Atisbos Analíticos No 238,  15 de febrero de 2015

ABSTRACT

1.       Introducción

2.       El Frente Unido del pueblo colombiano: Un contexto de historia.

3.       Camilo Hoy

4.       Hacia el Rescate de Camilo como  Sacerdote comprometido  con las luchas populares: Papel de Monseñor Monsalve, Arzobispo de Cali.

5.       Los Nodos Regionales de REDUNIPAZ: Hacia la gestación del constructo social INSTITUTO  COLOMBIANO DE PAZ CAMILO TORRES RESTREPO.

El camilo que yo conocí en 1965 en un Estado

Y una sociedad contrainsurgentes

    IntRoduccion

Proveniente de la naciente democracia cristiana y del  dogma tomista y de la moral que agotaba la perversidad en el sexo  y del caritativismo católico- en lo individual autoperdonador e ineficaz en lo social - en 1964, a mis veinte años, Camilo me rebautizó: sin pasarme para acceder a la política revolucionaria, como era la costumbre en la época, por unos marxismos sin Marx, me convocó a un nuevo tipo de compromiso político en el que el amor cristiano se vertía, todavía de  modo un poco confuso, en una especie de socialismo católico. En esos todavía confusos años del Frente Nacional- sistema con el que el bipartidismo clasista  vigente se autoperdonó con total impunidad los 300.000 asesinatos de conservadores y liberales del común que propició  entre 1946 y 1957[1]- , de pie los dos en la entrada de la  recientemente creada Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, así, más o menos,  me  presentó a Camilo un estudiante de tercer año, que me cazaba por todas partes cuando ingresé al primer año de la carrera:

“Ese que va apresurado, con corbata cachaca pero corazón costeño, es Orlando Fals Borda y el que, enredado en la sotana, le sigue el paso, es el Padre Camilo Torres Restrepo; ambos son pilares centrales de esta Facultad”, fue lo que me dijo el estudiante de segundo año que desde mi ingreso al programa de Sociología, sólo dos semanas atrás, se había pegado a mis ideas, idas y venidas como una garrapata doctrinaria. “Claro que ni el uno ni el otro son marxistas, como es la forma certera y correcta de pensar el mundo actual, pero rebeldes en sus iglesias, presbiteriano el primero y católico el segundo, en sus deseos, opciones y prácticas defienden la necesidad de una revolución”, agregó, sin sacudirme el mutismo, mi persistente y tenaz mentor. Mi mirada se había quedado pegada al andar acelerado de ambos hasta que se los tragó el dintel de la sala de profesores. Sobre Fals, me habían dicho durante esas dos semanas, que había sido el fundador de la Facultad de Sociología en 1959 y que era su figura académica nacional e internacionalmente más elevada. Sobre Camilo, cura católico y sociólogo de Lovaina, yo ya había advertido que se trataba de una persona sobremanera querida y admirada. A mí, que provenía de un cerrado programa de filosofía tomista y escolástica, del que me habían excluido dizque “por cuestionar la incuestionable doctrina católica”, me llamaba mucho la atención que en una Universidad “tirapiedra” y que, como decimos ahora, arrastraba la representación social de “atea”, un sacerdote católico hubiese alcanzado niveles tan elevados de admiración”. [2]

En 1964 ingresé al en esa época  llamado “Año Básico”- rica experiencia curricular  común para todos los que aspirábamos a una carrera social o humanística-  a la Universidad Nacional buscando, sobre todo y ante todo,  a Camilo. La fortuna me permitió que fuese éste el que coordinara el curso de introducción a las Ciencias Humanas con la colaboración del ya muy conocido y admirado Fals Borda y de ese gigante maestro   del pensamiento crítico llamado Darío Mesa Chica - Hegel, Marx y Weber le revoloteaban a toda hora  por su ya calva cabeza- a quien, a sus actuales  93 años, alguien o muchos, no obstante su terca sencillez, tendremos que rescatar y poner en el elevado sitial que se merece como uno de nuestros   máximos pensadores[3]. Con pasión me sumergí en esa nueva y desconocida  área de saber, y, para mi  sorpresa personal, con muy buenas notas y como la política estaba cerca, ingresé al Frente Unido dirigido por Camilo, y  cachucha protectora  en la cabeza y buenos tenis en los pies para  huirle a la policía, voceé su periódico por la calle  séptima y por el barrio obrero de Bogotá vendiéndolo a un peso y así estuve hasta el anuncio de su ingreso al ELN.  Entonces, haciendo “dedo”, con un grupo de adoloridos compañeros nos fuimos por las carreteras de América Latina hasta llegar  al sur donde me matriculé en Ciencia Política en la Universidad de Chile; en  un frío  amanecer del 16 de febrero de 1966 al encender, medio-dormido,  a las cuatro de la mañana  mi radiecito de estudiante, el puntiagudo  eco sin final de  esta noticia,

 “… COLOMBIA,  fuentes militares informaron que en el día  de ayer 15 de febrero fue abatido el Cura guerrillero Camilo Torres Restrepo…”…

retumbó durante muchos meses en mi subjetividad adolorida.

1.    El Frente Unido del pueblo colombiano: Un contexto de historia.

Démosle ahora un contexto de historia al “Frente Unido”, nombre que cubre  tanto al  Movimiento político alternativo como al Papel periódico del que fue director, aunque

“yo no me considero, escribió Camilo, representante de la clase popular colombiana, ni jefe  del frente Unido, ni líder de la revolución colombiana, porque no he sido elegido por el pueblo. (Subrayado nuestro)Aspiro a ser aceptado por éste  como un Servidor de la revolución”.[4]

Ambos fenómenos tuvieron ocurrencia entre agosto  y  diciembre de 1965 en una época en la que en el mundo hubo extraordinarios  sucesos inéditos, sobre todo en materia cultural y política, que en Colombia, sociedad hiper-conservadora,  tuvieron su expresión y hasta sus inicios de criollización como, por ejemplo, en  un  nadaísmo que,  en muchos aspectos, los recogió y  condensó. Por cierto que Colombia se estremeció ante el escándalo de cara a sucesos actuantes pero por aquí  residuales y hasta casi todas  las pacatas gentes colombianas  se preguntaron hasta qué  extremos de inmoralidad y de descomposición estaba llegando el mundo. Alvaro Tirado Mejía, en otro gran texto suyo de corte más antropológico[5], se  detuvo en el examen sistemático de esos cambios a escala mundial preocupándose por precisar las huellas que dejaron en Colombia.  Otro suceso mundial central de la década del 60 fue el Congreso Vaticano Segundo al que el Papa Juan XXIII le fijó  así sus motivos, “Quiero abrir las ventanas de la Iglesia  para que podamos ver hacia afuera y los fieles puedan ver hacia adentro”.[6] En Colombia, Camilo, en lo personal, fue la expresión  más madura, por una parte, del sector de la Iglesia que lideró el  Jesuita Karl Rhanner que buscaba “integrar la experiencia humana moderna[7]  con el dogma cristiano” en contraposición con otras visiones que ponían el  énfasis  o en  una comprensión más ajustada de la Escritura o en un retorno a las fuentes  o en la mera actualización; por otra parte, expresó también una postura de avanzada en materia de dialogo entre las Iglesias cristianas, así como entre los católicos y los marxistas. Sobre estas dos últimas materias lo de Camilo es como si, sobre ciertas cosas,  estuviésemos leyendo al actual Papa Francisco, así,

“MENSAJE A LOS CRISTIANOS[8]

“Lo principal en el catolicismo es el amor al prójimo…’El que ama a su prójimo cumple la ley (San Pablo Rom,8). Este amor para que sea verdadero tiene que buscar la eficacia. Si …lo que se ha llamado caridad no alcanza a dar de comer a la mayoría de hambrientos, ni a vestir a la mayoría de desnudos, ni a enseñar  a la mayoría de los que no saben , tenemos que buscar medios eficaces para el bienestar de las mayorías. Esos medios  no los van a buscar las minorías privilegiadas que tienen el poder, porque generalmente esos medios eficaces obligan  a las minorías a sacrificar sus privilegios… Es necesario, entonces, quitarles el poder a las minorías privilegiadas  para dárselo a las mayorías pobres. Esto, si se hace rápidamente, es lo esencial de una revolución. La revolución puede ser pacífica si las minorías no hacen resistencia violenta. La revolución, por lo tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo…no solamente de forma ocasional  y transitoria, no  solamente  para unos pocos, sino para la mayoría de nuestros prójimos. Por eso la revolución no solamente es permitida sino obligatoria  para los cristianos que vean en ella  la única manera eficaz de realizar el amor para todos. Es cierto  que “no hay autoridad sino de parte de Dios”. (San Pablo Rom. XIII,1).Pero, Santo Tomás dice que la atribución concreta de la autoridad la hace el pueblo. Cuando hay una autoridad en contra del pueblo, esa autoridad no es legítima  y se llama tiranía. Y los cristianos  podemos y debemos luchar contra la tiranía. Yo he dejado  los deberes y privilegios  del clero, pero no he dejado de ser sacerdote. Creo que me he  entregado a la revolución por amor al prójimo. He dejado de decir misa para realizar ese amor prójimo en el terreno temporal, económico y social. Cuando…haya realizado la revolución, volveré a ofrecer  la Misa  si Dios me lo permite…”.

