ATISBO 219

Al llegar  a un punto clave el vuelo del Globo de la Pacificación por los aires de la Habana, con más posibilidades de continuar inflándose  que de desinflarse, urge tomar con imaginación, aunque, por cierto,  con prudencia, algunas  medidas que enriquezcan el proceso para que éste no desemboque   en una simple dejación de las  armas sin mayor  impacto sobre  las estructuras sociales  del país y sobre la subjetividad de los colombianos. Cincuenta años de impactante confrontación armada no pueden desembocar en otro medio  siglo de  desgaste y derroche irresponsable de la naturaleza y de las esperanzas de los colombianos; de relativo crecimiento técnico-económico pero a costa de la consolidación de los dispositivos generadores de una sociedad con los indicadores más altos en el mundo de inequidad social; de fracaso en la construcción de una cultura política democrática capaz de absorber los odios y venganzas progresivamente acumulados que el país viene arrastrando desde los inicios de la fundación de la nación con la participación activa no sólo de mestizos sino también de indígenas y de negros; y finalmente , entre otras cosas, a costa de un nuevo partidicidio, que precisamente ésta ha sido la historia: en Colombia nunca se ha podido consolidar una izquierda desarmada no sólo por las marcas simbólicas negativas  que en la subjetividad de la ciudadanía han dejado cincuenta años de confrontación armada sin que nunca llegase la prometida revolución social sino también, ante todo y sobre todo, porque a esa posibilidad han contribuido en elevado grado las derechas dominantes armadas, así como el propio Estado al convertir el monopolio de la legitimidad de las armas  en represión y coerción.  

A este respecto, como para recordar las  viejas y nuevas formas de paramilitarismo que ha habido en la historia de Colombia. Esto lleva a pensar que la pacificación en Colombia- obsérvese que estamos hablando de pacificación a secas, pues de construcción de paz positiva es más  bien poco lo que  esperamos de la Habana-  si se la quiere sostenible y relativamente perdurable es no sólo un asunto de negociación con las Farc y el Eln sino también  con muchas de las organizaciones políticas del establecimiento. Es decir, casi del Estado consigo  mismo, así como con el bloque de poder que lo sostiene.   Es esta la razón por la que la propuesta del expresidente Gaviria sobre la aplicación actual de La Justicia Transicional  haciéndola extensiva a militares, paramilitares y aún civiles comprometidos, aunque huela a ley de punto final, no es tan descabellada, sino más bien, muy aterrizada aunque  alrededor de ella habría que hacer mucho debate, aplicarle una buena pedagogía y darle forma técnica  hasta  tornarla viable pero con un masivo apoyo nacional. Y que conste que con esa extensión de la aplicación de la Justicia Transicional no estamos colocando en condiciones de igualdad a soldados, que por Constitución y ley NO DEBEN  delinquir mientras guerrean, con  guerrilleros, que, por análisis y  convicción política, asumieron las armas para luchar por otra Constitución y otra Sociedad, pero que con el solo hecho de sentarse a negociar, después de que durante medio siglo no han podido ser derrotados, están reconociendo que algunas de las condiciones políticas del país han cambiado, aunque sólo sean aquellas propicias para luchar por construir democracia.  

Precisamente estando en Uruguay en la segunda semana diciembre  con la intención de hacerle  una entrevista al presidente Mujica, tuvimos la oportunidad de dialogar con dirigentes del Frente Amplio sobre la negociación de los Tupamaros con el gobierno. Entre otra muchas cosas , los presos fueron liberados en marzo de 1985, en el marco de una ley de  amnistía , la 15.737 de marzo de 1985 , que en su artículo 1 decretó “LA AMNISTÍA DE TODOS LOS DELITOS POLÍTICOS, COMUNES Y MILITARES CONEXOS CON ÉSTOS , COMETIDOS A PARTIR  DEL 1 DE ENERO DE 1962”; como nota especial este ley  incluyó  una fórmula en función de la cual tantos los guerrilleros como los militares  que hubieren cometido delitos  podían quedar exonerados de culpas y de cargos. “El texto buscaba  empezar a cerrar un capítulo  de la historia  y sentar las bases  de un esquema sin condenas para los militares que habían cometido actos inhumanos. Se completó con la aprobación en 1986 de otra ley, conocida como ‘De caducidad de la pretensión punitiva del Estado’…Este ley fue sometida a plebiscito dos veces para anularla y ambas consultas populares se saldaron en fracaso para sus promotores”. O sea que en esa  oportunidad los uruguayos sí estuvieron de acuerdo con una especie de ley de punto final.

