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martes, 16 de junio de 2015

Atisbos Analíticos 224, abril 2015, Humberto Vélez r, profesor de la Universidad del Valle; investigador del Grupo “Política y Conflictos” del Programa de Estudios Políticos;  y Presidente de  ECOPAIS, Fundación Estado*Comunidad*País, “Un nuevo Estado para una nueva Colombia”. humbertovelezr@gmail.com, ecoapaisatisbosanaliticos2000.blogspot.com.

LOS DIALOGOS DE LA HABANA Y LOS RESPONSABLES  POLÍTICOS COLECTIVOS  DEL ORIGEN DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO.
0tra Mirada sobre sus orígenes.

A CARLOS  GAVIRIA DIAZ,
CON ENORME ADMIRACIÓN
Y  UN INMENSO AFECTO.

Abstract
PRIMERA PARTE
1.      LA JUSTICIA RESTAURATIVA Y NO EL DERECHO PENAL COLOMBIANO COMO REFERENTE REGULATORIO Y AXIOLÓGICO CENTRAL DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL
2.     ¿QUÉ SIGNIFICA HISTORICIZAR PARA COLOMBIA LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL?
3.     HACIA OTRA CONCEPCIÓN DEL DERECHO
4.     LOS DIÁLOGOS DE LA HABANA:SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS,

SEGUNDA PARTE

SEGUNDA PARTE
CONSIDERACIONES CRÍTICAS GENERALES  DEL TRABAJO ACADÉMICO DE LA COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y DE LAS VÍCTIMAS.
TERCERA PARTE
OTRA MIRADA SOBRE LOS ORÍGENES DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO: EL ESTADO COLOMBIANO, LOS ESTADOS UNIDOS Y, EN MENOR GRADO, LAS FARC COMO LOS MÁS IMPORTANTES RESPONSABLES POLÍTICOS.
1.    TRES NIVELES DE CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DE LOS ORÍGENES DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO.
A.    Primer Nivel de Contextualización histórica: La Historia de las Violencias políticas.
B.   Segundo nivel de Contextualización histórica: La Configuración de “un Estado estructural e institucional y, con el tiempo, culturalmente Contra-opositor”.
C.   El tercer Nivel de Contextualización histórica de los Orígenes del Conflicto interno armado: la Historia de las relaciones de Colombia con el Imperio norteamericano.
2.    Las tres Contextualizaciones históricas y nuestro objeto de estudio.
3.      LOS ORÍGENES DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO O DE LA VIOLENCIA POLÍTICA SUBVERSIVA CONTRAINSURGENTE.
4.      LOS RESPONSABLES POLÍTICOS COLECTIVOS DE LOS ORÍGENES DE LA VIOLENCIA SUBVERSIVA CONTRAINSURGENTE.
CUARTA PARTE
ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS 12 INFORMES Y DE LAS 2 RELATORÍAS. (En proceso de elaboración).


PRIMERA PARTE

1.     LA JUSTICIA RESTAURATIVA Y NO EL DERECHO PENAL COLOMBIANO COMO REFERENTE REGULATORIO Y AXIOLÓGICO CENTRAL DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL 
Plurales y valiosos en lo académico los 12 Informes y 2 Relatorías de la Comisión histórica del Conflicto interno armado - en la práctica 14 Informes-, sin embargo, por variopintas razones, en lo político dificultosamente podrán aportar a la colombianización de la Justicia Transicional: 1. por la extensión, 809 cuartillas; 2. porque los relatores, después de esbozar    una legítima y necesaria interpretación de cada escrito desde el cual leerlos a todos, no produjeron un texto común, ágil y  condensado y pedagógico, en el que recogiesen los consensos y disensos; y 3. porque casi todos, con algunas excepciones, al centrarse más en la eterna  persistencia y atroces consecuencias del conflicto interno armado, relegaron a un segundo plano la identificación concreta, y no vaga e implícita,  de los responsables fácticos políticos colectivos. No es  que  los académicos seleccionados, a partir de una delimitación de las responsabilidades individuales,  hayan sido comisionados para iniciar la judicialización de  los responsables, pero la Mesa de la Habana sí les fijó con claridad su oficio,
hacer un estudio interpretativo personal sobre los orígenes, persistencia y consecuencias sobre la población del conflicto interno armado, que  sirviese de “insumo fundamental” para  la inteligencia de   su complejidad y de sus responsables, así como para una futura Comisión de la Verdad.[1]
Pero, al haberse silenciado o dejado implícito o relegado a un segundo plano lo de la responsabilidad grupal de los distintos actores, en nuestra opinión será poco lo que esas 809 páginas podrán ilustrar e inspirar los debates y acuerdos  de la Mesa sobre la Justicia Transicional.
Para evitar equívocos conceptuales y prácticos, digámoslo de entrada: Con el presente  Ensayo, en un primer momento, sólo se buscaba  preguntarle  a los 12   Informes  y 2 Relatorías de la Comisión de Historia del Conflicto y de las Víctimas por su aportes a lo que hemos denominado “necesaria historicización”  de la  aplicación de la Justicia Transicional a las negociaciones de la Habana, pero, al tornarse un poco difícil la tarea, sobre todo por no encontrar en ellos criterios operativos que posibilitaran esa intención inicial, en un segundo momento, decidimos formularles una primera crítica que, a partir de nuestra propia lectura de los orígenes del conflicto interno armado, de modo explícito pusiera sobre la mesa el problema concreto de los responsables colectivos, asunto que sólo se  aborda, de modo explícito, en uno que otro Informe.
