18 noviembre 2018

SEGUNDA PARTE: "DUQUE Y EL GUERRERISMO"


ATISBOS ANALÍTICOS  No  282,   armenia, noviembre de 2018, ensayo segunda parte: “Duque y el guerrerism0”.



Humberto Vélez Ramírez, Docente Investigador, profesor jubilado y  HONORARIO de la Universidad del Valle. Miembro Fundador de REDUNIPAZ. Consultor y Asesor de Programas de transformación Conflictos. humbertovelezr@gmail.com; fundacionecopais.blogspot.com/ Celular: 3005047762. Armenia (Quindío). Colombia, noviembre 2018.


Nota:  Ojalá mis colegas docentes  e investigadores puedan trabajar, de modo crítico,  en sus clases  Atisbos Analíticos como éste que alcanza unas 5.500 palabras; de todas maneras, para un público más amplio, lo hemos resumido alcanzando unas 1.500 palabras  que van a continuación. fundacionecopais.blogspot.com/

 El Atisbos Analíticos 282 de noviembre de 2018 apresado en  1.500 palabras.


En el No. 281 de los Atisbos se recogió la primera dimensión de  este Ensayo sobre el actual gobierno, “Duque y el Trumpismo”,  en éste, el 282, se presenta su segundo componente, “Duque y el Guerrerismo” dejando para diciembre-enero 2019 la publicación de la tercera nota, “Duque y el Corporativismo”.