MENSAJE A LOS COMUNISTAS[9]

Yo he dicho  que soy revolucionario   como colombiano, como sociólogo, como cristiano  y como sacerdote…Considero que el partido comunista  tiene elementos auténticamente revolucionarios , y por lo tanto, no puedo ser anticomunista…No soy anticomunista como colombiano, porque el anticomunismo se orienta para perseguir  a compatriotas  inconformes, comunistas o no,  de los cuales la mayoría es gente pobre. No soy anticomunista como sociólogo, porque en los planteamientos comunistas  para combatir la pobreza, el hambre, el analfabetismo, la falta de servicios para el pueblo, se encuentran soluciones eficaces y científicas. No soy anticomunista  como cristiano, porque creo que el anticomunismo acarrea una condenación en bloque  de todo lo que defienden los comunistas  y, entre lo que ellos defienden, hay cosas justas e injustas. Al condenarlas en conjunto, nos exponen a condenar  igualmente lo justo y lo injusto, y eso es anticristiano. No soy anticomunista como sacerdote, porque, aunque los mismos comunistas no lo sepan, entre ellos puede haber muchos  que son auténticos cristianos. Si están de buena fe, pueden tener la gracia santificante  y si tienen la gracia santificante  y aman al prójimo se salvarán…Los comunistas deben saber muy bien  que yo tampoco ingresaré a sus filas …No importa que la gran prensa se obstine en presentarme  como comunista …Juan XXIII me autoriza  para marchar en unidad de acción con los comunistas  cuando dice en su Encíclica “Pacem in Terris”: ‘Se ha de distinguir también cuidadosamente  entre las teorías filosóficas sobre la naturaleza, el origen, el fin del mundo y del hombre, y las iniciativas de orden económico, social, cultural o político, por más que estas iniciativas hayan sido originadas e inspiradas en tales teorías filosóficas; porque las doctrinas, una vez elaboradas y definidas, ya no cambian , mientras que tales iniciativas  encontrándose en situaciones históricas  continuamente variables, están forzosamente  sujetas a los mismos cambios. ¿Quién puede negar  que, en dictados  de la recta razón  e intérpretes de las justas aspiraciones del hombre, puedan tener elementos buenos y merecedores de aprobación?’…Cuando la clase popular  se tome el poder, gracias a la colaboración de todos los revolucionarios, nuestro pueblo discutirá  sobre su orientación religiosa. El ejemplo de Polonia  nos muestra que se puede construir el socialismo sin destruir lo esencial  que hay en el cristianismo.  Como decía un sacerdote polaco: ’Los cristianos tenemos la obligación  de contribuir a la construcción del  estado socialista  siempre y cuando se nos permita adorar al Dios que queremos’ “.

En la década de 1960,  el Frente Unido del pueblo colombiano, dirigido por Camilo, encontró condiciones favorables para su despegue en una serie de situaciones por las que pasaba la economía colombiana, que se traducían en condiciones políticas favorables para la movilización social popular. Por una parte, el modelo cepalino de sustitución de importaciones de bienes de consumo final[10], que se había iniciado en la década del 30, tras cumplir una primera etapa hacia los finales de la década del 50, se había agotado mostrándose incapaz de pasar a una segunda fase evidenciando así el carácter estructural de la dependencia imperial.  Por otra parte, el empuje del capitalismo agrario había echado para atrás el tercer esfuerzo histórico por hacer en Colombia una siempre prometida reforma agraria dejando en una  situación de progresivas  miseria y de pauperización al campesinado empobrecido. A guisa de ejemplo, para la última semana de septiembre de 1965 así estaba el caos social del país: Bogotá: huelga en Telecom, amenaza de los trabajadores de no laborar los domingos, continuación del paro judicial; Medellín: reunión sindical  para preparar paro de solidaridad  con los trabajadores  cuyos pliegos estaban en discusión, varias huelgas( Mosaicos Titán, Everfit e Indulana); Cali: despidos masivos en empresas , especialmente  en las de capital norteamericano, conflicto en Croydon; Barranquilla: protesta popular contra la carestía, choques con la policía, varios heridos y contusos; Bucaramanga: malestar entre el profesorado, continuación del paro judicial; Riochiquito: combates con “Trirofijo”; Cúcuta: amenazas de paro en los servicios  públicos; y en todo Colombia: malestar social, alzas de precios, despidos masivos.[11]

Y  en la década del 60 también hubo importantes cambios en la sociedad colombiana en el nivel de la política: de un lado, la creación del Frente Nacional, y, del otro, la presencia en Colombia de casi todas las subversiones insurgentes armadas que en el mundo se reclamaban del marxismo, incluido el ELN, la organización guerrillera a la que se incorporó Camilo entre finales de 1965 y principios de 1966.  Con la creación del Frente Nacional, las expresiones políticas que expresaban a las fracciones del bloque en el poder decidieron ordenarle a las bases de cada partido que dejaran de matarse entre sí por la disputa de un Estado apetitoso en materia de presupuesto y de fábrica de puestos públicos; aunque el fenómeno estaba entre las oposiciones del Frente Unido  y aunque, en un principio, algunos estudiosos lo  interpretaron  como un cierre de la democracia, con el tiempo no resultó ser tal, pues en Colombia la democracia, de hecho, siempre había sido una raquítica  democracia cerrada, sólo que ahora se la había constitucionalizado.. De todas maneras, “el Frente Unido del pueblo colombiano”, dirigido por Camilo, fue concebido como  un movimiento transFrente Nacional orientado a gestarle unidad organizativa a las distintas expresiones políticas, sindicales y ciudadanas de  los subordinados llamados “pueblo” poniendo el énfasis estratégico en lo que tenían y necesitaban de común para lograr avanzar en un proceso emancipatorio; por esta razón cuando alguien o alguna organización se les acercaba declarando  estar de acuerdo con su plataforma revolucionaria, de inmediato lo invitaban a participar  y  actuar  sin preguntarle  siquiera por  su anterior o actual  militancia política o ideológica.[12]En esas condiciones, de entrada  el Frente Unido fue catalogado y tratado por el Estado y por el establecimiento  como un grupo insurgente subversivo, sobre todo ahora cuando la presencia en sus filas de un sacerdote que pronto adquirió presencia e imagen nacional, había empezado a romper y conmocionar las estructuras mentales de  amplios sectores populares católicos que, en situación de progresiva  pauperización, se frenaban en su accionar reivindicativo o revolucionario por una jerarquía eclesiástica católica  que con casi todas sus  actuaciones bendecía y legitimaba el orden social vigente En ese contexto, el Frente  Unido fue objeto de la más intensa represión mientras Camilo  física y mentalmente quedó sitiado por el establecimiento contrainsurgente por donde quiera que se moviese durante las 24 horas del día. Intenso fue el que quehacer analítico de Camilo: por ejemplo,  la última semana de agosto de 1965, invitado por la ASA- Organización Sindical y  Independiente-  la inició con una frustrada conferencia en Medellín y