Pero, antes de avanzar en esa dirección, convienen  unas importantes advertencias previas.
2.    ¿QUÉ SIGNIFICA HISTORICIZAR PARA COLOMBIA LA JUSTICIA TRANSICIONAL?
Historicizar o colombianizar la aplicación de la Justicia de Transición, de ningún modo significa inventarse formas caprichosas de hacerlo “a la colombiana”, tal como lo  ha sugerido el congresista  Roy Barreras. [2] Irse por esta nefasta vía podría conducir, de acuerdo con la tradición de  una histórica y muy perversa picardía criolla, a asumir que la Justicia Transicional puede ser  sinónimo de   impunidad total; sería como doblegarse a voces facilistas que proclaman, “ los derechos de las víctimas sí, claro que  es algo importante, pero, al fin y al cabo, es un asunto que a la larga podrá  arreglarse cuando la memoria se vaya apaciguando”; sería aceptar la postura santanderista, que en el mismo acto que  idealiza  los Tratados Internacionales que ha suscrito Colombia en materia de delitos de Lesa Humanidad,  proclama, “claro que hay que respetarlos, pero ellos no pueden funcionar como una ‘enredadera jurídica’ capaz de  entorpecer el logro de la paz”.
Pero no, muy  al contrario, historicizar para Colombia en este 2015 la aplicación de la Justicia Transicional  significa manejarla en el contexto específico de nuestro conflicto interno armado; implica saber cuáles han sido sus orígenes y quiénes y cuántos han sido sus responsables fácticos no tanto morales; entraña fijar  cuáles y cuántas han sido las atrocidades cometidas entendiendo por éstas los crímenes de guerra  así como los actos de lesa humanidad; comporta ubicar al conjunto de los victimarios para aplicarles a todos medidas de excepcionalidad que, de modo necesario, no tienen por qué ser las mismas, pues su presencia y roles en la guerra interna  han sido distintos; historicizar la aplicación de la Justicia de Transición  también encierra entender que este “este trato distinto” no puede significar ser más bondadosos con unos, los soldados, por ser parte de “una suprema razón de Estado” y más rigurosos con otros, los guerrilleros, por haberse rebelado contra esa ficcionaria idea de Estado; comporta saber que las razones de la guerra y los imaginarios bélicos sobre ella vigentes, son  y han sido razones e imaginarios de la guerra en Colombia y no en otros países donde han acaecido sucesos similares; finalmente, colombianizar la aplicación de la Justicia de Transición en esta sociedad  en el 2015 buscando facilitar los Diálogos de la Habana, significa entender que si bien durante 200 años la construcción del Estado se ha visto atravesada por distintas formas de violencia política,  sin embargo, lo que  más importa ahora para el presente  caso, es el conocimiento de esa forma específica de violencia política llamada conflicto interno armado, o violencia subversiva contrainsurgente, que ha cumplido medio siglo de existencia. (1964-2015).
3.    HACIA OTRA CONCEPCIÓN DEL DERECHO.
Otra importante advertencia se liga a la necesidad de  aclarar el hecho de las maneras como se  ésta conceptuando el Derecho, nacional e internacional, en estos Diálogos de la Habana. Algunos, concretamente  algunos guerrilleros, lo han mirado como una forma de “enredadera o maleza jurídica”,[3] aunque también otros han señalado que, después de las negociaciones de la Habana, se debe proceder a crear una nueva juridicidad.[4]
Sobre la materia, importan  las siguientes aclaraciones:
A.   el derecho nada tiene que ver con el leguleyismo;
B.    en su acepción moderna el derecho  no puede conceptuarse como algo formal; como un añadido; como una envoltura con la  que los abogados,  a veces de modo torpe o a veces de modo elegante, encubren superficialmente   los eventos de la vida social; como un rito que le permite a unos  abogados honrados rociarle agua bendita  a eventos o fenómenos en cuya gestación lo jurídico nada ha tenido que ver;
C.    no se podrá olvidar que la normatividad legal- lo legal- y la normatividad jurídica- lo jurídico- no son acepciones sinónimas pues, mientras la primera expresión hace referencia a la normatividad estatal a secas, la segunda, la recoge pero a la luz de un criterio de Justicia.[5] Lo legal asumido al margen de un criterio de justicia, de modo casi necesario  desemboca  en el legalismo que, en su versión criolla, el llamado santanderismo, muy a la colombiana idealiza y fetichiza  las normas legales sin preguntarles siquiera por su grado de efectividad social; y
D.   hoy por hoy, lo jurídico- la normatividad  legal a la luz de un criterio de justicia- es una dimensión importante y substantiva de lo social, tan importante como sus otras dimensiones, lo económico, lo político, lo cultural. En la actualidad en Francia, Pierre Rosanvallon, desde su Enfoque metodológico de Lo Político, que estudia las historias sobre cómo en una sociedad concreta ha sido construido lo social, al estudiar la forma como una sociedad se configura a sí misma como comunidad política provista de sentido, ha destacado la centralidad que adquiere la elaboración de reglas para facilitar la convivencia entre los hombres y mujeres que en ella habitan. Desde esa mirada, Rosanvallon ha rescatado del olvido la perspectiva legislativa recordándoles a los historiadores de lo político la importancia de leer, entender y pensar, al lado de las historias de  la democracia, del Estado, de la formación de ciudadanía y  de las identidades colectivas, la historia específica del campo jurídico y legislativo.[6]
Con lo dicho hasta  aquí, sólo hemos tratado de destacar algunas concepciones que, al revalorizar la idea del derecho, resaltan lo incorrecto que resulta representárselo como “embrollo o enredadera legal”. Como ilustración,  de modo contradictorio se  ha expresado Iván Márquez quien, en unos mismos tiempos, ha hablado de “maleza leguleya” y de la urgencia de que  “el proceso de paz genere un nuevo derecho.[7]