La aplicación, fiel en su espíritu pero imaginativa y creadora,  de los Acuerdos de la Habana no es  nada más que el empeño orgánico por jalonar  la construcción  de la Paz Territorial, programa-conjunto de proyectos socioeconómico-político culturales que, aplicados, se constituirían en el primer esfuerzo macro y estructural realizado en la historia de Colombia  por jalonar al conjunto de la nación  desde las realidades rurales.
Pero, ya en  detalle, ¿qué entender por esa cosa llamada Paz Territorial, asunto este del que durante los 100 primeros días del Gobierno de Duque casi nadie ha vuelto a hablar?  La Paz Territorial  implica, como punto de partida y como soporte material central, la ejecución  de su  componente de Reforma Rural integral mediante el logro  de los siguientes cinco objetivos específicos:
  1. La creación de un Fondo de Tierras, entre otras fuentes, alimentado por los latifundios improductivos  o, mejor,  por la porción no adecuadamente explotada de los latifundios;
2. La revitalización de las  Economías Campesinas otorgando tierra a los 9 0 10 millones de pequeños campesinos y arrendatarios que no la tienen o que la poseen de modo insuficiente;
3. La formalización de la propiedad de la tierra;
4. La creación del Catastro Rural que permita precisar  que, en última y definitiva instancia, la propiedad de la tierra se perfecciona con su inscripción en esa entidad gubernamental; y
5. La puesta en acción, con metas de corto , mediano y largo plazo,  de un Programa de Estado enhebrado alrededor de las Economías Campesinas  orientado a lograr la meta de la Soberanía Alimentaria del país.
Pero, para el logro de estos cinco cruciales objetivos específicos  se requiere de un paquete de medios  orgánicos muy substantivos orientados a:
 A. La aplicación, transparente  e imaginativa, de LA JEP  como forma de Justicia, temporal y transicional sólo aplicable   a los actores directos del conflicto interno armado;
B. La inscripción de la Paz territorial  en un nuevo modelo de Ordenamiento Territorial del País  inspirado en la Constitución de 1991, que señala a las “Regiones y Provincias” como las unidades territoriales centrales;
 C. La creación de Empresas Asociativas y Autogestionarias  que les presten a las Economías Campesinas el servicio colectivo de tecnologías que, costosas, individualmente no alcanzan a financiar;
D. La creación del ICRVR, del Instituto Colombiano para la Construcción y  Reconstrucción de la Vivienda Rural;
 E. La Ruralización de las Políticas Públicas del Estado (políticas de educación, salud, deporte, recreación y turismo especialmente definidas  para “trabajar y vivir en el campo”. Y
F. Entonces, ahora sí, sobre una base así, que venga, pero bien realizado, lo que el  Estado sólo ha hecho a medias en los municipios: muchas  obras de arquitectura y de distritos de riego, numerosos y muy buenos  caminos vecinales y carreteras terciarias, que no haya vereda, de las más de  ochenta mil existentes en Colombia,  sin una Escuela y un Puesto de Salud y un Campo deportivo y que se generalice el Crédito y la Asistencia técnica.
Entonces, que  sobre la Paz Territorial   nos hable el Presidente Duque una vez posesionado  y durante esos primeros tres meses y 10 días de su Gobierno; en una de las más largas Entrevistas que le hicieron en la semana del 7 de agosto aunque, por cierto, dijo que “no haría trizas los acuerdos”, siendo ésta la posición más radical de su partido,  sólo en dos ocasiones más mencionó la palabra y a la JEP sólo le dedicó 5 líneas y la palabra “Paz Territorial” desapareció de su lenguaje   y,  mucho menos, se refirió a  lo que en este Atisbos hemos considerado como  lo esencial de los Acuerdos, es decir, a su dimensión de Reforma Rural Integral.
Aunque se debe señalar que hasta ahora por iniciativa presidencial no ha presentado ningún proyecto en contra de los Acuerdos(en esta materia matriz en sus 100 primeros días ha tratado de “quedar bien con todo el mundo”[1] acentuando, de acuerdo con las circunstancias, una u otra opción), de todas maneras, la realidad ha sido que desde la posesión de Duque el 7 de agosto del 2018   los factores de violencia, que habían disminuido desde la firma de los Acuerdos (un solo dato, según CERAC el conflicto armado cayó a sus niveles mínimos en 52 años en número de víctimas, combatientes muertos y heridos  y acciones violentas),  empezaron a cambiar en varias regiones del país: el proceso de pacificación recibió sus duros golpes con el progresivo incremento de las disidencias y deserciones que, en pocos meses, pasaron de 400 a 1.500; la negociación con el Eln, grupo con el cual  se habían abierto espacios de diálogo, empezó a desdibujarse; tampoco se volvió a saber nada  del sometimiento a la Justicia del temido y terrible  Clan del Golfo; con Venezuela aunque, por cierto, las cosas no andaban bien, sin embargo, el gobierno anterior había tomado distancia del de Maduro pero ahora, aún en los medios oficiales se habla con toda tranquilidad  de posibilidades de una salida militar a la crisis; en relación con el narcotráfico, dado el rotundo fracaso  de la política antidrogas, se estaba buscando un nuevo camino, pero ahora  se ha retornado  la vía represiva; y ahora, para no sobreabundar,  el frente social no es menos explosivo, pues se han venido desencadenando numerosas protestas manejadas más en un contexto de confrontación que de concertación.   A todo esto agréguense los frustrados intentos por crear en la JEP un Tribunal  Especial para juzgar a los militares, así como los intentos de la senadora Paloma Valencia quien, previendo la posibilidad de que en algún  futuro se llegue al nudo central de los Acuerdos, se le anticipó proponiendo  un proyecto de ley que dejaría  jurídicamente armados a los terratenientes: entonces, no serían éstos los que tendrían que probar la propiedad de sus latifundios , sino que serían los pequeños propietarios quienes tendrían que justificar en lo jurídico la propiedad de sus  insuficientes parcelas.
Entonces, poco a poco la re-guerra o posible reactivación de la guerra interna se nos está viniendo encima. Por eso, el ex-presidente Santos, nos guste o nos disguste,  pasará a la historia de Colombia  como el único presidente que, entre los 13 que ha habido en el período 1958-2018, fue capaz de concertar un Acuerdo de Pacificación  tras cinco décadas  del más perverso y disfuncional conflicto interno armado. Pero, por desgracia ahora son múltiples las indicaciones empíricas que  nos muestran cómo la malhadada guerra interna durante los primeros 100 días del nuevo gobierno  ha vuelto a abrir preocupantes huecos  en las fronteras territoriales, mentales y simbólicas de los colombianos  siendo por esto por lo que, desde sus corazones, unos 12 millones de colombianos militantes de las causas de la pacificación y de la construcción de paz, le están advirtiendo al Presidente Duque: “su bancada y quienes ponen a diario cargas de profundidad contra la implementación del proceso de paz, están en lo suyo. Pero quien cargará el peso de la historia será su Gobierno, y en cabeza de él”, USTED PRESIDENTE DUQUE.
Pero ha llegado “EL GRAN PERO”: según el Observatorio Democracia de la Universidad de Los Andes y según la Encuesta Gallup, en el 2016 la mayoría de los ciudadanos urbanos de Colombia opinaron que estaban de acuerdo con una negociación política del conflicto armado pero  rechazaban   el Acuerdo firmado con las Farc. ¡!! Enorme paradoja y más enorme contradicción ésta!!!  Sí a la negociación política de la guerra interna pero no a la realizada con los farquianos. Para empezar a despejar esta paradoja  destaquemos, de entrada,  que las razones por las que ciudadanos urbanos, que sólo han visto la guerra interna por televisión, rechazan los Acuerdos pactados es porque, a través de estrategias muy auto-sostenidas aplicadas por los Medios y por el Centro Democrático liderado por el carismático y mediático Uribe Vélez , los han  convencido de que los guerrilleros no son más que unos malhadados perversos que quieren reducir a Colombia a la condición de una Sociedad Impune, de una Sociedad sin castigo. Claro que por otras razones, ligadas a la relación entre cultura y ordenamiento jurídico, Colombia sí es y ha sido  una sociedad  impune  como lo tendrá que ser un país donde sólo uno de cada 10 homicidios es judicializado y juzgado. Pero, eso nunca se lo aclaran  al país. Ahora por estos días cuando el Presidente Duque se fue a París a un Encuentro de Paz, no se fue a decirle al mundo entero  que tuviese “el ojo puesto” en Colombia porque aquí no se iban a cumplir los Acuerdos, sobre todo, los ligados a “la reforma rural”, sino que se fue a proclamarle  que aquí se podía desatar la impunidad cuando precisamente hasta ahora han sido los propios Organismos Internacionales los que más han destacado la JEP por su equilibrio entre Justicia y Paz.
 Como para concluir destacando, que la razón más importante de la oposición a la aplicación de los Acuerdos no se encuentra ligada a una defensa cerrada pero cínica  de la LEGALIDAD  amenazada por una presumible IMPUNIDAD  sino, sobre todo y ante todo, a la defensa de un sector de terratenientes improductivos que ven como una gran amenaza la realización de una reforma rural integral que, sin ser la clásica reforma agraria, si podría afectar  muchos de sus intereses. Humberto Vélez r, Los Atisbos.