 “una muralla de prevenciones, de acuerdo con el Frente Unido No 1, pg.7,   se tendió alrededor de su visita. Pronto la convirtieron en cordones de gentes  armadas por órdenes del gobernador Aramburu…El local donde debía dictarse la conferencia fue ocupado. Dentro de las alambradas, Camilo  y sus acompañantes aguardaron serenos, el desarrollo de los hechos. Luego, Camilo Torres, el grupo de universitarios que lo acompañaban  y varios dirigentes sindicales, fueron sitiados  durante 16 horas por la fuerza pública.  La tensión que se vivía  en la sede de la ASA, donde estaban prácticamente detenidos, repercutió rápidamente en todo el país  traduciéndose en indignación. Las protestas obligaron al gobierno al levantar el asedio… Como preludio de estos hechos, otro que señala el cordón de silencio  que se pretende  implantar alrededor de nuestras tesis .Las empresas de aviación  se negaron a expedirle a Camilo los pasajes para que viajara a Medellín. Varios obreros fletaron, por colecta, una avioneta…Tras las conferencias-en el último fin de semana, en los Llanos Orientales, Camilo hablará este sábado, 28 de agosto, en Soachá y Fusagasugá, el domingo en Viotá , y el lunes en Tocaima y Giraradot. La semana entrante extenderá sus visitas al Tolima: martes, Espinal; miércoles, Ibagué; jueves, Caparral”. Y así cada semana por todo el país. y para  ilustrar un poco más, en el Frente Unido No 2, 2 de septiembre, pg 1, se lee, “Después de dictar una Conferencia en el estadio de Girardot, y cuando marchaba rodeado  por millares de entusiastas personas…Camilo fue interceptado por la fuerza pública. Treinta  de sus acompañantes fueron retenidos…Luego la residencia del Doctor  Antonio Castaño, donde se alojó, quedó bajo fuertes cordones de policía.”. Por otra parte, poblaciones tradicionalmente conservadoras, siguieron con la mayor atención las charlas de Camilo, personaje que no se presentó como un ser [13]providencial, así, Convención-Santander (2.000 personas), Acacías-Meta (1.500), Barrancabermeja (40.000), Cali-Plaza San Nicolás completamente colmada, Buenaventura (25.000)…Por todas partes, Camilo le habló a la gente sin ínfulas carismáticas  y con un lenguaje substancioso pero sencillo. En Buenaventura un anciano le dijo, “Padre, yo soy laureanista, y he asistido a muchas concentraciones políticas pero a ninguno de los políticos los he entendido. En cambio a usted le he comprendido todo”.[14] Ya en relación con Camilo, éste se convirtió en un persona horizontal y verticalmente sitiada por los poderes establecidos. En el Primer Congreso Nacional de Sociología Camilo presentó una Ponencia en la que ni siquiera nombró  a Marx, más bien, se trató de un ensayo sociológico  entre europeo- más interesante que verdadero, fue la expresión de Camilo- que norteamericano - en la misma línea, más verdadero que interesante-, titulado “VIOLENCIA Y CAMBIOS SOCIALES”. Entre los círculos políticos y los grupos de presión esa ponencia  provocó una fuerte reacción  que se concretó, “en la campaña, primero soterrada  y luego franca e implacable, contra el   sacerdote y catedrático  Camilo Torres. El senador  Alvaro Gómez Hurtado tomó este ensayo  como ‘cabeza de proceso’ contra su autor y lo presentó a las jerarquías  de la Iglesia reclamando sanciones”. [15] Atropelladas fueron, por otra parte, las reacciones y conductas de la Jerarquía eclesiástica frente a Camilo cuando ni siquiera el ultraconservador periódico francés LA CROIX, en artículo publicado, el 21 de septiembre, se había atrevido  condenarlo: “La opción del Padre Torres, se escribió en este periódico, por la violencia  llega en un momento  en que los partidarios más convencidos   de los métodos pacíficos  se preguntan si se puede esperar  todavía algo de un  gobierno que no ha sabido hasta ahora sino  demostrar su impotencia  y su inalterable ceguedad  ante los problemas que se presentan ahora en Colombia”.[16] En declaración pública, el Cardenal Luis Concha Córdoba, quien redujo a Camilo al estado laical sosteniendo que no podía volver a ejercer el sacerdocio, le censuró la exposición de sus tesis  sobre la situación  económico-social colombiana, así como sus convocatorias  a formar un Frente Unido del pueblo. En declaraciones a Caracol y al Espectador  Camilo destacó cómo  el Vaticano había pedido  la  a la jerarquía colombiana que dialogara con él antes de imponerle cualquier sanción, “desafortunadamente, declaró Camilo,  ese diálogo no se ha producido…Las declaraciones  públicas de su Eminencia  están en contra de sus declaraciones privadas.  Cuando hablé personalmente con el cardenal  vimos que la única fórmula  para conservar a salvo su conciencia y la mía  era la de que yo pediría  la reducción al estado laico. El me dijo que era una decisión dolorosa para él pero que esperaba  que en el momento en que yo lo considerara conveniente, pudiera volver al ejercicio de mi sacerdocio y él me recibiría con los brazos abiertos”. Dada esta situación, un católico, Fray Alberto, precisó, “Es cierto que Camilo   pidió  la reducción al estado laical con el fin de dedicarse con  más libertad  a la reivindicación económica y social del país. Pero no es menos cierto que la concesión hecha a Camilo Torres, no tiene ninguna validez  hasta cuando haya venido  el rescripto de Roma, cosa que hasta ahora no ha sucedido. Camilo pidió  que se le permitiera decir misa una vez por semana lo que aún no ha sido resuelto. Esta concesión se ha hecho  a varios sacerdotes europeos  que se encuentran en las mismas condiciones que Camilo…¿En qué están reñidas las tesis  y actividades de Camilo torres con la doctrina de la Iglesia?  Si el Cardenal leyera “LA LEY DE CRISTO” de Bernhard Haring, para no citar sino  un moralista católico…no daría dando pasos de ciego…El Cardenal Concha falta a su deber sacerdotal y se constituye en el vocero  de las oligarquías  y de las castas privilegiadas”.

2.    El Frente Unido es arrasado por una Estado y una Sociedad contrainsurgentes

Fue así como actuó en la coyuntura de 1960 ese “Estado estructuralmente opuesto a toda reforma sociopolítica básica, que se había instalado en Colombia desde  1886”: actuando de modo contrainsurgente contra toda amenaza de instaurar  en Colombia  un orden social alternativo tal como  lo pretendía en  1965  el Frente Unido dirigido por Camilo Torres con una plataforma  que al señalar, “la propiedad de la tierra será del que la esté trabajando directamente; todos los habitantes de casas en las ciudades y pueblos serán propietarios; se cobrará un impuesto progresivo  a los que reciben rentas superiores a las requeridas por una familia colombiana promedio”[17], levantaba como estrategia organizativa  LA UNIDAD CON “EL OTRO”, ya fuese conservador-liberal-comunista o no alineado, con quien “tengo algo muy importante en común” como es la necesidad de la emancipación popular. Ese fue el Estado que, de modo implícito se constitucionalizó en Colombia en  1886 - un Estado estructuralmente reacio a toda reforma social importante, ya de índole reivindicativa o revolucionaria -  y que para esos efectos, para impedirlo en las distintas coyunturas de la historia, quedó dotado de instrumentos institucionales- sobre todo el de una aplicación muy particular de la institución del Estado de sitio- que le permitían  reproducir la república autoritaria de 1886[18] y que si siempre actuó de modo represivo, en ciertos  momentos lo hizo de modo terrorista y en la década de 1960 de manera contrainsurgente, primero contra las nacientes guerrillas  pero también contra el  Frente Unido dirigido por Camilo. Por desgracia, viajando éste hacia la guerrilla y el Estado sitiando cada vez más al Frente Unido, el movimiento terminó por desvanecerse.

3.    Camilo Hoy

Ha transcurrido medio siglo desde la muerte de Camilo y esto no obstante las Farc y el Eln, nacientes en esa década, continúan vivas pero sin triunfar. Sin embargo, en estos cincuenta años  el capitalismo colombiano ha tenido importantes cambios no obstante que, en esencia, ha permanecido siempre el mismo y por eso la mayor generalización de la  inequidad social y la más fuerte  concentración del patrimonio  y de la riqueza y de los ingresos.  En esta guerra socio-territorial que ha vivido Colombia en los últimos cincuenta años,  la situación de los dominados y explotados ha estado cada vez más ausente, por lo menos, hasta el prometido  triunfo de la revolución armada que tampoco nunca ha llegado. Como escribió en el 2002 Víctor Manuel Moncayo al presentar, como rector de la Universidad Nacional de Colombia, la publicación facsimilar de  los 13 números del periódico FRENTE UNIDO,

  “…lo cierto es que la realidad de ahora es muy distinta. No podemos ser simplistas  y decir que nada ha cambiado. Es cierto que vivimos aún bajo la injusticia y la inequidad,  pero los lazos que nos abrazan  y dominan  han sido renovados, muchas veces con nuestra cooperación  ingenua o equivocada. El reto que ahora  se erige ante nosotros es conocer esa realidad, como lo hizo Camilo con la de su tiempo, y derivar de allí las consecuencias críticas que correspondan…He aquí la diferencia central  con las características principales  del conflicto social armado que nos aqueja. Está absolutamente  distante  y aislado  de quienes sufren y, más aún, aumenta y profundiza su agonía. Los hechos así lo demuestran todos los días. Debemos parar la guerra, sobre todo porque de ella está ausente la suerte de los dominados y explotados. No para abrir nuevas avenidas  a la reorganización capitalista, sino para reencontrar caminos diferentes de real liberación  con los cuales nos comprometamos. Como ocurría en diciembre de 1965, preguntémonos ahora ¿dónde está Camilo?”.[19]

En esta actualidad de 15 de febrero del 2015, las Farc están en la Mesa de la Habana debatiendo, conversando y negociando con el gobierno de Santos; el Eln, aunque también ha manifestado querer entrar en la misma dirección, por esos mismos días está enfrascado en un paro armado. Pero, una nota central parece común: si ambas organizaciones buscan negociar, es porque para ellas  la lucha armada no es un fin sino un medio, medio a través del cual en cinco décadas, por estar enfrascadas en una interminable y equivocada  guerra socioterritorial, no han podido brindarle a la masa crítica de los subalternos la siempre prometida revolución social; ésta, más en un caso que en el otro, casi que  que ha estado ausente de las dinámicas y procesos y acciones del conflicto interno armado. Entonces, si quieren negociar, es porque quieren  encontrar y construir caminos democráticos más eficaces para llegar socialmente  al pueblo en cuanto masa de subalternos dominados y explotados.

 En 1965 Camilo se marchó a las guerrillas porque a medida que se le fueron cerrando todos los espacios, creyó que la lucha armada era el camino más eficaz para garantizar una imprescindible  revolución social. Pero, muerto ya, sus compañeros de lucha armada tampoco la han podido garantizar. En su época, la plataforma del  Frente Unido fue una propuesta orientada a la  construcción de paz positiva  por la vía de la realización de una revolución social; en la actualidad una propuesta así construida a partir de los problemas sociales de la contemporaneidad sería una de las dimensiones más importantes de lo que se puede llamar una paz integral, que debe imbricar, además, la reconciliación y el perdón y la gestación de una nueva cultura ciudadana. Pero, donde el legado de Camilo, en lo que al Frente Unido del pueblo se refiere, se evidencia más actual es en su apuesta de una estrategia de organización del pueblo colombiano, primero, alejada de carismas salvadores y clientelares, segundo, sin protagonismos de organizaciones  que pregonan una unidad a la medida de su propia historia partidista, y tercero, donde todos aprendan y reaprendan  a hacer política haciendo política democrática hacia afuera y hacia adentro. Camilo fue un maestro en el ejercicio democrático de la política; nunca  asumió representaciones como por derecho propio, sin que el pueblo lo hubiese nombrado  para ejercerlas.