Pero, si en alguna parte, debe resaltar una nueva concepción  del Derecho y de lo Jurídico es en la aplicación de la Justicia Transicional como forma excepcional y extraordinaria de agenciarlos. Es claro que, para el caso nuestro- el  del proceso de negociación política de un cincuentenario conflicto interno armado en el que ninguna de las partes ha ganado la guerra-   no puede tener como referente normativo y regulatorio central el Derecho positivo colombiano  aun suponiendo que éste- lo que no es válido- estuviese inscrito en  la más substantiva y rica concepción de lo jurídico. Quiéralo o no quiéralo el gobierno, si con las Farc está negociando es porque  le ha reconocido, de hecho,   el derecho que tuvieron cuando se rebelaron siendo por esto precisamente por lo que el referente central de la negociación no es el Derecho Penal colombiano sino, más bien, una forma excepcional de Justicia que como la Transicional, de entrada, reconoce que  un proceso así se torna inviable sin una dosis dada de impunidad.
En nuestro concepto, el pie  jurídico de la Justicia Transicional aplicable  en Colombia no debe estar definida por una Justicia punitiva y vengativa  sino, sobre todo y ante todo, restaurativa e imaginativa e inspiradora, que  sembrada en el corazón del 12% de la población, o sea en el  de los seis millones de víctimas de todas las condiciones y categorías  que ha dejado el conflicto armado interno, se abra  como olorosa y sanativa flor, a la reconciliación colectiva, una de las cuatro dimensiones centrales de un proceso de gestación de paz integral.  De no ser así, dificultoso será que los diálogos de la Habana sean  exitosos y, por eso, dentro de unos  cinco o seis años en Colombia podría haber el doble de víctimas, pues ése parece ser el dilema: O negociación hoy o la más  impredecible y quizás imparable y desregulada  re-guerra mañana.
Como resume, en las actuales negociaciones de la Habana el referente  regulatorio y axiológico central de la Justicia Transicional no puede ser el Derecho Penal colombiano sino una Justicia Restaurativa Reparadora, Imaginativa  e Inspiradora, así con mayúsculas subrayadas todas las adjetivaciones.
Pero, el Derecho Humanitario Internacional también ha sido conceptuado como “maleza jurídica”. Entonces, habría que hacer “a un lado los actuales entramados jurídicos internacionales”. Se trataría de sacarle el cuerpo, sobre todo, a Tratados que,  suscritos por Colombia, señalan que, para los delitos  de lesa humanidad, no caben los dispositivos clásicos  del indulto y de la amnistía. Por muchas razones, una conducta así  no es correcta, primera, porque  en materia internacional también debe incidir la ya señalada nueva concepción, del derecho; segunda, porque  la Justicia Transicional es un componente del DIH ligado, en su propia concepción intrínseca,  a los derechos de las víctimas; y tercera, porque en este mundo cada vez más globalizado, los Tribunales Internacionales de Justicia han venido adquiriendo una enorme centralidad teórica y práctica y entonces los que quedarían en el vacío serían los acuerdos que se pacten en La Habana que, en el momento menos pensado, podrían verse  cuestionados. 
Claro que los delitos de Lesa humanidad, que nos ofenden a todos los humanos, ni siquiera han sido tipificados en el Derecho positivo penal colombiano; aún más, los Tratados suscritos por Colombia en relación con los crímenes de guerra y de lesa Humanidasd tampoco prescriben que la pena aplicable a quienes los cometen tenga que ser la cárcel. Algunos sueñan con poder observar a Timochenko  vestido a rayas y otros también  sueñan forrando con  una vestimenta así a los militares autores de los atroces falsos positivos, pero eso no podrá ser así no porque en la Habana vaya haber una  impunidad total pactada- que habrá penas para los máximos responsables de los  delitos  de lesa humanidad, claro que las tendrá que haber por las razones ya señaladas- sino porque la justicia en el contexto “de una negociación para ponerle fin  al conflicto  es algo mucho más complejo que definir si habrá o no habrá  cárcel”.[8] Lo colocamos de relieve: nada de lo anterior podrá definirse  mientras no haya un acuerdo concreto sobre el modelo específico de Justicia Transaccional que habrá en la Habana, asunto sobre el cual mucho se ha discurseado pero que todavía no ha sido objeto de un debate centrado. Sobre la materia cada parte, de modo autónomo, ha adelantado algunas posiciones iniciales que, al constituir el punto de partida de una negociación, son siempre extremas y cerradas.  Por ahora, Santos ha adelantado, “no queremos firmar un acuerdo que luego sea desmontado en las cortes”; y aunque algunos guerrilleros, micrófono en mano, han declarado que no pagarán ni un día de cárcel, otros, por ejemplo, Pablo Catatumbo, han dicho que están dispuestos a ser juzgados si lo son también “Presidentes y Ministro de Defensa”. Ya se verá cómo empiezan a modificarse esos primerizos discursos cuando, de parte y parte, entren a jugar las necesidades y los intereses y se pacten unas penas realistas, que no pongan en peligro la negociación. De todas maneras, podrá pensarse en penas alternativas, efectivas, como, por ejemplo, una reclusión temporal domiciliaria o en otro sitio que no sea cárcel,  y simbólicas,  a guisa de ejemplo, la realización durante un tiempo dado de alguna forma efectiva y consistente de ejercicio catártico con las víctimas o la realización en Zonas de Defensa Campesina de un trabajo sistemático en obras de beneficio comunitario.  Lo importante en este caso como equitativo,  es que para los delitos de lesa humanidad,  la penas alternativas cubran a los distintos tipos de victimarios de acuerdo con los grados y calidad de las responsabilidades de cada quien. 