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Introducción
En el Atisbos Analíticos No 281 del mes de octubre, escribimos la PRIMERA PARTE de este Ensayo, “DUQUE Y  EL TRUMPISMO”; en el Atisbos 283 de diciembre-enero aparecerá  la TERCERA PARTE titulada DUQUE Y EL CORPORATIVISMO”; y  ahora, en noviembre, en este Atisbos 282, con el título,
Se están acabando los tiempos de una pacificación DEJADA en el vacío…la guerra interna vuelve a asomar sus siempre  REPUGNANTES  narices” ,
presentamos  la SEGUNDA PARTE, DUQUE Y EL GUERRERISMO”.


1.    ¿Qué es esa cosa llamada paz territorial?
La aplicación, fiel en su espíritu pero imaginativa y creadora,  de los Acuerdos de la Habana no es  nada más que el empeño orgánico por jalonar  la construcción  de la Paz territorial, programa-conjunto de proyectos socioeconómico-político culturales que, aplicados, se constituirían en el primer esfuerzo macro y estructural realizado en la historia del país  por impactar al conjunto de la nación colombiana desde las realidades rurales.
Se trata de un trascendental asunto sobre el que casi nadie ha vuelto hablar  desde que la extrema derecha, con sus  diversas  expresiones  en amigable pugna controlada por Uribe, acordó  que el Presidente Duque, una vez posesionado, fuese borrando de su discurso   palabras como “Posconflicto y Víctimas y Acuerdos para la Construcción de Paz Territorial”; ha sido por esto por lo que, como contrapartida discursiva y práctica, en el vocabulario oficial y en los Medios cercanos a él, en estos primeros 100 días del gobierno de Duque, se ha agigantado la apelación dislocada  a la re-publicación de  situaciones  y noticias, ciertas y bárbaras, por cierto, pero que fueron cometidas años atrás por un victimario, las Farc, que hasta la firma de los Acuerdos siempre proclamó que era una organización subversiva que se movía por fuera y en contra  de los ordenamientos institucionales normales de la vida social. Entonces, como para contrastar ahora las conductas de otros dos victimarios que, diciéndose institucionales y respetuosos de la institucionalidad, también cometieron atrocidades similares a las de los guerrilleros, vale decir, 1.un sector de las Fuerzas Armadas; y 2. un grupo importante de empresarios civiles que impulsaron y financiaron las acciones paramilitares.

Para efectos de la reflexión y el debate, los más abajo presentados podrían ser los componentes concretos  de una estrategia robusta y coherente de construcción de la llamada  “Paz Territorial”, que se lograría, de modo progresivo, mediante la aplicación efectiva de los Acuerdos de la Habana firmados el 12 de noviembre de 2016 entre el Gobierno de Santos  y las Farc en el Teatro Colón de Bogotá, texto que, radicado ese mismo día en el Congreso, fue aprobado entre el 29 y el 30 de noviembre, posibilitándose  así el comienzo  de la desmovilización de los insurgentes, así como de la entrega de armas a la ONU  en un lapso de 180 días, transcurridos los cuales se inició entonces  su proceso de REINCORPORACIÓN  a la vida civil, proceso que, en nuestra opinión,  se agotó apenas acunándose, tanto por desinterés  del gobierno de Santos como por conveniencia gubernamental  de Duque y de su partido.. Según una buena parte de analistas, esos Acuerdos se han incumplido en un 82%,  sobre todo, por parte del Estado:
La Paz territorial ha sido presentada como la clave del postconflicto(Subrayado nuestro). “Sin embargo, para concretarla hay que asegurar la participación ciudadana. ¿Será ello posible en un país como Colombia?”, anticipó desde enero del 2016 la Fundación Ideas para la Paz, FIP; “La aplicación de los Acuerdos de la Habana sobre tierras sigue en el limbo” señaló la Revista Semana el 26 de abril de 2018; “El  gobierno incumple la implementación del Acuerdo de Paz” se afirmó en Las2orillas el 11 de febrero del 2017; “Sólo se ha cumplido el 18.5% del Acuerdo de Paz con las Farc”, cuantificó El Espectador el 12 de febrero del 2018; Y en Report No 67/Latin America & Caribean , el 21 de  junio del 2018, o sea ya elegido Duque, bajo el título, “Reformas Arriesgadas: El Enfoque del Gobierno de Duque  hacia la paz en Colombia”,  se presentó el siguiente INFORME EJECUTIVO, “El presidente electo de Colombia Iván Duque viene de un partido político, el Centro Democrático, que lideró una feroz campaña contra el acuerdo de paz con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), logrado con mucha dificultad en el 2016. Duque y su partido prometen ‘modificar’ el acuerdo. No queda claro exactamente cómo piensan hacerlo, dado que algunos aspectos del acuerdo están consagrados en la legislación o gozan de considerable apoyo, en particular en las zonas rurales duramente golpeadas por medio siglo de conflicto. El acuerdo con las FARC puede no ser perfecto, pero ha puesto fin a las décadas de lucha de Colombia contra su principal movimiento guerrillero y ofrece el mejor camino hacia la paz en las áreas rurales. Si el gobierno obstruye la puesta en marcha del acuerdo o priva de fondos a los organismos responsables, podría desencadenar nuevos brotes de violencia, perjudicar la extensión de la autoridad del Estado y la actividad económica legal a las periferias durante mucho tiempo descuidadas, fomentar el crecimiento de grupos armados ilegales y, con el tiempo, impedir la reducción sostenible de la producción de drogas”.[2]

Ha sido por estas razones por las que a esta SEGUNDA PARTE  de nuestro Ensayo sobre el nuevo gobierno, Duque y el Guerrerismo,  la hemos titulado Se están acabando los tiempos de una pacificación DEJADA en el vacío…la guerra interna vuelve a asomar sus siempre  REPUGNANTES  narices”.