4.    Hacia el  Rescate de Camilo como Sacerdote comprometido con las luchas populares: el Papel de Monseñor Monsalve, Arzobispo de Cali.

Desde la mirada de hoy, no puede sino llamar la atención el esfuerzo que se está haciendo desde el  interior de la propia Iglesia católica y de otras Iglesias cristianas por recuperar al Camilo que, más como sacerdote que como ciudadano,  estuvo 12 años dedicado a las luchas populares y sólo  4 meses a su condición de incipiente  guerrillero. Bajo esa orientación habrá que  destacar el importante papel que ha venido cumpliendo el arzobispo de Cali, Monseñor Monsalve. Se ha movido con decisión y precisión  pero sin estridencias y sin causar choques con  sus colegas de la jerarquía eclesiástica: entre muchas otras cosas, ha reiterado:

 “la lucha que Camilo libró es la de un cristiano contra las injusticias sociales”; “Camilo Torres, un ícono a los 50 años de su muerte”; en la actualidad “Camilo se la jugaría  por el desmonte de la violencia insurgente”; “Camilo se vuelve ahora una figura ‘puente’, un ‘jalón’ hacia el reencuentro más posible entre posiciones extremas”; “tiene mucho que dar y enseñar a Colombia que se mueve en la reconciliación, la verdad y la justicia transicional” ; “para que la gente pueda rendirle  un homenaje serio y sencillo”, que “sean devueltos los restos de Camilo”. [20]

 En entrevista que le hizo Diego Arias, así se expresó Monseñor Monsalve,

“La lucha de Camilo se arraiga en el humus cristiano: más que en lo ideológico, en la experiencia popular; más que en la lucha de clases, en la unidad como principio ético de toda acción transformadora colectiva y en el aprendizaje y la pedagogía desde el mundo de los pobres. Camilo se vuelve ahora una figura ‘puente’ y un jalón hacia el reencuentro más posible entre orillas opuestas; una conexión entre el evangelio social de la Iglesia de ayer y la que emerge hoy, impulsada por la figura y el mensaje “revolucionario” del papa Francisco”.[21]

Y  para los que políticamente nos formamos en el marco  del dialogo entre cristianos y marxistas  que propició Camilo, habría que destacar  ahora que, si bien, ese fue el ambiente en el que tomó forma la teología de la liberación, también lo fue el de la cristianización de muchos marxistas o promarxistas que, sin saberlo, como lo señaló Camilo, eran “auténticos cristianos”.

5.     Los Nodos Regionales de REDUNIPAZ: hacia  la gestación del constructo social “INSTITUTO COLOMBIANO DE LA PAZ CAMILO TORRES RESTREPO”.

Si los diálogos de la Habana efectivamente se concretan no en una simple firma de papeles  sino, sobre todo y ante todo, en una Estrategia sociopolítica  nacional de creación de paz territorial en esa pluralidad casi infinita de espacios regionales y locales, muy heterogéneos, que le dan forma a Colombia, en la etapa del posacuerdos la Habana  el país podrá ponerse en un nuevo horizonte hacia su transformación estructural. Entonces, trabajando desde los distintos exterritorios de guerra y de construcción de paz positiva, los Nodos Regionales de la Red de Universidades por la Paz, REDUNIPAZ, podrán jalonar acciones y alianzas para que  los  resultados de todas las  dinámicas y procesos que se desaten en esa etapa histórica de construcción de paz territorial sean, de modo progresivo, recogidos en un constructo social académico político llamado  INSTITUTO COLOMBIANO DE LA PAZ CAMILO TORRES RESTREPO.  Es esta la  propuesta que hacemos un grupo de profesores de la Universidad del Valle, miembros de Redunipaz, que tenemos una apuesta de trabajo, de corto y de mediano plazo, con los Excombatientes del conflicto interno armado.

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[1]. Guzmán Campos, Germán et Alt. LAVIOLENCIA EN COLOMBIA. Estudio de un proceso social. Bogotá. Ediciones Tercer Mundo. T .i, 1980.

[2].  Vélez R, Humberto, Fals Borda y Camilo, “Dos Vidas cercanas pero desencontradas”, Atisbos Analíticos No 68, 18-07-2006.

[3] . Ladino Orjuela, Wilson Hernando, “DARIO MESA CHICA Y LA CIENCIA SOCIAL EN COLOMBIA”. En, Revista INNOVAR, www.bdigital/unal.edu.co/23019/1/19722-65436-1-PB.pdf

[4]. FRENTE UNIDO, Director: CAMILO TORRES,  Año 1-Número 1, Bogotá , agosto 26 de 1965

[5]. Tirado Mejía, Alvaro. Los  Años sesenta, una revolución en la Cultura”

[6] . Communicato de la Secretaria di stato”, Alberigo: 1995:21, 57-59)

[7]. “ KARL RAHNNER: LA ACTUALIDAD DE SU PENSAMIENTO, www. Elcultural.com/revista/letras/Karl-rahnner-la-aactualidad-de-su-pensmeinto/9013.

[8] . FRENTE UNIDO, “MENSAJE A LOS CRISTIANOS”, Año I-No. 1, 26-08-1965.

[9] . FRENTE UNIDO, “MENSAJE A LOS COMUNISTAS” Año1-NUMERO 2, Bogotá, 02-o9-2016.

[10]. FitzGerald,  “LA CEPAL Y LA TEORÍA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN”,  St.Antony’s College, Oxford, www.cepal.org,

[11]. Frente Unido, , AÑO I, NUMERO 5, Bogotá, septiembre 23 de 1965, pg. 1.

[12]. Frente Unido , No 1, pg.7

[13] . Idem

[14] . Frente Unido, No 2,  pg. 7

[15] . En varios de los números del Frente Unido a partir del No 2.

[16] . “Los Católicos franceses no condenan al padre Camilo”, Frente Unido No 7, 7 de octubre de 1965, pg. 7. Frente Unido, AÑO I, Número  6, septiembre 30 de 1965, pgs. 1 y 3.

[17].  “LA PLATAFORMA DEL FRENTE UNIDO”, Frente Unido, AÑO i, número 1, agosto 26 de 1965, pg. 4.

[18]. Vélez Ramírez, Humberto. LOS DIÁLOGOS DE LA HABANA, LA COMISIÓN DE HISTORIA DEL CONFLICTO Y DE LAS VÍCTIMAS Y LA COLOMBIANIZACIÓN DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL. En prensa.

[19] . Moncayo, Víctor Manuel, “Dónde está hoy Camilo?” EDICIÓN FACSIMILAR FRENTE UNIDO, Bogotá, 2002.

[20] . www.periodistadigital.com, www.arquidiocesiscali.org/obispo .

[21]. Entrevista de Diego Arias  Monseñor Monsalve, www.eltiempo.com, 27-01-2016. 

ATISBO ANALITICO N°232

Atisbos Analíticos No 232, Santiago de Cali octubre de 2015, director Humberto Vélez Ramírez, profesor investigador del Programa de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, miembro del Grupo de Investigación “Política y Conflicto; publicación de ECOPAÍS-REDUNIPAZ, Nodo  regional de la Universidad del Valle. 

LOS OBSTÁCULOS OBJETIVOS Y MENTALES A LA EFICACIA SOCIAL

DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

(Acápite  del libro borrador “Los diálogos

De la habana, la Justicia transicional  y

La Comisión de Historia del conflicto  y de

Las víctimas).

 He aquí una excelente síntesis del Comunicado del 23 se septiembre del 2015 en el que desde la Habana se informó sobre la generalidad esencial de una Jurisdicción Especial para la Paz acordada entre el Gobierno y las Farc.

  

“Los cuatro anuncios dados el miércoles 23 de este mes por el presidente de la República y el jefe de las Farc desde La Habana, conforman un paquete complementario de bases sólidas, avances significativos y complejas tareas pendientes. El nudo gordiano de casi todos los procesos de negociación política de conflictos, la cuestión del equilibrio entre los beneficios de la paz y los imperativos de la justicia, empieza a desenredarse mediante fórmulas inteligentes y ponderadas. Priorizar a las víctimas y no a los guerreros. Garantizar y recompensar la verdad, sin la cual es imposible el perdón. Indultar lo indultable, pero sancionar lo que hiere los mínimos de la dignidad humana. Reparar y sentar las bases para que no se repitan los horrores, constituyen lo fundamental de la propuesta que destraba la negociación y deja filtrar el olor a paz. Pero no fue el único anuncio. Para superar la incertidumbre y el escepticismo que generan los procesos prolongados y sin plazos, se fijaron dos fechas esperanzadoras: una para la firma del acuerdo final, máximo en seis meses, y otra para el inicio de la efectiva y controlada dejación – que no entrega, dado que no es una rendición sino una negociación – de las armas. Y el cuarto anuncio era impensable hace muy poco: las Farc aceptan y se comprometen a dejar de ser una organización armada y a convertirse en organización política.”[1]

En su generalidad esencial, entonces, el Acuerdo del 23 de septiembre en materia de Justicia contempla:

A. La creación de una Jurisdicción Especial para la Paz frente a la cual los acusados ( sean los que sean) de haber cometido  crímenes graves y atroces durante la confrontación armada puedan confesarlos;

B. La fijación de penas alternativas (entre cinco y ocho años) para aquellos que digan la verdad;

C. El otorgamiento de amnistía o indulto por delitos políticos y conexos; y

D. El señalamiento general de  lugares alternativos a una cárcel  donde puedan cumplirse penas de confinamiento, restrictivas de la libertad personal.