Pero, no se trata solamente de la concepción que se tenga de lo jurídico  como dimensión importante de lo social, sino también de la importancia política y ética de lo jurídico como una de las “patas” de una Justicia transicional, que en este 2015 busca  posibilitar una negociación política de un ya casi sesentón conflicto interno armado  entre un Estado, que necesita negociar y unas guerrillas, que también lo requieren, aunque  no han sido  militarmente derrotadas. Es decir, se trata también de la importancia política  y ética de lo jurídico en un proceso eminentemente político. Sobre la materia, no podemos sino estar de acuerdo con el profesor Rodrigo Uprimny de la Universidad Nacional de Colombia,
  Las Farc y el expresidente Gaviria…creen que un acuerdo de paz  es simplemente un pacto político que luego unos buenos abogados dotan de una forma jurídica apropiada. Pero la cosa es más compleja, pues en las últimas décadas el derechos internacional ha impuesto límites  a lo que  es posible acordar  en un proceso de paz, que son esencialmente  que los derechos de las víctimas  sean satisfechos hasta donde sea posible, lo cual incluye el deber de que rindan cuenta los responsables de las atrocidades, o al menos, los máximos responsables. Esas limitaciones  no son una ‘simple enredadera jurídica’ “primero  porque tienen una profunda justificación ética, pues “un acuerdo de paz  que desconozca los derechos  de las víctimas no es totalmente justo, incluso si es exitoso y logra sacarnos de la tragedia de la guerra” , y segundo, porque “esas  limitaciones no son simples hojas de papel que se puedan ignorar, sino que son una realidad política: un acuerdo de paz que ignore los derechos de las víctimas no tendrá ninguna solidez ni estabilidad jurídica pues podrá ser cuestionado exitosamente  ante tribunales colombianos o tribunales internacionales…Es cierto  que el proceso de paz con las guerrillas  es esencialmente político. Pero, la única forma de que alcancemos  un acuerdo que sea ético y sostenible jurídica y políticamente  es que logremos  una fórmula de justicia transicional, que sea sensible  a las exigencias políticas de la paz, pero igualmente sensible a los derechos de las víctimas”. [9]
4.   LOS DIÁLOGOS DE LA HABANA:  SITUACIÓN ACTUAL  Y PERSPECTIVAS.
En estas primeras semanas  de marzo del 2015, Colombia se avecina, encontrándose todavía un poco alejada y con muchas y variadas amenazas encima,  a una histórica y muy compleja etapa, la de la ya oficialmente bautizada etapa “postconflicto” y que en este Ensayo, para evitar equívocos conceptuales y prácticos, vamos a denominar etapa “postconflicto interno armado”, o mejor, etapa “post-acuerdos La Habana”. Si quisiéramos encapsular en unas primeras  generalizaciones  [10] lo que en los últimos 26 meses ha acontecido en la Isla de Martí entre los dos equipos de negociadores, las condensaríamos así advirtiendo, eso sí, que en ellas se encuentra subsumida, todavía como ideal o ideario,  la noción de Paz Integral  con  cuatro subnociones, que permiten pensar las cuatro dimensiones  centrales de ella, vale decir,  1.pacificación; 2.paz positiva; 3.reconciliación; y 4.  La   construcción de una cultura ciudadana democrática:
de la Habana no saldrá una barcaza cargada de  la paz integral, mas sí  una primera y muy importante pacificación- o dejación de las armas por parte de uno de los insurgentes - untada de unas pequeñas dosis de paz positiva asociadas, 1.a un  cambio en la estructura de tenencia y uso de la tierra destacando que se apeló a  este lenguaje técnico para no asustar a nadie  con la palabra reforma agraria, que   afectaría a unas  10 millones de tierras ociosas en manos de terratenientes improductivos; 2.a un avance en la democratización del régimen político al permitir la presencia de un nuevo actor, es decir, de las Farc convertidas en partido político legal dotado del programa que considere más  coherente con sus idearios; y  3. a una retirada de esa guerrilla del mundo del narcotráfico y de las armas. Entonces, en materia de pacificación y de construcción de paz positiva, hasta allí irá todo. Esto no obstante, en estos más de dos años, los Diálogos de la Habana  han funcionado como una magnífica coyuntura histórica de oportunidad para esclarecer e iluminar  varios horizontes  centrales y estratégicos, a saber: 1. que en Colombia la construcción de paz integral, la asociada a la equidad social, sólo podrá ser obra del movimiento social popular  por la paz que, en sus dinámicas y procesos territorialmente locales y regionales,  tendrá que arrastrar a los gobiernos en esa dirección; 2. que si bien  en esta coyuntura las víctimas colectivas , de muy distintos tipos de victimarios, han venido dando un