Como componentes centrales de una estrategia de Construcción de Paz Territorial se pueden considerar: [3]
1.    Precisándolo con Mayúscula, el componente central  de la Estrategia de Construcción de Paz Territorial se encuentra asociado a la realización de una reforma rural integral que, en su dimensión agraria,  contemple los siguientes puntos:
1.1.1. La creación de un Fondo de Tierras que, entre sus variadas fuentes, contemple la de la incorporación a él de la porción de los latifundios que no se encuentren adecuadamente explotados;
1.1.2.  La formalización de la propiedad de la tierra en todas sus modalidades;
 1.1.3. La creación del Catastro Rural que permita precisar que, en última y definitiva instancia, la propiedad de la tierra se perfecciona con su inscripción  en esa  entidad gubernamental.
1.1.4. La entrega de tierra a la masa de pequeños productores  que no tienen tierra o que la poseen de modo insuficiente de tal manera   que, por lo menos, unos 9 o 10 millones de campesinos, distribuidos en unos 2.5 millones de hogares, puedan llegar  a ser los sujetos proactivos  de las nuevas Economías Campesinas; y
1.1.5. La puesta en acción, con objetivos  a corto, mediano y largo  plazo, de un Programa de Estado enhebrado alrededor de las nuevas  Economías Campesinas  orientado a lograr la meta de la Soberanía Alimentaria haciéndole cumplir un papel central a la Planeación Indicativa así como a Estrategias de Mercadeo que abrevien y racionalicen los pasos entre los productores  rurales y los consumidores urbanos; entonces, que a partir de una situación en la que estos campesinos  están produciendo apenas- increíble en un país con vocación agrícola como Colombia- el 40% del componente alimentario de la canasta familiar y en la que el otro 60% se está importando, se avance a otra en la que el noventa o el  ciento por ciento lo produzcan los campesinos colombianos.
1.2. Pero, para el logro de estos cinco cruciales objetivos específicos  se requiere de un paquete de medios  orgánicos muy substantivos orientados a:
 A. La aplicación, transparente  e imaginativa, de LA JEP  como forma de Justicia, temporal y transicional sólo aplicable   a los actores directos del conflicto interno armado;
B. La inscripción de la Paz territorial  en un nuevo modelo de Ordenamiento Territorial del País  inspirado en la Constitución de 1991, que señala a las “Regiones y Provincias” como las unidades territoriales centrales;
 C. La creación de Empresas Asociativas y Autogestionarias  que les presten a las Economías Campesinas el servicio colectivo de tecnologías que, costosas, individualmente no alcanzan a financiar;
D. La creación del ICRVR, del Instituto Colombiano para la Construcción y  Reconstrucción de la Vivienda Rural;
 E. La Ruralización de las Políticas Públicas del Estado (políticas de educación, salud, deporte, recreación y turismo especialmente definidas  para “trabajar y vivir en el campo”. Y
F. Entonces, ahora sí, sobre una base así, que venga, pero bien realizado, lo que el  Estado sólo ha hecho a medias en los municipios: muchas  obras de arquitectura y de distritos de riego, numerosos y muy buenos  caminos vecinales y carreteras terciarias, que no haya vereda, de las más de  ochenta mil existentes en Colombia,  sin una Escuela y un Puesto de Salud y un Campo deportivo y que se generalice el Crédito y la Asistencia técnica.
Pero, desde la posesión del Presidente Duque, ¿quién o quienes han vuelto a hablar de PAZ TERRITORIAL?