Adicionalmente, la víspera del 23 de septiembre, al surgir unas iniciales desavenencias, Santos y Timochencho hicieron unos primeros desarrollos del Acuerdo general al acordar que  la  fecha máxima para la firma del Acuerdo definitivo sería el 23 de marzo del 2015 y que, 60 días después, se iniciaría la dejación de las armas. Sobre la forma específica como esta esta entrega se realizaría nada se dijo, pero, en nuestra opinión, no necesariamente tiene  que ser al gobierno, pues podrían hacerlo  al Vaticano o a las Naciones Unidas  o a Noruega o  a un Estado que goce  de la  confianza común.

Desavenencias, discrepancias, conflictos, contradicciones  y hasta encontrones en los desarrollos concretos y en las aplicaciones específicas del Acuerdo General con seguridad   van a haber  muchos y muchas entre ahora y los meses- y hasta años-  que vendrán, pero siempre serán superables si las partes continúan solidificando la madurez que hasta ahora han evidenciado; ya casi están saliendo de la relación amigo-enemigos, pero en la nueva interacción en que están entrando, la de amigos-adversarios, con seguridad se moverán por mucho tiempo tanto en lo ideológico–político como también en lo emotivo. Lo importante de ese 23 de septiembre: Que  el Acuerdo estratégico sobre la Justicia ya se había producido y que, por necesidades políticas y hasta sicosociales de los diálogos mismos, era necesario darlo a conocer en su “generalidad esencial” no importa que de él  se continuasen desconociendo 75 puntos, algunos de ellos todavía imprecisos.[2] Con seguridad que  en esos puntos, una vez publicados,  también se descubrirán virtudes y  vacíos y ya se verá cómo  cuando se publicite todo el texto, surgirán nuevos agites, idas y venidas, aceptaciones y rechazos.    De todas maneras, el mero anuncio de la generalidad esencial del Acuerdo conmovió, a la positiva, a la opinión  pública, nacional e internacional, pues amigos y enemigos de la paz se percataron de que, por fin, los Diálogos de la Habana tenían “un norte preciso”, de que en la Habana  las partes “sabían ya para dónde iban”.

  Los primeros en entenderlo así fueron los uribistas y fuerzas y Medios afines, quienes al observar que la tercera presidencia de Uribe Vélez se les alejaba aún más, armaron la gran alharaca[3]: de que, en definitiva, fue lo que dijeron,  lo que las Farc le exigían al gobierno para firmar los acuerdos era el encarcelamiento del expresidente y que cómo se les ocurría ese desafuero cuando el hijo de Medellín era un ciudadano  por  fuera de toda sospecha, pues el Derecho Penal podía ser aplicado a todos los colombianos menos  a él. No puede dejar de llamar la atención el  que mientras los efectos de esta alharaca, reproducidos bajo la forma de temores ciudadanos, conmocionaban al país, la imagen del presidente Santos mejorase, de modo notable y notorio, en las dos semanas siguientes al 23 de septiembre: según lo reveló  la Encuesta  de “El Centro Nacional de Consultoría” divulgada el 7 de octubre por el Noticiero CM&: 1. la imagen de  Santos  pasó del 45% en agosto pasado al 59% en septiembre; 2. en lo relativo a desempeño, el 58% aprobó la gestión del Presidente, 12 puntos por encima de la medición de septiembre; y 3. en cuanto a la decisión de Santos  de haber iniciado las conversaciones con las Farc, el 73% la apoyó, cinco puntos más que hace dos meses.[4]

No obstante estos resultados, no podrá olvidarse  que uno de los mayores obstáculos a la eficacia social de la Jurisdicción Especial de Paz son de índole mental y es por eso por lo que hacia donde más apunta la oposición a los diálogos es hacia la intimidad subjetiva de la ciudadanía. Sobre la Justicia Transicional se puede  dar una definición que apunte a destacar sus componentes objetivos como la que hemos presentado atrás a en el inicio de este capítulo, “Para tener un referente, digamos  que, en su actual estado de construcción, la Justicia Transicional es una Modalidad- Especial, Excepcional y Semijudicial- de Administración de Justicia en la que el valor paz, sin evaporar el valor justicia, tiene preeminencia.  Y lo es “especial” porque subsume la Justicia Judicial especificándola para los conflictos, contradicciones y problemas que tiene que abordar; y lo es “excepcional”, en segundo lugar,  porque es protempore, es decir, para los tiempos requeridos por  las situaciones que tiene que abordar; y finalmente lo es “semijudicial” por tres razones básicas interconectadas, primero, porque  lo primero que busca es proteger los derechos de las víctimas; segundo, porque , bajo ese horizonte, aplica penalidades a los victimarios pero muy en función de la calidad y cobertura social de la satisfacción proporcionada a las víctimas;  y tercero, porque, mediante esa dos vías, busca también el mejoramiento y cualificación de la Justicia del Estado”. Pero, el ciudadano del común, sitiado y custodiado a toda hora por los Mass Media,  no para mientes en la racionalidad de una definición así, pues como desarrollaremos más adelante, este  acápite  no es un sobrante sino una reflexión muy importante para lograr entender la especial sensibilidad  de la Justicia Transicional en una sociedad hiperlegalista como la colombiana en la que “Lo Legal” en sí  y por sí  debe ser venerado y respetado y loado y sacralizado al margen  de su importancia instrumental- el papel del derecho en la construcción de lo social- y  de su significado ético- el derecho como relación cotidiana con “ el otro” de cara al cual más es lo que podemos  recibir que aportar. En la coyuntura, tantos colombianos rechazando la actual fórmula de Justicia Transicional por la simple razón de que dizque  es una perversa y malintencionada forma de impunidad que hiere y lesiona “nuestra clásica y hermosa y sacrosanta” cultura legal y casi sin preguntarse cuánto ella puede aportar en clave de construcción de convivencia social. Definitivamente en Colombia la aceptabilidad social de una fórmula de Jurisdicción para la Paz - especial y excepcional  y semijudicial- parece exigir una Cultura jurídico-política en cuya gestación ha sido muy poco lo que se ha logrado avanzar. 

La Jurisdicción Especial pactada contempla, pues,  la creación de un Tribunal ad hoc con tareas judiciales, que subsume- sólo para efectos de la negociación del conflicto interno armado- las funciones del Derecho Penal,  en procura de   satisfacer las distintas dimensiones  del derecho de las víctimas, así como a proporcionar seguridad jurídica a quienes, de modo directo o indirecto, han participado en las dinámicas del conflicto interno armado.  En su generalidad y en su espíritu,  el acuerdo es altamente orientador, aunque, no obstante  la falta que estaba haciendo, conviene no idealizarlo.  Precisamente el libro del que este Atisbos Analíticos es un acápite, se encuentra cruzado por la hipótesis de que  si no se producía un acuerdo estratégico como el que se anunció el 23 de septiembre, los Diálogos de la Habana se podían frustrar. Por cierto que se ha superado un gran obstáculo; por cierto, por otra parte, que mientras las acciones de guerra pueden  empezar a disminuir, de modo casi exponencial crecerán las contradicciones y los conflictos, pero ya en el nivel de las concreciones del día a día.  Se trata, entonces, de una Jurisdicción Especial para la Paz por  desarrollar y enriquecer en clave concreta sin que se le quite una coma a su generalidad esencial.  Por lo tanto, como ya existe un acuerdo sobre  ésta- Comunicado reproducido atrás-  y  como en el proceso de su aplicación, de modo inevitable, tendrán que haber muchos desarrollos concretos y muy variadas precisiones necesarias, lo recomendable es que la importancia central de lo pactado no haga olvidar los desarrollos, precisiones y detalles del día a día, al mismo tiempo que la legítima preocupación por éstos  no obscurezca la transparencia y  trascendencia del acuerdo global; como en el dicho popular, ni que el bosque tape los árboles ni éstos lo desvanezcan. 

De todas maneras, en nuestro concepto, la “Jurisdicción Especial  para la Paz” acunada  en la Habana, en un punto importante salió cojeando, pues el Tribunal creado  debería haber estado acompañado de una “Comisión Legislativa Especial”, que  conformada, por ejemplo,   por la Comisión de Paz del Congreso y por Representantes tanto de las Víctimas como de las  organizaciones guerrilleras , subsumiese ad hoc las funciones del Congreso en procura de  la formalización jurídica de los acuerdos pactados.  De haber acaecido así, se le habría puesto freno a acciones que, con lo mismos propósitos de implementación jurídica, se están impulsando en el Congreso pero sin que la iniciativa haya sido consensuada en la Isla de Martí. Ahora, como salida oportuna y necesaria sólo queda que, desde la Habana, en uno de los siguientes ciclos,  se haga ese complemento y que, lo más rápido que se pueda, la Jurisdicción de Paz pactada y ahora robustecida,   sea  incluida en el proyecto de acto legislativo presentado por el gobierno al Congreso. Así se evitarán dudas y suspicacias e interpretaciones caprichosas como las que han venido proliferando por estos días.

