo ésta la posición más radical de su partido, sólo en dos ocasiones más mencionó la palabra
y a la JEP sólo le dedicó 5 líneas y la palabra “Paz Territorial” desapareció
de su lenguaje y, mucho menos, se refirió a lo que en este Atisbos hemos considerado
como lo esencial de los Acuerdos, es
decir, a su dimensión de Reforma Rural Integral.
Aunque se debe
señalar que hasta ahora por iniciativa presidencial no ha presentado ningún
proyecto en contra de los Acuerdos(en esta materia matriz en sus 100 primeros
días ha tratado de “quedar bien con todo el mundo”[1]
acentuando, de acuerdo con las circunstancias, una u otra opción), de todas maneras, la realidad ha sido que desde la posesión de Duque el 7
de agosto del 2018 los factores de
violencia, que habían disminuido desde la firma de los Acuerdos (un solo dato,
según CERAC el conflicto armado cayó a sus niveles mínimos en 52 años en número
de víctimas, combatientes muertos y heridos
y acciones violentas), empezaron
a cambiar en varias regiones del país: el proceso de pacificación recibió sus
duros golpes con el progresivo incremento de las disidencias y deserciones que,
en pocos meses, pasaron de 400 a 1.500; la negociación con el Eln, grupo con el
cual se habían abierto espacios de
diálogo, empezó a desdibujarse; tampoco se volvió a saber nada del sometimiento a la Justicia del temido y
terrible Clan del Golfo; con Venezuela
aunque, por cierto, las cosas no andaban bien, sin embargo, el gobierno
anterior había tomado distancia del de Maduro pero ahora, aún en los medios
oficiales se habla con toda tranquilidad
de posibilidades de una salida militar a la crisis; en relación con el
narcotráfico, dado el rotundo fracaso de
la política antidrogas, se estaba buscando un nuevo camino, pero ahora se ha retornado la vía represiva; y ahora, para no sobreabundar,
el frente social no es menos explosivo,
pues se han venido desencadenando numerosas protestas manejadas más en un
contexto de confrontación que de concertación. A todo
esto agréguense los frustrados intentos por crear en la JEP un Tribunal Especial para juzgar a los militares, así
como los intentos de la senadora Paloma Valencia quien, previendo la
posibilidad de que en algún futuro se
llegue al nudo central de los Acuerdos, se le anticipó proponiendo un proyecto de ley que dejaría jurídicamente armados a los terratenientes:
entonces, no serían éstos los que tendrían que probar la propiedad de sus
latifundios , sino que serían los pequeños propietarios quienes tendrían que
justificar en lo jurídico la propiedad de sus
insuficientes parcelas.
Entonces, poco
a poco la re-guerra o posible reactivación de la guerra interna se nos está
viniendo encima. Por eso, el ex-presidente Santos, nos guste o nos
disguste, pasará a la historia de
Colombia como el único presidente que,
entre los 13 que ha habido en el período 1958-2018, fue capaz de concertar un
Acuerdo de Pacificación tras cinco
décadas del más perverso y disfuncional
conflicto interno armado. Pero, por desgracia ahora son múltiples las
indicaciones empíricas que nos muestran
cómo la malhadada guerra interna durante los primeros 100 días del nuevo
gobierno ha vuelto a abrir preocupantes
huecos en las fronteras territoriales,
mentales y simbólicas de los colombianos
siendo por esto por lo que, desde sus corazones, unos 12 millones de
colombianos militantes de las causas de la pacificación y de la construcción de
paz, le están advirtiendo al Presidente Duque: “su bancada y quienes ponen a diario cargas de profundidad contra la
implementación del proceso de paz, están en lo suyo. Pero quien cargará el peso
de la historia será su Gobierno, y en cabeza de él”, USTED PRESIDENTE DUQUE.
Pero ha
llegado “EL GRAN PERO”: según el
Observatorio Democracia de la Universidad de Los Andes y según la Encuesta
Gallup, en el 2016 la mayoría de los ciudadanos urbanos de Colombia opinaron
que estaban de acuerdo con una negociación política del conflicto armado
pero rechazaban el Acuerdo firmado con las Farc. ¡!! Enorme
paradoja y más enorme contradicción ésta!!!