2.    QUE  sobre  La paz territorial  nos  DIJO EL PRESIDENTE DUQUE UNA VEZ POSESIONADO.
En la misma semana  en que se posesionó, el  Presidente Duque fue objeto de una larga entrevista[4] en la que sólo en dos oportunidades utilizó la palabra “Acuerdos”: primera, “no se trata de hacer trizas los acuerdos, sino de respetar  los procesos de desmovilización, desarme  y reinserción, corrigiendo aquellas cosas que no están saliendo bien”; y segunda: “Sobre eso, creo que   la conversación con los partidos debe buscar un acuerdo nacional alrededor de cuatro puntos: que el narcotráfico no sea un delito conexo al delito político y, por ende, amnistiable; que la erradicación y sustitución, por principio, sean obligatorias; que si llega a haber armas y dinero escondidos, por parte de un grupo desmovilizado, haya sanciones contundentes; y que si a alguien  que ejerce como congresista  se le ratifica una sentencia  por crímenes de lesa humanidad, no pueda seguir en su curul. Sobre la JEP, sólo una vez se refirió a ella dedicándole  cinco líneas, “Hasta hace unos meses, dijo,  teníamos un país donde unas personas creían en la JEP y otras querían derogarla. Hoy todos reconocemos que la JEP debe existir como vehículo transicional. Reconociendo su existencia podemos corregir aquellas cosas  que son necesarias para asegurar verdad, justicia, reparación y no repetición”; por su parte, la  palabra “Paz Territorial”  desapareció de su  lenguaje  y mucho menos hizo mención de lo que en este Atisbos hemos considerado como  lo esencial de los Acuerdos, es decir, los cinco objetivo específicos asociados  a la dimensión de reforma rural integral.
 Aunque se debe señalar que hasta ahora por iniciativa presidencial no ha presentado ningún proyecto en contra de los Acuerdos(en esta materia matriz en sus 100 primeros días ha tratado de “quedar bien con todo el mundo”[5] acentuando, de acuerdo con las circunstancias, una u otra opción),  de todas maneras, la realidad ha sido que desde la posesión de Duque  los factores de violencia, que habían disminuido desde la firma de los Acuerdos (los homicidios en unos cuatro mil, los secuestros en un 70%, las minas antipersonales reducidas a casi cero …etc), empezaron a cambiar en varias regiones del país[6]: el proceso de pacificación recibió sus duros golpes con el progresivo incremento de las disidencias y deserciones, que se fueron incrementado hasta llegar a 1.500; la negociación con el Eln, grupo con el cual  se habían abierto espacios de diálogo, empezó a desdibujarse; tampoco se volvió a saber nada  del sometimiento a la Justicia del temido y terrible  Clan del Golfo; con Venezuela aunque, por cierto, las cosas no andaban bien, sin embargo, el gobierno anterior había tomado distancia del de Maduro pero ahora, aún en los medios oficiales se habla con toda tranquilidad  de posibilidades de una salida militar a la crisis; en relación con el narcotráfico, dado el rotundo fracaso  de la política antidrogas, se estaba buscando un nuevo camino, pero ahora  se ha retornado a la vía represiva; y en la actualidad,  el frente social no es menos explosivo, pues se han venido desencadenando numerosas protestas en un contexto no de concentración sino de confrontación. 

A todo esto agréguense los frustrados intentos por crear en la JEP un Tribunal  Especial para juzgar a los militares, así como los intentos de la senadora Paloma Valencia que, previendo la posibilidad de que se llegue al nudo central de los Acuerdos, se anticipó proponiendo  un proyecto de ley para dejar jurídicamente armados a los terratenientes: entonces, no serían éstos los que tendrían que probar la propiedad de sus latifundios , sino que serían los pequeños propietarios los que tendrían que justificar jurídicamente la propiedad de sus insuficientes parcelas.

Como podrá observarse Duque, ya posesionado, ha mantenido una posición moderada sobre los Acuerdos, pero en esa larga entrevista ni mencionó siquiera la palabra “paz territorial” y, mucho menos, se refirió a lo más substancial de ella que, como ya vimos, se encuentra asociado a los latifundios improductivos como una de las fuentes del pactado Fondo de Tierras, así como a  la formalización de los títulos de propiedad rural  y a la creación del Catastro Rural siendo en estos temas  y que no en un cínica e hipócrita defensa de la impunidad, donde se encuentra el motivo central más importante, y casi nunca explicitado,  de la oposición de Uribe y del Centro Democrático a la aplicación de los Acuerdos de La Habana.

3.    La re-guerra de nuevo  se nos está viniendo encima

En estos años entre los  hechos históricos - y por ellos conceptuamos aquellos sucesos capaces de impactar, de modo funcional o disfuncional,  en lo cualitativo la vida social real o mental de un país- consideramos la firma de los Acuerdos de la Habana, que permitieron el inicio de la pacificación del país  tras cinco décadas de conflicto interno armado, que dejaron ocho millones de víctimas  y,  de distinta manera, a casi todos los colombianos con alguna dosis de afectación mental por razones de odio y de venganzas exacerbadas. Por eso el ex presidente Santos, nos guste o nos disguste, pasará a la historia de Colombia como él único presidente que, entre los 13  que habido en el período 1962-2018, en más de  medio siglo fue capaz de concertar un pacto de pacificación mediante la firma de un paquete de Acuerdos  refrendados por el Congreso así como por la Corte Constitucional, es decir, por el conjunto de las ramas del Estado. Por lo tanto, consideramos que todos los que se opongan, no a su perfeccionamiento sino a su aplicación, sea la que sea la forma de oposición (1. o haciéndolos “trizas”; 2. o  impulsando medidas orientadas a afectar su “esencia y substancia”;   3. o negándoles “el necesario financiamiento”; 4. o “silenciándolos de mala fe” en procura de que se vayan desvaneciendo de la mentes de la ciudadanía; y 5. o “alentando y animando” la reactivación de una  guerra interna que, con seguridad, en su segunda generación y en materia de soldados y guerrilleros y ciudadanos asesinados, así como de destrucción de la infraestructura del país y de impacto sobre la ciudadanía urbana y de afectación mental del conjunto de la ciudadanía, sería más intensa y perversa y disfuncional que en cualquiera de los 50 años de su primera generación.

En los últimos dos  años-noviembre de 2016-noviembre 2018, o sea, durante 21 meses del gobierno de Santos  y  CIEN DÍAS DEL DE DUQUE- múltiples y reiteradas han sido las indicaciones empíricas que nos evidencian que la perversa guerra interna de 50 años entre colombianos  ha vuelto a abrir preocupantes huecos  en las fronteras territoriales, mentales y simbólicas de los colombianos. Ha sido por eso por lo que muchos colombianos, por diferentes vías, se ha dirigido al Presidente Duque para decirle cosas como ésta,
“Señor  presidente Iván Duque, la realidad de la guerra colombiana está profusamente documentada; ya es imposible ocultarla. No pase usted a la historia, a nivel nacional e internacional, como quien dio sepultura al proceso de paz que más esperanzas ha despertado en medio siglo en el país. Su bancada, y quienes ponen a diario cargas de profundidad contra la implementación del proceso de paz, están en lo suyo. Pero quien cargará el peso de la historia será su gobierno, y en cabeza de él, USTED”.[7] (Subrayado nuestro).