Lo cierto es que, por estas calendas, casi todo el mundo habla como si hubiese leído ya  el texto definitivo.  Por otra parte, como en Colombia  casi  todos sus habitantes- desde los niños de 7 años hasta las personas de la tercera edad - por el hecho de poseer unos imaginarios colectivos  sobre  el conflicto armado,  se creen  unos expertos en materia de la guerra interna, casi no ha habido   persona que no le haya hecho decir a esas tres importantes páginas del 23 de septiembre no lo que ellas en su letra y espíritu han afirmado, sino lo que cada quien quisiese o desease que dijesen, así por ejemplo,

***Que la “imperfecta Jurisdicción Especial para la Paz  es tan impune que sólo sanciona con ocho años de ‘vacaciones o, a lo máximo, de servicio social obligatorio’, en algún lugar de Colombia, a personas que, como los guerrilleros, han sido responsables de terribles crímenes de guerra y atroces delitos de lesa humanidad que nos escandalizan a todos”.

Digamos, en densa respuesta, que si las personas confiesan esos delitos y asumen su responsabilidad, así sería, pero que, 1. que esa sanción de 8 años será para todos los actores que hayan  incurrido en esos delitos llámense guerrilleros, funcionarios públicos, militares, políticos, autoridades regionales y locales, presidentes  o hacendados; 2. que para el caso de los guerrilleros así judicializados, ellos provienen de una organización alzada en armas que no ha sido militarmente derrotada, es decir, vienen   de un conflicto interno armado en el que no ha habido ni vencedores ni vencidos; por lo  tanto, no se puede  asimilar a las Farc a Sendero Luminoso del Perú, que fue una guerrilla derrotada por el gobierno; 3.que si bien ésa es una sanción suavizada  a la luz del Código Penal colombiano, sin embargo, esa es la concesión que el Estado  le   hace a las Farc  por su renuncia  a hacer política con un fusil en la mano; 4.que restricción de la libertad si habrá bajo alguna forma concreta y verificable y controlable de confinamiento; y 5. que  como, en las condiciones actuales,  el Derecho Penal colombiano ha sido trascendido por las realidades de la guerra interna  y como, por lo tanto, la máxima tensión de la actual coyuntura es o Justicia Transicional o continuación agravada del conflicto interno armado, entonces, si fracasan los Dialogo de la Habana, lo único que podrá esperarse serán  300 mil asesinados más en las próximas décadas así como un agravamiento  catedralicio del cuadro clínico de los derechos humanos en el país;

***Que  “lo de la Habana no ha sido sino una pantomima en la que las Farc apoyadas por el Gobierno de Santos y por un grupo de llamados asesores jurídicos se han quemado los sesos hasta encontrar una fórmula para llevar a Uribe a la cárcel; hasta el  propio expresidente lo afirmó, ‘le van entregar el país a las Farc, dijo, por meterme a mí a la cárcel, ésa es la paz imperfecta que están buscando’; para esos efectos hay “una alianza Fiscal-Don Berna-Santos-Timochenko “.[5]

Al respecto, Humberto de la Calle Lombana señaló que los expresidentes tenían un fuero especial para ser juzgados por la Fiscalía y el Fiscal General, aunque estuvo de acuerdo con esta tesis, precisó que el Tribunal Especial para la Paz sí podía investigarlos y juzgarlos  por actos cometidos antes de ejercer la presidencia.[6]Esto no obstante, Alvaro Leyva que sí conoció el texto, dijo que el acuerdo fue hecho, “reconociendo los límites de la Corte Penal Internacional” y que “bajo esa órbita ni siquiera los expresidentes tenían fuero”.[7]

*** Que “en lo de la elección de los magistrados que conformarían  El Tribunal  Especial para la Paz iba a suceder lo mismo que había acaecido cuando se creó  ‘La Comisión de Historia del Conflicto y de la Víctimas’ cuando un buena parte de los investigadores fueron  personas afines a la ideología de las Farc”, es lo que hemos oído decir a personas de un más que importante nivel educativo; “ahora, han dicho,  no podrá suceder lo mismo, pues los guerrilleros quedarían todavía más favorecidos  de lo que lo están con su imperfecta Justicia Transicional”.

De acuerdo con Alvaro Leyva, uno de los arquitectos del acuerdo, a los 75 puntos sólo le faltan dos cosas: el contenido de la ley de amnistía y los procedimientos de escogencia de los magistrados.[8]  Si no fuera por una tesis estigmatizadora presente en su reflexión-  aquella que  afirma  que al conformar la Comisión de Historia del conflicto y de las víctimas, “de buena fe, el gobierno nombró académicos universitarios independientes; las Farc, ideólogos afines a sus banderas”-  el artículo de Héctor Abad Facio lince titulado “Los Detalles del Diablo”, entre centenares, podría ser el más aterrizado, puntual y positivo,

“¿En cuáles detalles puede meter las narices el diablo?, se preguntó de entrada Abad Facioline. El más importante  es  cómo se van a escoger los Magistrados  temporales del Tribunal Especial para la Paz (TEP):lo que se sabe  hasta ahora  es que estará compuesto en su mayoría  por magistrados colombianos  que, para poder aspirar a serlo, deberán tener las mismas calificaciones  que se requieren  para ser jueces  de las altas cortes(Suprema, Constitucional y Consejo de Estado); que el 20 o 25% de estos magistrados  podrán ser extranjeros. Y que este será un tribunal de cierre, o sea que cuanto defina será cosa juzgada no sujeta a revisión. Lo que no sabemos  es si  esos magistrados serán escogidos  por la guerrilla, por el gobierno, o por ambos, o mediante el uso de algún mecanismo o entidad independientes”. [9]

De entrada habrá que decir que  no podrían ser elegidos por el gobierno y la guerrilla, pues ambos serían, a la vez,  juez y parte; por otra parte, si  se trata de buscar jueces de excelentes  calificaciones pero altamente “imparciales”, habría que ir a Marte a buscar Jueces que no sean “humanamente humanos”. Jueces imparciales no hay, pues siempre se tratará de seres humanos  investigando y  judicializando seres humanos, y por eso, en todo decisión judicial, por  elevadas que sean la calificaciones académicas y morales de quienes las tomen, siempre habrá una casi necesaria dosis de subjetividad que, para este caso, se podría reducir si se apela a entidades más independientes.  Entonces, nuestra idea es la de que esos magistrados sean seleccionados por un Comité conformado por algunas Universidades y un Organismo Internacional lo menos alineado posible; que, en secreto, ese Comité  conforme un listado de 50 candidatos nacionales y extranjeros de excelentes calificaciones; que la Entidad seleccionadora sólo sea conocida una vez hayan entregado, de modo oficial, el listado de los candidatos seleccionados; y que ahora sí, gobierno y guerrilla, sin salirse de los nombres entregados, conformen la composición del Tribunal Especial en el que entre el 20 y el 25 % deben ser magistrados extranjeros.

***Que “más temprano que tarde los Tribunales Internos o Internacionales le caerán al Estado colombiano por haber acordado esa forma tan imperfecta de Justicia Transicional”, ha sido  una  queja por estos días muy común, sobre todo entre abogados y expertos en normativa humanitaria internacional.

Precisamente, si de algo se cuidaron  los arquitectos de esta Jurisdicción Especial para la Paz fue la de evitar la intromisión  de los Tribunales Internacionales en Colombia  y todo parece indicar que ni la Corte Constitucional colombiana ni la  Corte Penal Internacional  pondrán palos en las ruedas de lo acordado. Aún más, ya veremos cómo entre el anuncio del acuerdo en la Habana y un pronunciamiento personal, positivo y laudatorio, del Secretario de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no trascurrieron sino unas cuantas docenas de horas.  

*** Que “las inmensas fortunas acumuladas por las Farc en el negocio de las  drogas ilícitas han quedado ocultadas y veladas  en sus intentos por hacer del narcotráfico un delito conexo del delito político y peor aún, en sus mañas por lograrle un acomodo similar al secuestro”, ha sido una inquietud relativamente válida que se han formulado importantes sectores de la población que, al respecto, se han preguntado, “¿cuál es la seguridad de que realmente  dejarán de cometer esos delitos?, ¿cuál será el destino de esa riqueza acumulada?, ¿se destinará a reparar  los daños de las víctimas?”.[10]

Precisamente en el Comunicado del 23 de septiembre  se habla de “delitos políticos y conexos”, pero sin especificar estos últimos quedando sobreentendido que se trata del  narcotráfico , que es el que ha sido objeto de debate en cuanto fuente de financiamiento del quehacer armado de las Farc; pero, ocurre que al haber sido también  el secuestro otra de esas fuentes, habrá  que  referenciarlo para señalar que , aunque el primero  es una acción ilegal y perversa, sin embargo,  ni humana ni moralmente es lo mismo exportar cocaína que secuestrar seres humanos. Por eso, de entrada el secuestro nunca podrá ser considerado  un delito conexo del delito político.  Por otra parte, hasta ahora nadie ha logrado presentar pruebas sólidas según las  cuales las Farc como tal-  y no una persona concreta o pequeño sector de ellas-  hayan sido productoras y  comercializadoras de droga[11]; pero lo que sí se ha  probado es que se han beneficiado de impuestos a esos cultivos siendo ésta una, que no la única, fuente de financiamiento de su quehacer armado. Por otra parte, es raro que en el mundo actual haya habido un solo  movimiento subversivo que no se haya financiado apelando recursos ilícitos. Por lo tanto, habrá que bajarle el volumen al imaginario colectivo que se representa a unas Farc desbordadas por los caudales de dinero provenientes del narcotráfico.