Sí a la negociación política de la guerra interna pero no a la realizada
con los farquianos. Para empezar a despejar esta paradoja destaquemos, de entrada, que las razones por las que ciudadanos
urbanos, que sólo han visto la guerra interna por televisión, rechazan los
Acuerdos pactados es porque, a través de estrategias muy auto-sostenidas
aplicadas por los Medios y por el Centro Democrático liderado por el
carismático y mediático Uribe Vélez , los han
convencido de que los guerrilleros no son más que unos malhadados
perversos que quieren reducir a Colombia a la condición de una Sociedad Impune,
de una Sociedad sin castigo. Claro que por otras razones, ligadas a la relación
entre cultura y ordenamiento jurídico, Colombia sí es y ha sido una sociedad
impune como lo tendrá que ser un
país donde sólo uno de cada 10 homicidios es judicializado y juzgado. Pero, eso
nunca se lo aclaran al país. Ahora por
estos días cuando el Presidente Duque se fue a París a un Encuentro de Paz, no
se fue a decirle al mundo entero que
tuviese “el ojo puesto” en Colombia porque aquí no se iban a cumplir los
Acuerdos, sobre todo, los ligados a “la
reforma rural”, sino que se fue a proclamarle que aquí se podía desatar la impunidad cuando
precisamente hasta ahora han sido los propios Organismos Internacionales los
que más han destacado la JEP por su equilibrio entre Justicia y Paz.
Como para concluir destacando, que la razón
más importante de la oposición a la aplicación de los Acuerdos no se encuentra
ligada a una defensa cerrada pero cínica de la LEGALIDAD amenazada por una presumible IMPUNIDAD sino, sobre todo y ante todo, a la defensa de
un sector de terratenientes improductivos que ven como una gran amenaza la
realización de una reforma rural integral que, sin ser la clásica reforma
agraria, si podría afectar muchos de sus
intereses. Humberto Vélez r, Los Atisbos.
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Introducción
En el Atisbos Analíticos No
281 del mes de octubre, escribimos la PRIMERA PARTE de este Ensayo, “DUQUE Y EL TRUMPISMO”; en el Atisbos 283 de
diciembre-enero aparecerá la TERCERA
PARTE titulada “DUQUE Y EL
CORPORATIVISMO”; y ahora, en
noviembre, en este Atisbos 282, con el título,
“Se están acabando los tiempos de una
pacificación DEJADA en el vacío…la guerra interna vuelve a asomar sus siempre REPUGNANTES narices” ,
presentamos la SEGUNDA PARTE, “DUQUE Y EL GUERRERISMO”.
1.
¿Qué es esa cosa
llamada paz territorial?
La aplicación, fiel en su espíritu pero imaginativa y
creadora, de los Acuerdos de la Habana
no es nada más que el empeño orgánico
por jalonar la construcción de la Paz territorial, programa-conjunto de
proyectos socioeconómico-político culturales que, aplicados, se constituirían
en el primer esfuerzo macro y estructural realizado en la historia del
país por impactar al conjunto de la
nación colombiana desde las realidades rurales.
Se trata de un trascendental
asunto sobre el que casi nadie ha vuelto hablar
desde que la extrema derecha, con sus
diversas expresiones en amigable pugna controlada por Uribe, acordó que el Presidente Duque, una vez posesionado,
fuese borrando de su discurso palabras como “Posconflicto y Víctimas y Acuerdos para la Construcción de Paz
Territorial”; ha sido por esto por lo que, como contrapartida discursiva y
práctica, en el vocabulario oficial y en los Medios cercanos a él, en estos
primeros 100 días del gobierno de Duque, se ha agigantado la apelación
dislocada a la re-publicación de situaciones
y noticias, ciertas y bárbaras, por cierto, pero que fueron cometidas años
atrás por un victimario, las Farc, que hasta la firma de los Acuerdos siempre
proclamó que era una organización subversiva que se movía por fuera y en contra
de los ordenamientos institucionales
normales de la vida social. Entonces, como para contrastar ahora las conductas
de otros dos victimarios que, diciéndose institucionales y respetuosos de la
institucionalidad, también cometieron atrocidades similares a las de los
guerrilleros, vale decir, 1.un sector de las Fuerzas Armadas; y 2. un grupo
importante de empresarios civiles que impulsaron y financiaron las acciones
paramilitares.