importante paso adelante en materia de reconciliación, ésta sólo irá tomando forma, en el mediano y largo plazo,  a través de largos y variados procesos catárticos ligados a construir perdón, personal y  colectivo, a partir  del establecimiento de la verdad y de una reparación humanamente satisfactoria; y 3. que durante estos 26 meses la Habana ha funcionado, por otra parte,  como una   excelente y muy  didáctica maestra que  ha empezado a enseñarnos  a todos, a los niños y niñas sobre todo, que los “enemigos” no existen para matarlos sino para “conversar, dialogar, arreglar y convenir con ellos”; a este respecto, los colombianos como que hemos empezado a avizorar que, más allá de la históricas violencias políticas, existen otros métodos estratégicos para el  manejo de la inevitable y  siempre presente  conflictividad social: Los  métodos ligados a la gestación y vigencia social de una Cultura ciudadana democrática, de la que todavía carecemos  en nuestra sociedad. 
Entonces, de la Habana saldrá “una pacificación”, faltando todavía muchas “otras”; saldrá también  “un poquito de paz positiva”, faltando todavía “casi toda”; emergerá, además,  “un asomo de  reconciliación”, el que  será apenas  una islita en el proceloso mar de odios  y venganzas e intolerancias, que nos han caracterizado; pero, más allá de tantos “pocos”, como ideal se destacará   un “mucho” pues,  el proceso de diálogos en su conjunto nos han evidenciado la necesidad de que los colombianos empecemos a construirle otros caminos de salida a la siempre humanamente necesaria y  enriquecedora conflictividad social, pues como nos lo escribía hace tres décadas el siempre vivo y actual Estanislao Zuleta,
“porque si se quiere evitarle al hombre el destino de la guerra hay que empezar por confesar, serena y severamente la verdad: la guerra es fiesta. Fiesta de la comunidad al fin unida con el más entrañable de los vínculos, del individuo al fin disuelto en ella y liberado de su soledad, de su particularidad y de sus intereses; capaz de darlo todo, hasta su vida. Fiesta de poderse probar sin sombras y sin dudas frente al enemigo perverso, de  creer  tontamente   tener la razón y de creer más tontamente  aún que podemos dar  testimonio de la verdad con  nuestra sangre…Cuando Hamlet se reprocha su indecisión en una empresa aparentemente clara como la que tenía ante sí comenta, ‘Mientras,  para vergüenza mía, veo la destrucción inmediata de veinte mil hombres que, por un capricho, por  una estéril gloria van al sepulcro como a sus lechos, combatiendo por una causa que la multitud es incapaz de comprender, por un terreno que no es suficiente  sepultura para tantos cadáveres’. ¿Quién ignora que éste es frecuentemente el caso? Hay que decir que las grandes palabras solemnes: el honor,  la patria, los principios, sirven casi siempre para racionalizar el deseo de entregarse a esa borrachera colectiva…Si alguien me objetara que el reconocimiento previo de los conflictos, de su inevitabilidad y conveniencia, arriesgaría paralizar en nosotros la decisión y el entusiasmo  en la lucha por una sociedad más justa, organizada y racional,  yo le replicaría que para mí una sociedad mejor  es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De vivir, no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Qué sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz”. (Subrayados nuestros). [11]
Por fortuna, fortuna  todavía tambaleante en esta coyuntura del 2015, Colombia, tras 70 años de borrachera bélica colectiva - de unos alegremente “insurgiendo”  y de otros más alegremente “contrainsurgiendo” casi como un festivo estilo  de vida - como que ha entrado en una fase de “guayabo o resaca político moral” en la que, al sentir y evidenciar que ya no hay territorio, ni físico ni mental, donde colocar el pie sin mancharlo de sangre,  por vez primera ha empezado a pensar en serio en la posibilidad de manejar por otras vías, distintas de las de la violencias políticas, su inmensa conflictividad social. No es que, de modo necesario, el país entero esté apuntando en esa dirección, pero nunca en una ya larga historia de negociaciones frustradas del conflicto interno armado[12], se había avanzado tanto hacia una primera e importante y  efectiva pacificación. La negociación ha avanzado, pero todavía puede regresarse. Todo parece indicar que al iniciarse el  actual ciclo 35 en esta semana de abril de postsemana santa,  no obstante haberse avanzado en los puntos agendarios de las víctimas, el tema concreto del Modelo  específico de Justicia Transicional a aplicar, todavía no ha sido objeto de un tratamiento centrado y, de ahí que, por ejemplo, Pablo Catatumbo insista en posturas propias de un punto de partida,