Sobre este delicado y complejo asunto, al solicitársele  a  Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN, su opinión  sobre el imaginario colectivo  según  el cual las guerrillas eran inmensamente ricas, esto fue lo que respondió[12], 

“No creo que sea una organización particularmente rica. Las Farc es una organización que tiene muchos gastos: mantener el pie de fuerza, alimentarlo, conseguir las armas. Algunos de sus cabecillas deben ser personas muy ricas en ganado, en tierras, algunas cuentas en Suiza. Pero no creo que sea una fortuna. Yo creo que una sociedad que les validó a los Ochoa el ciento por ciento de su fortuna, con todo lo que hicieron, lo mismo a los paramilitares, sería absolutamente inconsecuente si no genera una salida razonable a lo que son las fortunas personales de algunos miembros de las Farc”.

Y al explicar qué entendía por “una salida razonable”, precisó,

“Que van a ser legalizados algunos de los activos de ellos, en propiedad de ellos. A mucha gente le genera rabia porque son activos muy mal habidos, pero en Colombia lo que hay son fortunas mal habidas. Lo que se tiene que encontrar es un acuerdo de un porcentaje, que no podrá ser el cien por cierto. Esa va a ser una discusión muy difícil. Si los Estados Unidos les valida a los narcotraficantes entregar parte de sus fortunas para los procesos legales, debe ser idéntica la discusión con las Farc: qué van a entregar y cómo se va a utilizar eso como un gesto de reparación a las víctimas. El 50 por ciento es una cifra que le gusta a todo el mundo, desde los políticos hasta los americanos. Entonces un miti-miti básico es una discusión razonable…Colombia tiene un problema generalizado en el tema  de activos mal habidos. En la década del 90 el clan Ochoa  se acogió a las leyes  de sometimiento de la justicia  y legalizaron sus bienes “sin reparar a nadie y ¿no fue eso un lavado de activos? Víctor Patiño Fómeque está volviendo a sus activos y la familia del mono Abello está todavía recogiendo tierras que supuestamente fueron ilícitamente quitadas…Colombia no tiene  herramientas jurídicas para  pelear con  el crimen organizado. El país es experto en capturar gente de cualquier nivel  porque en eso se ha mejorado muchísimo pero su capacidad de impartir justicia es muy limitada porque nunca ha sido capaz de recuperar los activos”.

Entonces, ¿qué es lo que propone el muy técnico exdirector de la DIAN?

En su opinión, lo primero es tener la foto completa de los activos mal habidos, desde la corrupción pasando por el narcotráfico hasta llegar al paramilitarismo; lo segundo, sería salirse del oportunismo y, “por mucha rabia que le dé a la gente”, legalizarles algunos de los activos en propiedad de ellos. Aunque eso va a ser muy difícil, habría que acordar  un porcentaje;  una especie de miti/miti sería una fórmula que “le gusta a todo el mundo” siendo, por  lo demás,  algo razonable en un país donde “lo que hay son fortunas mal habidas”. El otro 50% iría a la reparación de las víctimas. Entonces, que  lo que se les  aplique a las Farc, “se les aplique a los otros…sea tal vez el momento  de empezar a expropiar a los otros, a los que se les ha dejado el cien por ciento”.

Polémica y polemizable pero valiente la posición de este exdirector de la DIAN.

Lo primero que diríamos sobre su propuesta es  que en el caso de una insurgencia guerrillera que reviste la condición de actor político, no todos sus activos pueden ser examinados bajo la noción de “fortuna” en clave de dinero o capital disponible ya para la inversión ya para el disfrute personal, pues si no todo, la más alta proporción de esos activos hacen parten de su propia estrategia de acción político-militar. Si en este estudio se rechaza la tesis del secuestro como delito conexo del delito político no es porque ese delito no sea o haya sido una fuente de financiamiento del quehacer político armado de las guerrillas, sino por razones éticas. Miremos, por otra parte, el problema de activos en clave de tierras. En el caso de las Farc muchas de las tierras en sus manos son una dimensión importante de su estrategia de guerra socio-territorial, que los ha obligado a “expropiar” tierras, aún de pequeños campesinos, como un medio de blindaje de territorios por ellos controlados. Lo que no significa que en las Farc como organización no  haya podido haber personas  que han manejado tierras y otros activos  bajo un criterio de negocio personal. Pero, volviendo a la propuesta del miti/miti del exdirector de la DIAN, nosotros diríamos que si cuantificados esos activos resultan voluminosos, en un 70% deberían orientarse  la reparación de las víctimas  y en un 30% a programas de formación de la masa de guerrilleros, que han dejado las armas.

Variadas son las indicaciones empíricas que evidencian que en la actual etapa de la guerra interna en Colombia, el imperio norteamericano y una fracción del bloque en el poder, por variadas razones, están buscando un final negociado del conflicto interno armado  siendo la más importante la necesidad de brindarle seguridad jurídica y fáctica a la inversión extranjera directa, en lo básico orientada ahora hacia la economía extractiva. En la primera etapa del siglo XXI- durante el octoenio de Uribe Vélez apoyado por el actual presidente – buscaron hacerlo por la vía militarista frenando a las Farc en su estrategia de expansión del control territorial pero sin que lograran derrotarla militarmente. Pero, en esta segunda década del nuevo milenio, reorganizadas las Farc en un   nuevo territorio de guerra, decidieron ensayar la vía de la negociación, la de buscar la paz negativa haciendo un mínimo de concesiones pero manteniendo una línea de consolidación del status quo, así como un manejo neoliberal de la etapa post-acuerdos la Habana. De cara a esa posibilidad negociadora, Uribe Vélez, el sumiso y disciplinado amigo de Bush, se ha rebelado y ahora, cuando los diálogos en Cuba han empezado a dar un salto casi cualitativo, ha levantado nueve tesis de oposición algunas de ellas duras contra los Estados Unidos; ha  dado forma así  a un discurso “antiterrorista”  contra  los “terroristas de las Farc”,  que estarían buscando  imponer, de modo hegemónico,  la impunidad en los Diálogos de La Habana. Entonces, como para recordar ahora al Uribe Vélez del 10 de marzo del  2005, que, cuando estaba negociando con los paramilitares, avaló así su Ley de Justicia y Paz en declaraciones  a la W Radio,

“Encontrar un buen balance entre paz y justicia es muy difícil, paz sin impunidad, justicia sin sometimiento. Pero le voy a decir: todos los procesos de paz son imperfectos, hasta el límite que me he atrevido a decir lo que ahora repito: en todos esos procesos de paz finalmente uno ve un poquitico de sometimiento en nombre de la justicia y algo de impunidad en nombre de la paz. En esto hay que hablar con toda franqueza. Aquí no hay legislación perfecta. En un proceso de paz queda algo de impunidad; tenemos que buscar que sea la menor posible”.[13]

Pero, no obstante este pasado discursivo y práctico de hace una década, ahora, con motivo del acuerdo sobre La Jurisdicción para la Paz, Uribe Vélez ha  enhebrado su posición en 9 Tesis en las que las palabras  “terrorismo  e impunidad”  recogen el poder del lenguaje: 1. No cárcel; 2. Igualación de las Fuerzas Armadas con el terrorismo; 3. El acuerdo no excluye  el narcotráfico  como conexo del delito político ( y no es contundente para excluir  el secuestro como conexo del delito político); 4.Igualación de la sociedad civil con el terrorismo; 5. “El gobierno ha aceptado abrir a los terroristas  todas las posibilidades de participación política”; 6. “El gobierno no ha exigido  entrega del dinero para reparar a las víctimas”; 7.”Rechazamos (como acompañante del proceso) la indignante presencia de la dictadura venezolana que ayer no más nos acribilló con genocidios  de centenares de familias colombianas”; 8. “Las facultades ilimitadas al gobierno y la suplantación de la Constitución  contribuirán a una nueva dictadura, avalada por el Congreso y respaldada por los fusiles y los explosivos  del terrorismo”; 9. “El Centro Democrático sigue con el compromiso de interpretar  a millones de colombianos que nunca aceptarán el golpe de Estado que se tiene contra la democracia”.[14]

A Uribe y a su grupo y a sus afines hay que respetarles el derecho a la oposición, lo que no significa dejar de confrontarlos del modo crítico más compatible con la academia, pero, de la noche a la mañana, no se puede pretender convertirlos, de guerreristas  ideológicos en constructores de paz, como ha aconsejado la Revista   Semana,” el apoyo del expresidente  al proceso de paz es muy importante”. [15]

Pero, si algún sector social  debería haberse movilizado desde el pasado miércoles 23 de septiembre  deberían haber sido las distintas categorías de víctimas, pues el acuerdo  anunciado ese día las hacía emerger como sujeto proactivo central de los diálogos de la Habana. Al fin y al cabo la Jurisdicción Especial creada no tenía otro propósito que el de proteger, en el contexto de las lógicas de lo que es una negociación- es decir, cedo para que me cedas- su derecho a la justicia. Dichosamente, desde principios de este 2015, las víctimas, de modo progresivo, han venido configurándose como el disco duro del proceso de negociación. Por otra parte, en esta semana como nunca se ha evidenciado  que una cosa es el planteo teórico según el cual la Justicia Transicional, en primer término, se preocupa por todas las dimensiones de los derechos de las víctimas, a la verdad y a la justicia y a la reparación y a la no repetición, y otra cosa es comprobar que, en la práctica, cada víctima, de acuerdo con sus condiciones históricas vivenciales muy específicas, privilegian una o dos de esas dimensiones. Por lo tanto, a este respecto no se puede generalizar afirmando que  todas las víctimas y en todas sus categorías exigen y reclaman la satisfacción de todas las dimensiones de sus derechos. Por ejemplo, un sector importante de las víctimas de las Farc, que no todas, tienden a no perdonar moviéndose, por lo tanto, dentro de la actitud punitiva de exigir para ellas, ante y todo y sobre todo, cárcel y prisión. Representativo es, por ejemplo, el caso del senador Lizcano, quien siendo víctima, señala que ha perdonado – “no perdonar a los secuestradores de mi papá nos hace seguir   secuestrados”[16] -  aunque a partir  de allí  no se puede formular  una generalización empírica. Sabemos que muchas víctimas, claro que no están cuantificadas, señalan que condena que no sea cárcel no es condena; pero también sabemos que  para muchas otras-tampoco están cuantificadas – con la cárcel nada resuelven en su intimidad adolorida, pues lo que anhelan es que los victimarios reconozcan a sus víctimas, así como el daño que se les ha causado, que aquel haga un acto público de contrición , un mea culpa, que ayuden a buscar a los desaparecidos, que liberen a todos los secuestrados, que den garantías de reparación y de no repetición. Al azar encontramos, por ejemplo, a Gloria Salamanca, quien al cumplir una año de estar buscando a su hijo  lleva un año buscando a su hijo desaparecido por las Farc en Nariño, decía,