Para efectos de la reflexión y
el debate, los más abajo presentados podrían ser los componentes concretos de una estrategia robusta y coherente de
construcción de la llamada “Paz
Territorial”, que se lograría, de modo progresivo, mediante la aplicación
efectiva de los Acuerdos de la Habana firmados el 12 de noviembre de 2016 entre
el Gobierno de Santos y las Farc en el
Teatro Colón de Bogotá, texto que, radicado ese mismo día en el Congreso, fue
aprobado entre el 29 y el 30 de noviembre, posibilitándose así el comienzo de la desmovilización de los insurgentes, así
como de la entrega de armas a la ONU en
un lapso de 180 días, transcurridos los cuales se inició entonces su proceso de REINCORPORACIÓN a la vida civil, proceso que, en nuestra
opinión, se agotó apenas acunándose,
tanto por desinterés del gobierno de Santos
como por conveniencia gubernamental de
Duque y de su partido.. Según una buena parte de analistas, esos Acuerdos se
han incumplido en un 82%, sobre todo,
por parte del Estado:
“La Paz
territorial ha sido presentada como la clave del postconflicto” (Subrayado
nuestro). “Sin embargo, para concretarla hay que asegurar la participación
ciudadana. ¿Será ello posible en un país como Colombia?”, anticipó desde enero
del 2016 la Fundación Ideas para la Paz, FIP; “La aplicación de los Acuerdos de
la Habana sobre tierras sigue en el limbo” señaló la Revista Semana el 26 de
abril de 2018; “El gobierno incumple la
implementación del Acuerdo de Paz” se afirmó en Las2orillas el 11 de febrero
del 2017; “Sólo se ha cumplido el 18.5% del Acuerdo de Paz con las Farc”, cuantificó
El Espectador el 12 de febrero del 2018; Y en Report No 67/Latin America &
Caribean , el 21 de junio del 2018, o
sea ya elegido Duque, bajo el título, “Reformas Arriesgadas: El Enfoque del
Gobierno de Duque hacia la paz en Colombia”,
se presentó el siguiente INFORME
EJECUTIVO, “El presidente electo de Colombia Iván Duque
viene de un partido político, el Centro Democrático, que lideró una feroz
campaña contra el acuerdo de paz con la guerrilla Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), logrado con mucha dificultad en el 2016. Duque
y su partido prometen ‘modificar’ el acuerdo. No queda claro exactamente cómo
piensan hacerlo, dado que algunos aspectos del acuerdo están consagrados en la
legislación o gozan de considerable apoyo, en particular en las zonas rurales
duramente golpeadas por medio siglo de conflicto. El acuerdo con las FARC puede
no ser perfecto, pero ha puesto fin a las décadas de lucha de Colombia contra
su principal movimiento guerrillero y ofrece el mejor camino hacia la paz en
las áreas rurales. Si el gobierno obstruye la puesta en marcha del acuerdo o
priva de fondos a los organismos responsables, podría desencadenar nuevos
brotes de violencia, perjudicar la extensión de la autoridad del Estado y la
actividad económica legal a las periferias durante mucho tiempo descuidadas,
fomentar el crecimiento de grupos armados ilegales y, con el tiempo, impedir la
reducción sostenible de la producción de drogas”.[2]
Ha
sido por estas razones por las que a esta SEGUNDA PARTE de nuestro Ensayo sobre el nuevo gobierno, Duque
y el Guerrerismo, la hemos titulado “Se están acabando los tiempos
de una pacificación DEJADA en el vacío…la guerra interna vuelve a asomar sus
siempre REPUGNANTES narices”.
Como componentes centrales de
una estrategia de Construcción de Paz Territorial se pueden considerar: [3]
1.
Precisándolo
con Mayúscula, el componente central de
la Estrategia de Construcción de Paz Territorial se encuentra asociado a la
realización de una reforma rural integral que, en su dimensión agraria, contemple los siguientes puntos:
1.1.1. La
creación de un Fondo de Tierras que, entre sus variadas fuentes, contemple la
de la incorporación a él de la porción de los latifundios que no se encuentren
adecuadamente explotados;
1.1.2. La formalización de la propiedad de la tierra
en todas sus modalidades;
1.1.3. La creación del Catastro Rural que
permita precisar que, en última y definitiva instancia, la propiedad de la
tierra se perfecciona con su inscripción
en esa entidad gubernamental.
1.1.4. La
entrega de tierra a la masa de pequeños productores que no tienen tierra o que la poseen de modo insuficiente de tal manera que, por lo menos, unos 9 o 10 millones de
campesinos, distribuidos en unos 2.5 millones de hogares, puedan llegar a ser los sujetos proactivos de las nuevas Economías Campesinas; y
1.1.5.
La puesta en acción, con objetivos a corto, mediano y largo plazo, de
un Programa de Estado enhebrado alrededor de las nuevas Economías Campesinas orientado a lograr la meta de la Soberanía
Alimentaria haciéndole cumplir un papel central a la Planeación Indicativa
así como a Estrategias de Mercadeo que abrevien y racionalicen los pasos entre
los productores rurales y los
consumidores urbanos; entonces, que a partir de una situación en la que estos
campesinos están produciendo apenas-
increíble en un país con vocación agrícola como Colombia- el 40% del componente
alimentario de la canasta familiar y en la que el otro 60% se está importando,
se avance a otra en la que el noventa o el
ciento por ciento lo produzcan los campesinos colombianos.