Agreguemos que, entre muchas cosas, en y desde y por el gobierno de Duque,  en estos sus  primeros CIEN DÍAS, han tratado de desmantelar El Centro de Memoria Histórica[8]”, (importante y permanente recuerdo académico-práctico indispensable para reflexionar el presente desde el pasado); de  instrumentalizar La Comisión de la Verdad”[9], (ocultando lo que realmente acaeció en procurar de legitimar  cambios importantes en  los Acuerdos de la Habana; de recortar los alcances de “La Justicia Especial para la Paz”, (pero, sin esta forma de Justicia temporal y transicional, como lo atestigua la experiencia internacional, ni 10 gobiernos de Uribe juntos podrían encuadrar a esta sociedad bajo patrones de  institucionalidad) ; también durante su todavía cortísimo gobierno, han buscado voltearle su genuino sentido a “La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras”, ley 1448 de 2011, (pero, con los cambios propuestos por la  muy feudalista y anti-indigenista Paloma valencia[10] entre 9 y 10 millones  de empobrecidos campesinos y arrendatarios quedarían en condiciones de total impotencia para reorganizarse como una nueva Economía Campesina orientada a buscar la meta de la seguridad alimentaria del país.

Son muchos, por otra parte, los indicadores que, con un empírico muy robusto, evidencian que Colombia marcha hacia la reactivación del conflicto interno armado. En torno a esta reactivación, no necesitaremos abundar, pues sobre ella en los últimos meses se han publicado muchos escritos, pero sí importa resaltar que entre el 2016 y el 2018, por ejemplo,  se incrementaron los grupos tanto de disidentes farquianos  por razones ideológicas como de desertores por motivos asociados a una pésima o mala Reincorporación. En el 2016 los disidentes ideológicos, sobre todo, se movían  entre el Guaviare y el sur del Meta en unos 40 municipios con un total de 400 combatientes; pero para marzo del 2018, según el Ministerio de Defensa, ya estaban en acción 18 grupos, a más de algunos en Ecuador, con un total de 1.200 combatientes entre disidentes y desertores.[11] Recordar, por otra parte, que el 10 de septiembre del  2018 la Justicia para la Paz les dio un plazo hasta el 23 de  octubre  a 31 excombatientes para que en un documento escrito y firmado por cada uno de ellos informaran en qué iban los  compromisos con los procesos de Reincorporación a la vida civil, sobre todo en relación con la investigación del caso 001 por secuestro[12]; entre los  31 estaba Iván Márquez, que había dejado tirada su curul en el Congreso, pero que, a última hora, cumplió con el Informe, así como “el Paisa”, quien también había dejado abandonado el único proyecto productivo  financiado por el Estado, pero que no cumplió con la exigencia de la JEP. El cumplimiento, a última hora, por parte de Márquez expresa que continuaba adhiriendo a los Acuerdos no obstante  sus reiteradas críticas al Estado por sus incumplimientos.  Y en efecto, más temprano que tarde, Iván Márquez y El Paisa  le enviaron una Carta a La Comisión de Paz del Senado en la que dicen que “les hicieron conejo”; que El Acuerdo de Paz había sido destrozado por “unos depredadores sin alma”;  y que  “tres actos de insensatez  habían llevado el Acuerdo de Paz al abismo: 1. la inseguridad jurídica; 2. las modificaciones del texto original de lo pactado; y 3. el incumplimiento  de aspectos esenciales del Acuerdo”.  (Subrayado nuestro). Precisaron, por otra parte, que en materia de reforma política, de  aprobación de Las Circunscripciones Territoriales Especiales y de Titulación de Tierras, había habido casi total  incumplimiento, rematando así su Carta,

"Señores y señoras congresistas: nuestra principal preocupación es cómo sacar la paz de Colombia del abismo de los acuerdos fallidos al que fue arrojado con desprecio, y nos gustaría conocer al respecto sus valiosas apreciaciones. Vale la pena intentar lo imposible, porque de lo posible se ocupan los demás todos los días", escribieron  los dos exjefes de la Farc”.[13]