A los delincuentes comunes no se les aplica el Protocolo II de Ginebra, como a los rebeldes no se les puede dar el tratamiento  diseñado para bandas criminales, ni el derecho penal del enemigo”.[13]
Como generalizaciones descriptivas adicionales válidas de este proceso de más de dos años, se pueden destacar las siguientes virtudes, que deben ser examinadas en el contexto de lo que son y han sido los principios, las lógicas y prácticas asociadas a todo proceso de negociación:
1.      La metodología de negociación utilizada ha sido correcta ateniéndose al juego dialéctico entre posiciones iniciales muy cerradas y  las lógicas  de las necesidades e intereses de cada parte. Un primer e importante ejemplo.[14] En los ciclos iniciales cuando se debatía sobre el desarrollo rural integral, mientras las farc partían  demandando una reforma agraria rural radical  que “afecte al conjunto del latifundio incluido el comercial empresarial”, el equipo negociador del  gobierno  se encerró en la posición de  “nada de reforma agraria”; entraron a jugar entonces, sin explicitarlas,  las razones por las que a cada parte le urgía negociar- para el gobierno, brindarle  protección al capital extranjero que llegaba  a invertir en la economía extractiva y para las farc, la necesidad de cambiar las balas por los votos como forma de hacer socialmente más eficaz su quehacer político- confluyendo uno y otro en unas posturas más flexibilizadas que favorecían los intereses  distintos de gobierno y guerrilla: mientras para el gobierno esa era la ocasión para incorporar a la producción diez millones de hectáreas que, improductivas, permanecían en manos ociosas de hacendados y terratenientes, para las Farc esa fue la ocasión de recoger su ideal y promesa de una reforma agraria. Se produjo así un primer acuerdo informal: el de una reforma de la estructura de tenencia y  uso de la tierra. Ahora 17 de marzo del 2015, al entrar los negociadores en el ciclo 34 de los diálogos, algo similar está  ocurriendo con la forma de manejo y de aplicación de la Justicia transicional. Como postura inicial, las Farc han partido afirmando la no aplicabilidad  de la Justicia Transicional en Colombia – ésta, dijo Iván Márquez en teleconferencia desde la Habana en el Foro organizado en Londres  por la ONG “Justice for Colombia”,  no cabe para el caso colombiano, que no es el de la transición de una dictadura a la democracia sino el de la negociación de un conflicto interno armado- hablando, más bien, de una Justicia Especial, que partiese reconociendo el derecho a la rebelión, lo que el país necesita, afirmó Márquez, es una justicia distinta que le dé confianza para la paz”. En su concepto, el proceso de negociación debe contribuir a esclarecer y afianzar el delito político que, en términos de justicia, “tiene como recursos el indulto y la amnistía, para que a través de estos mecanismos se puedan encontrar  los caminos del entendimiento”. [15]
No se trata de enfrascarse en un  debate estéril sobre la pertinencia o no pertinencia conceptuales  de las apreciaciones de Iván Márquez, sino, más bien, de resaltar que ésta ha sido la postura radical, con apariencia de definitiva, al terminar  el  ciclo 33 de los Diálogos de la Habana.  El gobierno, por su parte, ha insistido en una Justicia Transicional que, al no estar  montada sobre una impunidad  como la apresada en la expresión de Márquez “para los guerrilleros cero cárcel”[16] , conduzca a las Farc a reconocer su condición de victimarios, a pedir perdón públicamente, al reconocimiento de la verdad, a la reparación satisfactoria de las víctimas y a garantizar la no repetición mediante una dejación de las armas, que sea total, transparente y verificable.[17] Entonces, también en este caso, presumiendo ya la voluntad política común de negociar,  a partir del ciclo 34 entrarán  a jugar las necesidades e intereses de parte y parte para hacerse concesiones, que permitan construir un complejo y dificultoso  acuerdo, expresión de posiciones más abiertas sobre la aplicación en Colombia de  la Justicia Transicional.
2.     Una segunda virtud  de los Diálogos de la Habana ha consistido  en haber sido el resultado de una negociación de la negociación, que permitió, en una fase exploratoria, acordar una Agenda acotada que, de entrada marcó los límites y limitaciones de  lo que hemos llamado “una pacificación parcial untada de una cierta dosis de paz positiva”; fue así como  el contenido de la agenda pactada quedó subordinado a la situación de las relaciones políticas y militares vigentes en un territorio colombiano de guerra mucho más estrecho que el que existía una década atrás cuando se produjo la frustrada experiencia del Caguán ahogada por una agenda de paz positiva  cercana a una “revolución social”.