1.2. Pero, para
el logro de estos cinco cruciales objetivos específicos se requiere de un paquete de medios
orgánicos muy substantivos orientados a:
A. La aplicación, transparente e imaginativa, de LA JEP como forma de Justicia, temporal y
transicional sólo aplicable a los
actores directos del conflicto interno armado;
B. La inscripción de la Paz territorial en un nuevo modelo de Ordenamiento Territorial del País
inspirado en la Constitución de 1991, que señala a las “Regiones y
Provincias” como las unidades territoriales centrales;
C. La creación de Empresas Asociativas y
Autogestionarias que les presten a
las Economías Campesinas el servicio colectivo de tecnologías que, costosas, individualmente no alcanzan a financiar;
D. La
creación del ICRVR, del Instituto
Colombiano para la Construcción y
Reconstrucción de la Vivienda Rural;
E. La Ruralización de las Políticas
Públicas del Estado (políticas de educación, salud, deporte, recreación y
turismo especialmente definidas para “trabajar y vivir en el campo”. Y
F. Entonces, ahora sí, sobre una base así, que venga, pero bien realizado, lo que el
Estado sólo ha hecho a medias en los municipios: muchas obras de arquitectura y de distritos de
riego, numerosos y muy buenos caminos
vecinales y carreteras terciarias, que no haya vereda, de las más de ochenta mil existentes en Colombia, sin una Escuela y un Puesto de Salud y un
Campo deportivo y que se generalice el Crédito y la Asistencia técnica.
Pero, desde la posesión del Presidente Duque, ¿quién o quienes han vuelto
a hablar de PAZ TERRITORIAL?
2.
QUE sobre La paz territorial nos DIJO EL PRESIDENTE DUQUE UNA VEZ POSESIONADO.
En la misma semana en que se
posesionó, el Presidente Duque fue
objeto de una larga entrevista[4] en la
que sólo en dos oportunidades utilizó la palabra “Acuerdos”: primera, “no se
trata de hacer trizas los acuerdos,
sino de respetar los procesos de
desmovilización, desarme y reinserción,
corrigiendo aquellas cosas que no están saliendo bien”; y segunda: “Sobre eso,
creo que la conversación con los
partidos debe buscar un acuerdo nacional
alrededor de cuatro puntos: que el narcotráfico no sea un delito conexo al
delito político y, por ende, amnistiable; que la erradicación y sustitución,
por principio, sean obligatorias; que si llega a haber armas y dinero
escondidos, por parte de un grupo desmovilizado, haya sanciones contundentes; y
que si a alguien que ejerce como
congresista se le ratifica una
sentencia por crímenes de lesa humanidad,
no pueda seguir en su curul. Sobre la JEP, sólo una vez se refirió a ella dedicándole cinco líneas, “Hasta hace unos meses, dijo, teníamos un país donde unas personas creían en
la JEP y otras querían derogarla. Hoy todos reconocemos que la JEP debe existir
como vehículo transicional. Reconociendo su existencia podemos corregir
aquellas cosas que son necesarias para
asegurar verdad, justicia, reparación y no repetición”; por su parte, la
palabra “Paz Territorial”
desapareció de su lenguaje y mucho menos hizo mención de lo que en este
Atisbos hemos considerado como lo
esencial de los Acuerdos, es decir, los cinco objetivo específicos
asociados a la dimensión de reforma
rural integral.
Aunque se debe
señalar que hasta ahora por iniciativa presidencial no ha presentado ningún
proyecto en contra de los Acuerdos(en esta materia matriz en sus 100 primeros
días ha tratado de “quedar bien con todo el mundo”[5]
acentuando, de acuerdo con las circunstancias, una u otra opción), de todas maneras, la realidad ha sido que
desde la posesión de Duque los factores
de violencia, que habían disminuido desde la firma de los Acuerdos (los
homicidios en unos cuatro mil, los secuestros en un 70%, las minas
antipersonales reducidas a casi cero …etc), empezaron a cambiar en varias
regiones del país[6]:
el proceso de pacificación recibió sus duros golpes con el progresivo
incremento de las disidencias y deserciones, que se fueron incrementado hasta
llegar a 1.500; la negociación con el Eln, grupo con el cual se habían abierto espacios de diálogo, empezó
a desdibujarse; tampoco se volvió a saber nada
del sometimiento a la Justicia del temido y terrible Clan del Golfo; con Venezuela aunque, por
cierto, las cosas no andaban bien, sin embargo, el gobierno anterior había
tomado distancia del de Maduro pero ahora, aún en los medios oficiales se habla
con toda tranquilidad de posibilidades
de una salida militar a la crisis; en relación con el narcotráfico, dado el
rotundo fracaso de la política
antidrogas, se estaba buscando un nuevo camino, pero ahora se ha retornado a la vía represiva; y en la
actualidad, el frente social no es menos
explosivo, pues se han venido desencadenando numerosas protestas en un contexto
no de concentración sino de confrontación.
A todo esto agréguense los frustrados
intentos por crear en la JEP un Tribunal
Especial para juzgar a los militares, así como los intentos de la
senadora Paloma Valencia que, previendo la posibilidad de que se llegue al nudo
central de los Acuerdos, se anticipó proponiendo un proyecto de ley para dejar jurídicamente
armados a los terratenientes: entonces, no serían éstos los que tendrían que probar
la propiedad de sus latifundios , sino que serían los pequeños propietarios los
que tendrían que justificar jurídicamente la propiedad de sus insuficientes
parcelas.