La F.A.R. del Común  rechazó la  Carta  de sus dos todavía presumibles  colegas, alegando  que los Acuerdos no se limitaban a lo pactado en la Habana, pues  eran parte del “conjunto de expresiones  de la confrontación política y social” que vivía el país.[14]  Pero, en nuestra opinión aunque El Paisa puede estar marchando en dirección a la disidencia, sin embargo, Márquez, por haber cumplido con el informe solicitado por la JEP y por el contenido de la nota enviada al Senado, parece no moverse en esa dirección. Esto no obstante, la posición que finalmente asuma, tendrá un significativo impacto a futuro, pues si rompe con los Acuerdos y con  su partido, podrá ser mucha la gente que arrastre hacia su causa. De todas maneras, su Carta y sus conductas recogen el sentimiento generalizado en torno al ya casi fracaso en la aplicación de los Acuerdos. En primer lugar, ha fallado la seguridad física: ha llegado a 80 el número de exguerrilleros y familiares exguerrilleros asesinados y el  incumplimiento  por parte del Estado en la adecuación progresiva de las Zonas de Reincorporación ha alcanzado un 82% y en las zonas donde se ha hecho algo, en construcción de vivienda, por ejemplo, ha estado más presente la Cooperación Internacional europea que el propio Estado y nadie sabe qué se ha hecho el dinero llegado para la paz  por esta última vía y menos se sabe quién en el Gobierno de Duque es el responsable de dirigir los procesos y dinámicas post-conflicto. Todo esto, y mucho más, lo ha recogido Iván Márquez, que en este momento es el centro de gravedad[15] de los excombatientes desengañados, así como de muchos personajes claves de la exinsurgencia. De todas maneras, hasta este momento, 11 de noviembre del 2018, Márquez no ha precisado hacía dónde busca marchar, pues nada ha dicho sobre su futuro y su compromiso con la Justicia Especial fue casi a “regañadientes” y a última hora, amén de que tampoco se ha referido a la innegable división interna en su partido, pero que cada vez recoge con mayor firmeza el descontento y la frustración, es algo cada día más evidente. Finalmente, digamos que todos los días se amplía más el marco de distanciamiento para una negociación entre el ELN  y el Gobierno de Duque, lo que, sin duda, jugará a favor de la causa de los disidentes  y de una posible reactivación del conflicto interno armado. Aunque no sea el único factor explicativo, en ese agrietamiento  con seguridad  ha jugado un papel importante la condición de los elenos como observadores de lo que ha sucedido con los exfarquianos.  

4.     Las razones veladas  y calladas de la dirigencia que se opone a  la aplicación de los acuerdos de la habana.

Si nos fuéramos a la calle a charlar con ese  amplio sector de ciudadanos que proclama que se opone a la aplicación de los Acuerdos, con seguridad  que un muy elevado porcentaje nos dirían que esos Acuerdos eran “desproporcionados e injustos e impunes”, pues mientras premiaban a  bárbaros exguerrilleros,  asumían  como iguales a unos muy dignos  militares, permanentes defensores  de la ciudadanía castigando, además, a un grupo de  propietarios de tierras, que no habían hecho otra cosa que defenderse contra  vacunas guerrilleras, que un impotente Estado había sido incapaz de impedir; agregarían, además, que “dichosamente  teníamos a un Uribe Vélez, el único político, atractivo y carismático y coherente, que siempre se había opuesto a la vigencia de una sociedad impune”.  Entonces, en el imaginario colectivo el rechazo al reinado de la impunidad sería una de las más   más poderosas razones para oponerse a la aplicación de los Acuerdos; sería esa la opinión dominante sobre un problema rural de una ciudadanía urbana, que sólo ha visto la guerra interna por  televisión y que sobre ella sólo sabe lo que les han informado los Medios de difusión así como ciertos partidos y políticos especialmente interesados en universalizar y fijar en las mentes ciudadanas su propia visión del conflicto interno armado. Como para decir, que la visión dominante que sobre el conflicto interno armado han poseído las ciudadanías urbanas en Colombia, ha sido la visión que sobre él, por diversas razones, han manejado y difundido y sobre impuesto  grupos interesados dotados de enorme poder. Y una de las visiones que han buscado fijar y universalizar es la de que la aplicación de los Acuerdos de la Habana le abriría las puertas en Colombia a una sociedad impune, a una “Sociedad sin Castigo”. Entonces, nada de exguerrilleros haciendo política sin que, de modo previo, hayan sido judicializados pagando las sanciones carcelarias merecidas por todos sus crímenes.
Pero, por lado y lado, nada más arbitrario y falaz. Por una parte, la Justicia Especial para la Paz no es una apertura a una Sociedad impune y sin castigo, sino otra Forma de Justicia, temporal y transicional, para evitar otro medio siglo de la barbarie ya conocida y vivida, sobre todo, por el campesinado colombiano; pero, por otra parte, con conflicto o sin conflicto armado, una Sociedad impune y sin conflicto es la que casi siempre ha vivido la sociedad colombiana.[16] Ahora en el 2018, 9 de cada 10 homicidios se quedan en la impunidad. ¿Por qué será que esto lo callan los opositores a los Acuerdos de la Habana?.

Pero, en el caso colombiano, para esta época de la segunda década del siglo XXI se alcanza a observar otra enorme paradoja: mientras una mayoría de la  gente opinó que deseaba una negociación política del cincuentenario conflicto armado, casi, al mismo tiempo, rechazaba la negociación realizada con las Farc. Hacia inicios de julio  del 2017, de acuerdo con el “Observatorio de la Democracia” de la Universidad de los Andes, el 67.4% de los colombianos- o sea casi siete de cada diez-  apoyaba una negociación política del conflicto interno armado, pero sólo 4 de cada 10 apoyaba una negociación como la realizada con las Farc[17]; por esos mismos días La Encuesta Gallup, aplicada entre el 15 y el 24 de junio a 1.200 personas , destacó  que cinco y media de cada 10 personas opinaba que la implementación de los Acuerdos iba por muy mal camino. O sea, que hacia esos meses una mayoría de ciudadanos estaba de acuerdo con que el conflicto interno armado tuviese una salida políticamente negociada, pero no la negociación realizada con las Farc . ¡!! Sí a la negociación política de la guerra interna pero no a la negociación política realizada con los farquianos!!! De nuevo aquí, la ciudadanía, sobre todo urbana, vio en los miembros de las Farc a personas que encarnaban la idea de una sociedad impune y sin castigo, pues así se lo fijó la mayoría de los Medios.
Dadas las anteriores paradojas y contradicciones, se torna claro que para los opositores a la aplicación de los Acuerdos de la Habana el motivo de sus conductas no se encuentra asociado a una loada y elevada preocupación por evitar la irrupción de una sociedad impune que, por otras razones, ya ha estado vigente, sino a intereses más materiales y tangibles ligados, en su componente central como punto de partida.