“yo  acepto que los miembros de las Farc que reconozcan sus delitos no vayan a prisión, que entonces, de modo obligado, “trabajen en agricultura  en las  tierras donde sembraron  tanto dolor”. [17]

De todas maneras, aunque técnicamente  sea casi imposible censar la tragedia objetiva  y el dolor de ocho millones de víctimas sí se debe adelantar un censo aproximado por territorios y localidades golpeadas hasta lograr “una especie de mapa o cartografía  de sus dolores, y sufrimientos   y tragedias”.

 Sin que la Jurisdicción Especial de Paz se haya puesto todavía en acción- apenas se ha empezado a idear el sistema cuyo núcleo central de despegue es lo acordado en la Habana-, uno de sus mayores virtudes ha sido el la claridad que ha hecho sobre si en los diálogos de la Habana habrá o no habrá impunidad. Atrás ya lo esbozamos: si bien lo que busca la Justicia Transicional es la protección de los derechos de las víctimas, esta forma especial de justicia no es ajena a la penalización aunque éste más que  su horizonte central,  es un horizonte derivado: a mayor  y mejor calidad de satisfacción de los derechos de las víctimas, mayores y mejores posibilidades de acceder a las formas de penalidad  establecidas en el Acuerdo que, en general, no buscan la privación de la libertad personal en la mazmorra global que son las cárceles colombianas, sino una  limitación,  que, con  opciones muy variadas, debe tener un impacto altamente positivo sobre la realidad destrozada y la intimidad herida de las víctimas. Pero, ¿por qué, en lugar de apelar al Derecho Penal vigente en Colombia, se ha acudido a su sistema especial de justicia?, se han preguntado y continúan preguntándose miles y miles de  ciudadanos y ciudadanas. Por variopintas razones:

1. porque el derecho penal es ya incapaz de abordar y manejar las tremendas consecuencias de esta cincuentenaria  guerra interna, que ha arrojado alrededor de 8 millones de víctimas;

2. porque La Justicia Judicial colombiana es una de las más impunes del mundo;

3. porque en medio siglo el Estado colombiano no ha logrado derrotar a las guerrillas;

4. porque en Colombia para alcanzar un valor supremo como es el de la PAZ – llamémosla “Pacificación untada con un poquito de Paz positiva y ojalá con  mucha Reconciliación - se requiere de un Sistema Especial de Justicia que, como el ideado en La Habana con la asesoría de un destacado grupo de juristas, garantice que, por fin, en Colombia nos abramos a la protección de los derechos de las víctimas con la seguridad de que la única impunidad que podría haber resultaría de una aplicación inadecuada o discriminatoria de la Jurisdicción Especial de Paz;

5. porque la negociación política del conflicto interno armado es el camino más corto para iniciar el proceso de construcción  de una estrategia orientada a gestar una enriquecida cultura de los derechos humanos y del derecho humanitario  uno y otro duramente golpeados por las acciones, eventos y procesos ligados a la confrontación armada; y

6. porque, por lo tanto, para trascender esa tremenda realidad de la guerra interna se ha ideado una Jurisdicción Especial- temporal y ad hoc, es decir, con aplicación solo válida para el conflicto interno armado- que, al subsumir el derecho penal,  compatibilice los valores PAZ Y JUSTICIA garantizando un dificultoso acceso, por lo menos,  a una paz negativa imperfecta así como  a la aplicación de una justicia sin impunidad.

Importa destacar, y hacer pedagogía sistemática alrededor de los anteriores 6 puntos objetivos, pues dada la cultura jurídica de la que son prisioneros los colombianos -  lo legal en sí y por sí como un valor sacrosanto al margen de su  eficacia social y de su valor instrumental- , las distintas categorías de ciudadanía se encuentran mentalmente bloqueadas para examinarlos y pensarlos, por lo menos, con relativa objetividad.

Como ya lo hemos dicho también es necesario evitar toda idealización de la Jurisdicción Especial de Paz. Aunque en los meses y años que vengan podrá haber una reducción en la intensidad y frecuencia de las acciones armadas, sin embargo, dura y cruzada por muchos conflictos y contradicciones va a ser la etapa de puesta en acción de la Jurisdicción Especial de Paz. Para manejar  esa etapa, hay que abordar lo puntual, el día a día, pero manteniendo una mirada de mediano y largo plazo. Si  los acuerdos, con los blindajes que se le están dando, continúan avanzando, sólo el 23 de marzo del  2016 podrán firmarse. Entonces, las Farc tendrán plazo hasta el 23 de mayo para iniciar el proceso de la dejación de las armas y  sólo entonces podrán comenzar el proceso de transformación en partido político. Para esa fecha, los miembros de la nueva organización partidista quedarían habilitados para el ejercicio pleno de sus derechos políticos, excepción hecha de quienes hayan asumido las responsabilidades colectivas de los delitos de guerra y de lesa humanidad. Este sector del nuevo partido político sólo se habilitará políticamente cuando haya resuelto su situación judicial. Entonces, si la Jurisdicción Especial de Paz se pone en vigencia a finales del 2016 o principios del 201, sólo para el 2025  los sancionados con 8 años podrán pensar en su plena  habilitación política.   

Entonces, entre los ejes de acción de avecinan, todos muy complejos, se pueden destacar,  

E. La terminación del punto 5 sobre víctimas y del tercero sobre el final del conflicto.

F. La definición  de los  puntos centrales para la implementación de los acuerdos (su formalización jurídica y su   legitimación ciudadana sociopolítica);

G. El abordaje de  las 28 salvedades que existen alrededor  de los tres primeros acuerdos;

H. El logro de un cese bilateral del fuego, lo que sería una robusta indicación empírica de que se ha dado otro gran paso;

I. La puesta en acción de  una estrategia de desparamilitarización del país, lo que se impone  como medida de protección de la nueva fuerza política que ingresaría al régimen político;

J.  La concreción  de  alguna forma de acción orientada a posibilitar  que los Acuerdos Centrales entren a hacer parte del llamado “Bloque Constitucional”;

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[1]. Franco, Saúl, “Huele a paz, El espectador, 01--2015.

[2] . Santos, juan Manuel, “Proceso de Paz”, El Espectador, 06-09-2015.

[3]. Gutiérrez S, Francisco, “Los árboles y el bosque”, El Espectador, o8-09-2015; Duzán, Maria Ximena, “Debate Kafkiano”, 04-10-2015.  

[4].Encuesta del Centro Nacional de Consultoría de septiembre del 2015, 29-09-2015.

[5] . www.eltiempo.com, 29-09-2015; Cristo, Juan Fernando, “Choque Santos y Uribe”, El Espectdor, 07-09-2015.

[6] . www.lafm.com.co/noticias/fiscal-uribe-podría-ser-invest-191559 .

[7] . https://eligiopalacio.files.wordpress.com/.../mejores-columnas-octubre-04 .

[8] .”En 50 hora06-09-215. s se logró el acuerdo sobre justicia”. Entrevisya de Marisol Gómez Giraldo a Jorge Leyva, www.eltiempo.com,

[9].Abad FACIOLINCE, Héctor, “LOS DETALLES DEL DIABLO”, El Espectador, 4-10-15-2015, pg. 8.

[10] . En un artículo de Jaime Arango Mejía, “Preguntas sobre el acuerdo de paz” esos  y otros interrogantes están muy bien condensados. El Mundo, 04-09-2015.

[11].Melo, Jorge Orlando, “Narcotráfico y democracia: la experiencia colombiana”, www.jorgeorlandomelo.html.

[12]. Ortega, Ricardo,”Hay que buscar una salida razonable para los activos de las Farc”, www.laverdadabierta.com/ .

[13] . “Proceso de Paz con las Autodefensas”. Memoria Documental 2005-2007, pg. 64.

[14] . hsbnoticias.com/noticias/política/senador-alvaro-uribe-reveló-análisis-sobre-la-jurisdiccion-160281.

[15].  “¿Paz sin Uribe?, Semana, 11 al 18 de octubre del 2015, Edición 1745, pgs.22-25.

[16] .  www.bluradio.com/111737/no-perdonar-secuestradores-de-mi-padre-nos-hace-seguir-escustrados , 20´09-2015.

[17] .  www.eltiempo.com/GALERIAFOTOS-WEB-PLANTILLA-GALERIA