Como podrá observarse Duque, ya
posesionado, ha mantenido una posición moderada sobre los Acuerdos, pero en esa
larga entrevista ni mencionó siquiera la palabra “paz territorial” y, mucho
menos, se refirió a lo más substancial de ella que, como ya vimos, se encuentra
asociado a los latifundios improductivos como una de las fuentes del pactado
Fondo de Tierras, así como a la
formalización de los títulos de propiedad rural
y a la creación del Catastro Rural siendo
en estos temas y que no en un cínica e
hipócrita defensa de la impunidad, donde se encuentra el motivo central más
importante, y casi nunca explicitado, de
la oposición de Uribe y del Centro Democrático a la aplicación de los Acuerdos
de La Habana.
3.
La
re-guerra de nuevo se nos está viniendo
encima
En estos años entre los hechos históricos - y por ellos conceptuamos
aquellos sucesos capaces de impactar, de modo funcional o disfuncional, en lo cualitativo la vida social real o mental
de un país- consideramos la firma de los Acuerdos de la Habana, que permitieron
el inicio de la pacificación del país
tras cinco décadas de conflicto interno armado, que dejaron ocho
millones de víctimas y, de distinta manera, a casi todos los colombianos con alguna dosis de afectación mental
por razones de odio y de venganzas exacerbadas. Por eso el ex presidente
Santos, nos guste o nos disguste, pasará a la historia de Colombia como él
único presidente que, entre los 13 que
habido en el período 1962-2018, en más de medio siglo fue capaz de concertar un pacto de
pacificación mediante la firma de un paquete de Acuerdos refrendados por el Congreso así como por la
Corte Constitucional, es decir, por el conjunto de las ramas del Estado. Por lo tanto, consideramos que todos los que
se opongan, no a su perfeccionamiento sino a su aplicación, sea la que sea la
forma de oposición (1. o haciéndolos “trizas”; 2. o impulsando medidas orientadas a afectar su
“esencia y substancia”; 3. o negándoles
“el necesario financiamiento”; 4. o “silenciándolos de mala fe” en procura de
que se vayan desvaneciendo de la mentes de la ciudadanía; y 5. o “alentando y
animando” la reactivación de una guerra
interna que, con seguridad, en su
segunda generación y en materia de soldados y guerrilleros y ciudadanos
asesinados, así como de destrucción de la infraestructura del país y de impacto
sobre la ciudadanía urbana y de afectación mental del conjunto de la
ciudadanía, sería más intensa y perversa y disfuncional que en cualquiera de
los 50 años de su primera generación.
En los últimos dos años-noviembre
de 2016-noviembre 2018, o sea, durante 21 meses del gobierno de Santos y CIEN
DÍAS DEL DE DUQUE- múltiples y reiteradas han sido las indicaciones empíricas
que nos evidencian que la perversa guerra interna de 50 años entre colombianos ha vuelto a abrir preocupantes huecos en las fronteras territoriales, mentales y
simbólicas de los colombianos. Ha sido por eso por lo que muchos colombianos,
por diferentes vías, se ha dirigido al Presidente Duque para decirle cosas como
ésta,
“Señor presidente Iván Duque, la realidad de la
guerra colombiana está profusamente documentada; ya es imposible ocultarla. No
pase usted a la historia, a nivel nacional e internacional, como quien dio
sepultura al proceso de paz que más esperanzas ha despertado en medio siglo en
el país. Su bancada, y quienes ponen a
diario cargas de profundidad contra la implementación del proceso de paz, están
en lo suyo. Pero quien cargará el peso de la historia será su gobierno, y en
cabeza de él, USTED”.[7]
(Subrayado nuestro).
Agreguemos que, entre muchas cosas,
en y desde y por el gobierno de Duque, en estos sus primeros CIEN DÍAS, han tratado de desmantelar
“El Centro de Memoria Histórica[8]”, (importante y permanente recuerdo
académico-práctico indispensable para reflexionar el presente desde el pasado);
de instrumentalizar “La Comisión de la Verdad”[9],
(ocultando lo que realmente acaeció en procurar de legitimar cambios importantes en los Acuerdos de la Habana; de recortar los
alcances de “”La Justicia Especial
para la Paz”, (pero, sin esta forma de Justicia temporal y
transicional, como lo atestigua la experiencia internacional, ni 10 gobiernos
de Uribe juntos podrían encuadrar a esta sociedad bajo patrones de institucionalidad) ; también durante su
todavía cortísimo gobierno, han buscado voltearle su genuino sentido a “La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras”,
ley 1448 de 2011, (pero, con los cambios propuestos por la muy feudalista y anti-indigenista Paloma
valencia[10]
entre 9 y 10 millones de empobrecidos
campesinos y arrendatarios quedarían en condiciones de total impotencia para
reorganizarse como una nueva Economía Campesina orientada a buscar la meta de
la seguridad alimentaria del país.