3.     Otro mérito destacado de los Diálogos de la Habana como experimento político,  ha sido el no haber dejado suelto  el componente del Estado como fenómeno de fuerza, el de los  Administradores  de la legitima  coerción, tal como había sucedido en las anteriores experiencias de negociación; ahora “los Generales” han tenido presencia desde un principio, en su momento conformaron Comisiones especializadas  para discutir con los negociadores de la guerrilla los asuntos más técnicos de la guerra, y finalmente, cinco Generales y un Almirante viajaron a la Habana a un conversatorio con los dos equipos de negociadores. El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, como ninguno celoso y puntiagudo  guardián del peso de lo militar dentro de la estructura del Estado, le explicó a sus ciento veinte mil subordinados que ese selecto y experimentado grupo  había viajado a la Habana a apoyar  a la Subcomisión  encargada de cristalizar el des-escalamiento  del conflicto interno armado teniendo  en mente aclimatar un futuro cese bilateral con las  Farc. [18]
4.     Aunque los apoyos internos ciudadanos a los diálogos han mejorado de modo notable en las últimas semanas- para el 7 de marzo del  2015 el 72% de los entrevistados contestó que había sido un acierto del gobierno haber iniciado los Diálogos de la Habana[19]- , sin embargo, el gobierno de Santos ha aprovechado el hecho de que internacionalmente Colombia ha sido reconocido como una economía de tasa media alta[20], para agenciar muchos pasos, en falso o por lo menos en el vacío buena parte de ellos,  orientados a posibilitar el ingreso de Colombia a la OCDE, El Club de las Países ricos y de la buenas Prácticas, idea e ilusión que ha permitido redondear fuertes apoyos externos al proceso de pacificación. [21]
5.     Pero, dos han sido las fallas más notorias y notables de esta experiencia: de una parte, el no haber logrado en algún momento animar el despegue de unos diálogos con el ELN, organización quizá más  importante en lo político social que en lo militar, y  que,  más que como una clásica guerrilla, ha operado como un partido en armas altamente sensibilizado por las ideologías y prácticas asociadas a la realización de un trabajo político orientado a jalonar la movilización social[22]; y de la otra, la precaria pedagogía que se ha hecho orientada a corregir los imaginarios ciudadanos  bélicos negativos y perversos y anti-verídicos, inyectados, de modo permanente, por buena parte de los Mass Media y por los enemigos de la pacificación.
Si desde hace 26 meses, desde los  primeros ciclos de los diálogos, los Atisbos Analíticos advirtieron que si se producía un  acuerdo informal alrededor de algún tipo de reforma agraria- que no la habido habido nunca en la historia de Colombia- era muy posible que los diálogos, en medio de flujos y  caídas y reflujos,  empezasen a adquirir vida propia , sin embargo, en la coyuntura actual, en la que se vivirá a partir del 34 ciclo en este mes de marzo,  si no se produce una concertación entre las dos partes en torno  a las formas concretas de aplicación de la Justicia Transicional en Colombia para este caso específico del conflicto interno armado,   es muy posible que esta experiencia no sea exitosa como actualmente se espera. Crucial, es entonces, este momento de los diálogos,
…aún  no me atreveré “a decir que el proceso de paz es irreversible”; no estoy  en condiciones de “asegurar que vamos a tener éxito”, pues, aunque se han logrado grandes avances, “aún hay retos importantes por asumir para terminar el conflicto armado”, dijo en estos días  en un Foro Humberto de la Calle  Lombana, coordinador del equipo negociador del gobierno; y hace apenas un mes Conor Murphy, diputado de Sinn Fein en el parlamento británico y uno de los participantes en el ya citado Foro de Londres, declaró, ”el tema de la justicia  sin duda es el más difícil dentro de una negociación de esta naturaleza” y, por lo tanto, las partes “tienen que encontrar  los mecanismos necesarios  para dejar atrás el conflicto  y darles a las víctimas algún sentido de Justicia”.[23] Y por esa misma fecha, el 18 de febrero,  Sergio Jaramillo, quizá el más orgánico de los negociadores oficiales, señaló: “En los próximos meses, sabremos si realmente  habrá paz o no. Yo tengo la convicción  de que llegamos al punto crítico del proceso. Este es el momento de las decisiones…La paz con las Farc sólo podrán ser una realidad…si logramos con ellas un acuerdo razonable en materia  de justicia (transicional)”. A Jaramillo lo reafirmó Santos al destacar, “El proceso entró  en una fase decisiva, en la cual la justicia transicional es uno de los temas  más complicados en la negociación”.[24] Y para no sobreabundar, escuchemos a  la analista comunicadora  María Elvira Samper diciendo que, “tengo la impresión  de que el proceso de la Habana  ha entrado en su etapa más crítica, más compleja y con más riesgos  de ruptura, pues la nueva ronda de conversaciones enfrenta la discusión sobre las víctimas, sin duda el punto más sensible de la agenda y, si se quiere el momento de la verdad. La prueba ácida de la verdad para las Farc, para establecer si tienen  o no la disposición de reconocer que han dejado numerosas víctimas y que su deber es confesar la verdad sobre las atrocidades cometidas y repararlas para sanar de alguna manera el daño causado”. [25]