Claro que sabemos de las dificultades para sacar avante  una ley de  amnistía en Colombia dado el peso que hoy en día han alcanzado  los Tribunales Internacionales de Justicia.

Si en esta Carta hemos resaltado la unidimensionalidad de la presencia en la Habana de actores “delincuentes políticos”, para usar un término duro,  ha sido para resaltar una de las debilidades del proceso: si de la Habana no saldrá la paz, tampoco saldrá una pacificación integral; se hará entonces necesario avanzar en conversaciones y diálogos con los otros poderes  del establecimiento que con cinismo practican el voto democrático y republicano y   al mismo tiempo lo ensucian e envilecen al aunar la política con la apelación permanente a las armas. La situación es entonces tan compleja, dificultosa y hasta dramática que al presidente Santos no le bastarán los tres años y medio que le faltan para asentar una pacificación posiblemente más estable y duradera, y decimos posiblemente porque si el proceso de pacificación no va acompañado de procesos simultáneos de osada y acelerada construcción de paz positiva, no se necesitará  ser adivino para augurar la problematización inmanejable de las violencias políticas en el país. Es por esto por lo que en  esta Carta estamos hablando, pero para ahora y no para mañana, de la posibilidad de impulsar en Colombia una especie de ley de punto final, que para que sea exitosa tendría que ser enhebrada alrededor de las necesidades objetivas y simbólicas de los seis millones y medio de víctimas del conflicto interno armado.

 Valgan estas consideraciones para fundar una propuesta: la de invitar al expresidente José Pepe Mujica como asesor, ojalá permanente, de los Diálogos de la Habana. No se trataría de una mediación, ni de una asesoría por separado, ora al gobierno ora a las guerrillas, sino de que las dos Comisiones trabajen con él conjuntamente y en privado los asuntos más acuciantes y problemáticos y confrontantes que en este  momento tienen sobre  Mesa o en los congeladores de “palabras y problemas”. No se trata tampoco de que con él se tomen decisiones sino más bien,  de que cada parte se abra, oxigene sus puntos de vista,  refine los dispositivos de construcción de consensos y en su intimidad se abra a  POSICIONES menos cerradas, que consulten las NECESIDADES de las partes, pero, sobre todo,  los INTERESES, primero los del país  y después, los de cada grupo de negociadores en particular.

 Señor Presidente y estimados Negociadores: las razones del por qué Mujica y no otro expresidente,  sobran. Primero, se trata del presidente con  mejor imagen internacional entre los actuales presidentes que hay actualmente en el mundo. Segundo: no se trata de una figura simplemente mediática: a Mujica no lo crearon Los MEDIOS sino que él mismo con su historia biográfica y sus prácticas concretas creó a los Medios, que se volcaron sobre su pequeño  país lo que le permitió internacionalizarlo. Tercero: durante todas las etapas de su rica y vívida existencia, donde quiera ha actuado aún como guerrillero y prisionero político, ha sido un excelente negociador. Y cuarta: pocos presidentes de América Latina como Mujica, el Presidente Santos lo sabe, han tenido un  deseo tan íntimo y vigoroso y permanente de contribuir a la paz de Colombia.

Para fundamentar en detalle esta propuesta, unas semanas más publicaremos el atisbos 220 titulado, “  ALGUNAS PREGUNTAS  A JOSÉ PEPE MUJICA SOBRE EL QUÉ ES SER DE IZQUIERDA EN ESTA PRIMERA PARTE DEL SIGLO XXI”.