Son muchos, por otra parte, los indicadores que, con un empírico muy
robusto, evidencian que Colombia marcha hacia la reactivación del conflicto
interno armado. En torno a esta reactivación, no necesitaremos abundar, pues sobre
ella en los últimos meses se han publicado muchos escritos, pero sí importa
resaltar que entre el 2016 y el 2018, por ejemplo, se incrementaron los grupos tanto de disidentes
farquianos por razones ideológicas como
de desertores por motivos asociados a una pésima o mala Reincorporación. En el
2016 los disidentes ideológicos, sobre todo, se movían entre el Guaviare y el sur del Meta en unos
40 municipios con un total de 400 combatientes; pero para marzo del 2018, según
el Ministerio de Defensa, ya estaban en acción 18 grupos, a más de algunos en
Ecuador, con un total de 1.200 combatientes entre disidentes y desertores.[11] Recordar, por otra parte,
que el 10 de septiembre del 2018 la
Justicia para la Paz les dio un plazo hasta el 23 de octubre
a 31 excombatientes para que en un documento escrito y firmado por cada
uno de ellos informaran en qué iban los compromisos con los procesos de
Reincorporación a la vida civil, sobre todo en relación con la investigación
del caso 001 por secuestro[12]; entre los 31 estaba Iván Márquez, que había dejado
tirada su curul en el Congreso, pero que, a última hora, cumplió con el Informe,
así como “el Paisa”, quien también había dejado abandonado el único proyecto
productivo financiado por el Estado,
pero que no cumplió con la exigencia de la JEP.
El cumplimiento, a última hora, por parte de Márquez expresa que continuaba
adhiriendo a los Acuerdos no obstante
sus reiteradas críticas al Estado por sus incumplimientos. Y en efecto, más temprano que tarde, Iván
Márquez y El Paisa le enviaron una Carta
a La Comisión de Paz del Senado en la que dicen que “les hicieron conejo”; que El Acuerdo de Paz había sido destrozado
por “unos depredadores sin alma”; y que
“tres actos de insensatez habían llevado el Acuerdo de Paz al abismo:
1. la inseguridad jurídica; 2. las modificaciones del texto original de lo
pactado; y 3. el incumplimiento de
aspectos esenciales del Acuerdo”. (Subrayado nuestro). Precisaron,
por otra parte, que en materia de reforma política, de aprobación de Las Circunscripciones
Territoriales Especiales y de Titulación
de Tierras, había habido casi total incumplimiento, rematando así su Carta,
"Señores y señoras congresistas: nuestra principal
preocupación es cómo sacar la paz de Colombia del abismo de los acuerdos
fallidos al que fue arrojado con desprecio, y nos gustaría conocer al respecto
sus valiosas apreciaciones. Vale la pena intentar lo imposible, porque de lo
posible se ocupan los demás todos los días", escribieron los dos exjefes de la Farc”.[13]
La F.A.R. del Común rechazó la Carta
de sus dos todavía presumibles colegas, alegando que los Acuerdos no se limitaban a lo pactado
en la Habana, pues eran parte del
“conjunto de expresiones de la
confrontación política y social” que vivía el país.[14]
Pero, en nuestra opinión
aunque El Paisa puede estar marchando en dirección a la disidencia, sin
embargo, Márquez, por haber cumplido con el informe solicitado por la JEP y por
el contenido de la nota enviada al Senado, parece no moverse en esa dirección.
Esto no obstante, la posición que finalmente asuma, tendrá un significativo
impacto a futuro, pues si rompe con los Acuerdos y con su partido, podrá ser mucha la gente que
arrastre hacia su causa. De todas maneras, su Carta y sus conductas recogen el
sentimiento generalizado en torno al ya casi fracaso en la aplicación de los
Acuerdos. En primer lugar, ha fallado la seguridad física: ha llegado a 80 el
número de exguerrilleros y familiares exguerrilleros asesinados y el incumplimiento por parte del Estado en la adecuación
progresiva de las Zonas de Reincorporación ha alcanzado un 82% y en las zonas
donde se ha hecho algo, en construcción de vivienda, por ejemplo, ha estado más
presente la Cooperación Internacional europea que el propio Estado y nadie sabe
qué se ha hecho el dinero llegado para la paz por esta última vía y menos se sabe quién en
el Gobierno de Duque es el responsable de dirigir los procesos y dinámicas
post-conflicto. Todo esto, y mucho más, lo ha recogido Iván Márquez, que en
este momento es el centro de gravedad[15]
de los excombatientes desengañados, así como de muchos personajes claves de la
exinsurgencia. De todas maneras, hasta este momento, 11 de noviembre del 2018, Márquez
no ha precisado hacía dónde busca marchar, pues nada ha dicho sobre su futuro y
su compromiso con la Justicia Especial fue casi a “regañadientes” y a última
hora, amén de que tampoco se ha referido a la innegable división interna en su
partido, pero que cada vez recoge con mayor firmeza el descontento y la
frustración, es algo cada día más evidente. Finalmente, digamos que todos los
días se amplía más el marco de distanciamiento para una negociación entre el
ELN y el Gobierno de Duque, lo que, sin
duda, jugará a favor de la causa de los disidentes y de una posible reactivación del conflicto
interno armado. Aunque no sea el único factor explicativo, en ese
agrietamiento con seguridad ha jugado un papel importante la condición de
los elenos como observadores de lo que ha sucedido con los exfarquianos.