DUQUE.
Pero ha llegado “EL GRAN PERO”: según el Observatorio Democracia de la Universidad de Los Andes y según la Encuesta Gallup en el 2016 la mayoría de los ciudadanos urbanos de Colombia opinaron que estaban de acuerdo con una negociación política del conflicto armado pero que rechazaban el Acuerdo pactado con las Farc. ¡!! Enorme paradoja y más enorme contradicción ésta!!!  Sí a la negociación política de la guerra interna pero no a la realizada con los farquianos. Para empezar a despejar esta paradoja  destaquemos, de entrada,  que las razones por las que ciudadanos urbanos, que sólo han visto la guerra interna por televisión, rechazan los Acuerdos pactados es porque, a través de estrategias muy autosostenidas aplicadas por los Medios y por el Centro Democrático, los han  convencido de que los guerrilleros no son más que unos malhadados perversos que quieren reducir a Colombia a la condición de una Sociedad Impune, de una Sociedad sin castigo. Claro que por otras razones, ligadas a la relación entre cultura y ordenamiento jurídico, Colombia sí es una sociedad  impune  como lo tendrá que ser un país donde sólo uno de cada 10 homicidios es judicializado y juzgado. Pero, eso nunca se lo aclaran  al país. Ahora por estos días cuando el Presidente Duque se fue a París a un Encuentro de Paz, no se fue a decirle al mundo entero  que tuviese “el ojo puesto” en Colombia porque aquí no se iban a cumplir los Acuerdos, sobre todo, los ligados a “la reforma rural integral”, sino que se fue a proclamarle  que aquí se podía desatar la impunidad cuando precisamente hasta ahora han sido los propios Organismos Internacionales los que más han destacado la JEP por su equilibrio entre Justicia y Paz.

Como para concluir destacando, que la razón más importante de la oposición a la aplicación de los Acuerdos no se encuentra ligada a una defensa cerrada de la LEGALIDAD  amenazada por una presumible IMPUNIDAD  sino, sobre todo y ante todo, a la defensa de un sector de terratenientes improductivos que ven como una gran amenaza la realización de una reforma rural integral que, sin ser la clásica reforma agraria, si podría afectar  muchos de sus intereses.
















[1] .Revista Semana, “CONOCIENDO A DUQUE”, 11 AL 18 de noviembre del 2018, Edición 1906, pgs.22 y 23.
[2] . www.ideaspaz.org, 10-20-2017; www.semana.com/, 04-26-2018; www.las2orillas.com,  02-11-20i8; www.elespectador.com/ 12-02-2018; Report  No 67/Latin America & Caribean, www.crisis.group.org/ 16-21-2018.
[3] . Vélez Ramírez, Humberto , “¿Qué puede significar ese asunto llamado Construcción de Paz Territorial’”, Atisbos Analíticos No 239, marzo 2016.
[4] . Edición Especial de la Revista Semana- 5 al 12 de agosto de 2018 Edición No. 1892ª.
[5] .Revista Semana, “CONOCIENDO A DUQUE”, 11 AL 18 de noviembre del 2018, Edición 1906, pgs.22 y 23.
[6] . La Columna de León, “DUQUE EMEPEZÓ MAL”, www.pares.com.co/, 11 -11-2018.
[7] .González Uribe, Guillermo, “El  TESTIGO”: Presidente Duque , la guerra es imposible de ocultar”, www.elespectador.com/ , 27-10-2018.
[8] .López, David Alejandro, “¿Acabará Duque con la Memoria Histórica?”, www.olapolitica.com/ 12-10-2018.
[9] . “Con propuestas de cambio llegó Duque a la Comisión de la Verdad”, www.confidenciales.semana.com/, 18-07-2018.
[10] . “Cinco razones que dejaron sin alas la reforma de Paloma Valencia”, www.semana.com/, 27-09-2018.
[11] . “La realidad de las disidencias de las Farc”, www.colombia2020.elespectador, 06-10-2018; “Disidencias de las Farc: Problema en crecimiento”, www.verddabierta.com/ , 07-18-2018.
[12] . “JEP  se ratifica en solicitar Informes a la Cúpula de las Farc”, www.colombia2020.elespectador.com/ ., 08-10-2018


[13] . “En Carta al Senado, Márquez dice  que el Acuerdo de Paz fue ‘traicionado’”, www.eltiempo.com, 01-10-2018.
[14] . “Farc rechazó Carta de Márquez y del Paisa”, www.eltiempo.com/ 02-10-2018.
[15] . “No quisiéramos volver a la guerra: Iván Márquez”, www.elespectador.com/ , 13-10-2018; Avila, Ariel y Valencia, León, “Grupos PosFarc y la posible reactivación de la guerra”, 18-10-2018.
[16] .”La mitad de los asesinatos cometidos en Colombia serían por encargo”, www.eltiempo.com/, 22-07-2015.
[17] . Luna Mendoza, Mario, “Siete razones  de la indiferencia  frente a la paz”, www.eltiempo.com, 02-07-218



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