4.
Las razones veladas
y calladas de la dirigencia que se opone a la aplicación de los acuerdos de la habana.
Si nos fuéramos a
la calle a charlar con ese amplio sector
de ciudadanos que proclama que se opone a la aplicación de los Acuerdos, con
seguridad que un muy elevado porcentaje
nos dirían que esos Acuerdos eran “desproporcionados
e injustos e impunes”, pues mientras premiaban a bárbaros exguerrilleros, asumían
como iguales a unos muy dignos militares, permanentes defensores de la ciudadanía castigando, además, a un
grupo de propietarios de tierras, que no
habían hecho otra cosa que defenderse contra vacunas guerrilleras, que un impotente Estado
había sido incapaz de impedir; agregarían, además, que “dichosamente teníamos a un Uribe Vélez, el único político,
atractivo y carismático y coherente, que siempre se había opuesto a la vigencia
de una sociedad impune”. Entonces, en el
imaginario colectivo el rechazo al reinado
de la impunidad sería una de las más más poderosas razones para oponerse a la
aplicación de los Acuerdos; sería esa la opinión dominante sobre un problema
rural de una ciudadanía urbana, que sólo ha visto la guerra interna por televisión y que sobre ella sólo sabe lo que
les han informado los Medios de difusión así como ciertos partidos y políticos
especialmente interesados en universalizar y fijar en las mentes ciudadanas su
propia visión del conflicto interno armado. Como para decir, que la visión
dominante que sobre el conflicto interno armado han poseído las ciudadanías
urbanas en Colombia, ha sido la visión que sobre él, por diversas razones, han
manejado y difundido y sobre impuesto
grupos interesados dotados de enorme poder. Y una de las visiones que
han buscado fijar y universalizar es la de que la aplicación de los Acuerdos de
la Habana le abriría las puertas en Colombia a una sociedad impune, a una
“Sociedad sin Castigo”. Entonces, nada de exguerrilleros haciendo política sin
que, de modo previo, hayan sido judicializados pagando las sanciones
carcelarias merecidas por todos sus crímenes.
Pero, por lado y
lado, nada más arbitrario y falaz. Por una parte, la Justicia Especial para la
Paz no es una apertura a una Sociedad impune y sin castigo, sino otra Forma de
Justicia, temporal y transicional, para evitar otro medio siglo de la barbarie
ya conocida y vivida, sobre todo, por el campesinado colombiano; pero, por otra
parte, con conflicto o sin conflicto armado, una Sociedad impune y sin conflicto
es la que casi siempre ha vivido la sociedad colombiana.[16] Ahora en el 2018, 9 de cada 10 homicidios
se quedan en la impunidad. ¿Por qué será que esto lo callan los opositores a
los Acuerdos de la Habana?.
Pero, en el caso
colombiano, para esta época de la segunda década del siglo XXI se alcanza a
observar otra enorme paradoja: mientras una mayoría de la gente opinó que deseaba una negociación
política del cincuentenario conflicto armado, casi, al mismo tiempo, rechazaba
la negociación realizada con las Farc. Hacia inicios de julio del 2017, de acuerdo con el “Observatorio de
la Democracia” de la Universidad de los Andes, el 67.4% de los colombianos- o
sea casi siete de cada diez- apoyaba una
negociación política del conflicto interno armado, pero sólo 4 de cada 10
apoyaba una negociación como la realizada con las Farc[17];
por esos mismos días La Encuesta Gallup, aplicada entre el 15 y el 24 de junio
a 1.200 personas , destacó que cinco y
media de cada 10 personas opinaba que la implementación de los Acuerdos iba por
muy mal camino. O sea, que hacia esos meses una mayoría de ciudadanos estaba de
acuerdo con que el conflicto interno armado tuviese una salida políticamente
negociada, pero no la negociación realizada con las Farc . ¡!! Sí a la negociación política de la guerra interna
pero no a la negociación política realizada con los farquianos!!! De nuevo
aquí, la ciudadanía, sobre todo urbana, vio en los miembros de las Farc a
personas que encarnaban la idea de una sociedad impune y sin castigo, pues así
se lo fijó la mayoría de los Medios.
Dadas las anteriores
paradojas y contradicciones, se torna claro que para los opositores a la
aplicación de los Acuerdos de la Habana el motivo de sus conductas no se
encuentra asociado a una loada y elevada preocupación por evitar la irrupción
de una sociedad impune que, por otras razones, ya ha estado vigente, sino a
intereses más materiales y tangibles ligados, en su componente central como
punto de partida.
DUQUE.
Pero ha llegado “EL GRAN PERO”: según el Observatorio
Democracia de la Universidad de Los Andes y según la Encuesta Gallup en el 2016
la mayoría de los ciudadanos urbanos de Colombia opinaron que estaban de
acuerdo con una negociación política del conflicto armado pero que rechazaban el
Acuerdo pactado con las Farc. ¡!! Enorme paradoja y más enorme contradicción
ésta!!! Sí a la negociación política de
la guerra interna pero no a la realizada con los farquianos. Para empezar a
despejar esta paradoja destaquemos, de
entrada, que las razones por las que
ciudadanos urbanos, que sólo han visto la guerra interna por televisión,
rechazan los Acuerdos pactados es porque, a través de estrategias muy
autosostenidas aplicadas por los Medios y por el Centro Democrático, los han convencido de que los guerrilleros no son más
que unos malhadados perversos que quieren reducir a Colombia a la condición de
una Sociedad Impune, de una Sociedad sin castigo. Claro que por otras razones,
ligadas a la relación entre cultura y ordenamiento jurídico, Colombia sí es una
sociedad impune como lo tendrá que ser un país donde sólo uno
de cada 10 homicidios es judicializado y juzgado. Pero, eso nunca se lo aclaran al país. Ahora por estos días cuando el
Presidente Duque se fue a París a un Encuentro de Paz, no se fue a decirle al
mundo entero que tuviese “el ojo puesto”
en Colombia porque aquí no se iban a cumplir los Acuerdos, sobre todo, los ligados a “la reforma rural integral”, sino que se
fue a proclamarle que aquí se podía
desatar la impunidad cuando precisamente hasta ahora han sido los propios
Organismos Internacionales los que más han destacado la JEP por su equilibrio
entre Justicia y Paz.
Como para concluir destacando, que la razón
más importante de la oposición a la aplicación de los Acuerdos no se encuentra
ligada a una defensa cerrada de la LEGALIDAD
amenazada por una presumible IMPUNIDAD
sino, sobre todo y ante todo, a la defensa de un sector de
terratenientes improductivos que ven como una gran amenaza la realización de
una reforma rural integral que, sin ser la clásica reforma agraria, si podría
afectar muchos de sus intereses.
[1]
.Revista Semana, “CONOCIENDO A DUQUE”, 11 AL 18 de noviembre del 2018, Edición
1906, pgs.22 y 23.
[2] . www.ideaspaz.org, 10-20-2017; www.semana.com/,
04-26-2018; www.las2orillas.com, 02-11-20i8; www.elespectador.com/
12-02-2018; Report No 67/Latin America
& Caribean, www.crisis.group.org/
16-21-2018.
[3] .
Vélez Ramírez, Humberto , “¿Qué puede significar ese asunto llamado
Construcción de Paz Territorial’”, Atisbos Analíticos No 239, marzo 2016.
[5]
.Revista Semana, “CONOCIENDO A DUQUE”, 11 AL 18 de noviembre del 2018, Edición
1906, pgs.22 y 23.
[7] .González
Uribe, Guillermo, “El TESTIGO”:
Presidente Duque , la guerra es imposible de ocultar”, www.elespectador.com/
, 27-10-2018.
[8]
.López, David Alejandro, “¿Acabará Duque con la Memoria Histórica?”, www.olapolitica.com/
12-10-2018.
[9] .
“Con propuestas de cambio llegó Duque a la Comisión de la Verdad”, www.confidenciales.semana.com/,
18-07-2018.
[10]
. “Cinco razones que dejaron sin alas la reforma de Paloma Valencia”, www.semana.com/,
27-09-2018.
[11] .
“La realidad de las disidencias de las Farc”, www.colombia2020.elespectador,
06-10-2018; “Disidencias de las Farc: Problema en crecimiento”, www.verddabierta.com/
, 07-18-2018.
[12] .
“JEP se ratifica en solicitar Informes a
la Cúpula de las Farc”, www.colombia2020.elespectador.com/
., 08-10-2018
[13] .
“En Carta al Senado, Márquez dice que el
Acuerdo de Paz fue ‘traicionado’”, www.eltiempo.com, 01-10-2018.
[15] .
“No quisiéramos volver a la guerra: Iván Márquez”, www.elespectador.com/ ,
13-10-2018; Avila, Ariel y Valencia, León, “Grupos PosFarc y la posible
reactivación de la guerra”, 18-10-2018.
[16]
.”La mitad de los asesinatos cometidos en Colombia serían por encargo”, www.eltiempo.com/,
22-07-2015.
[17]
. Luna Mendoza, Mario, “Siete razones de
la indiferencia frente a la paz”, www.eltiempo.com,
02-07-218