Pero,  complementando a Maria Elvira Samper, digamos, que a partir de este 34 ciclo del proceso, éste ha entrado en un momento crítico, pero para todos los victimarios, llámense guerrilleros, paramilitares, agentes del Estado o civiles patrocinadores y financiadores  de múltiples atrocidades…etc. No podrá olvidarse que el Consejo de Estado ha clasificado  los más graves crímenes de guerra y de lesa humanidad  en los últimos 25 años: registradas se encuentran  en un texto de 292 páginas 160 providencias expedidas en las últimas dos y media décadas en las que se registran graves violaciones a los derechos humanos y al DIH y aunque en los casos seleccionados    el Estado sale mal librado, ellos no quiere decir  que se trate de acciones u omisiones  exclusivamente  de la Fuerza Pública  o de instituciones oficiales; por el contrario, muchos de los sucesos incluidos  tienen que ver con hechos  perpetrados por guerrilleros y paramilitares que, al ser evaluados  por la Justicia administrativa, se concluyó que “la cobertura del Estado fue insuficiente y, de una manera u otra, permitió fatales desenlaces”. [26] O sea que el Estado también ha sido responsable  por omisión, por una cobertura insuficiente de sus obligaciones, o por acción, de acuerdo con la Oficina  del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, entre el 2004 y el 2008 en Colombia hubo tres mil víctimas de falsos positivos.[27]
Como en los últimos dos  meses, nunca sobre  los Diálogos de la Habana había caído una llovizna  tan funcional y refrescante  de acciones positivas; ha habido unas buenas bocanadas de humo blanco. Para destacar[28],
*** Al terminar el ciclo 33,  la Pacificación se internacionalizó: llegó al país el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quien se reunió con el presidente Santos y luego se fue a Cuba a conversar con los dos Equipos de Negociadores; vino también Bernard Aronson, el observador designado por Obama, y uno de los más importantes facilitadores de los procesos de paz centroamericanos; también estuvo unas semanas en Bogotá  apoyando el proceso de paz el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias; se recibió también el respaldo de Alemania y para esos efectos vino Bogotá su Ministro de Relaciones Exteriores, Frank Walter Steinmeier; y ni corto ni perezoso, el presidente Santos se fue a España logrando conformar un fuerte pool de defensores internacionales muy alrededor del presidente Mariano Rajoy, quien se comprometió  “a través de su Ministro  de Asuntos Exteriores, José Manuel García, a impulsar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas  el apoyo necesario para blindar los acuerdos a que se llegue en la Habana, sobre todo en materia de Justicia” .
Como consecuencia de este sólido  robustecimiento de los apoyos exteriores a los Diálogos de la  Habana, ahora la oposición liderada por Uribe Vélez  se ha visto obligada a decir que ella también es amiga de la paz, aunque todas las acciones que realiza continúan siendo signadas por la  ANTI-PACIFICACIÓN en la Habana. 
***En este nuevo  contexto de cualificación de los apoyos internacionales, en el interior del país las simpatías por el proceso subieron diez puntos: para el 7 de marzo del 2015 el  72%  de los encuestados consideró que había sido un acierto de Santos  haber iniciado  esos diálogos, y ahora, el 69 %, cuanto antes sólo lo había sido el 58%, consideró que era preferible salir del conflicto  mediante la negociación que a través del recurso a las armas. (Encuesta GALLUP)
***Estos cambios parecen haberse iniciado, sobre todo, a partir de las acciones de la guerrilla asociadas a un cese unilateral y definitivo  al fuego, que no a todas las hostilidades,  y a abstenerse de reclutar  guerrilleros menores de 17 años, accionar éste al que varias organizaciones civiles le han hecho un seguimiento sistemático con resultados muy positivos. [29]***Importante fue la decisión de desminar los territorios- puede ser uno de los inicios para desminar los corazones- a través de un trabajo a mano a mano entre técnicos, militares y guerrilleros “desuniformados”.
***Teniendo en el horizonte el cese bilateral del fuego, el gobierno decretó que durante un mes no habría ataques a los campamentos de las Farc, medida que se podía ampliar después de una evaluación de resultados. En esta segunda semana de abril, el gobierno ha ampliado a otro mes más  los no ataques a los campamentos de las Farc.
*** El 4 de marzo un grupo de seis Generales y un Contraalmirante  viajaron a la Habana a hacer sus contribuciones a la Comisión Técnica para el Fin del Conflicto, en la que participan también Comandantes guerrilleros. En reunión a puerta cerrada, así los recibió  unos de los militarmente duros de las Farc, Joaquín Gómez, en un encuentro en el  que apenas se está empezando a gestar la difícil transición de la relación amigo-enemigos a la relación amigo-adversarios,
“Quiso el azar  que los aquí presentes personifiquemos  este encuentro entre adversarios que por más de 50 años  se han confrontado en los campos de batalla. Quienes nos sentamos de este lado de la mesa, nos sentimos honrados de estrechar la mano de tan distinguida delegación … y no dudamos en expresarles  nuestro reconocimiento  y respeto de compatriotas…Detener esta tragedia , es la tarea que nos han impuesto  los más altos intereses de la patria. Terminar una guerra como la que nos hemos visto obligados a protagonizar desde orillas opuestas, es la más importante e histórica misión  que nos pudieran haber encomendado. Estamos seguros que las dos partes sabremos cumplirla y  honrar la confianza  que en nosotros han depositado las generaciones presentes y futuras. Un cese al fuego bilateral inmediato, verificado por instancias nacionales e internacionales, es un imperativo ético para las partes…Silenciemos ya los fusiles y que la próxima vez que se vuelva a escuchar su ruido ensordecedor, sólo sea para anunciar  con su salva  el amanecer del nuevo día para Colombia. [30]
Con éstos, y otros muchos eventos auspiciosos, fue como terminó  el ciclo de paz 33, pero, pensamos que a partir del ciclo 34, que ya se ha iniciado,  hechos como los anteriores no sobreabundarán, por lo menos hasta que se produzcan unos acuerdos que hagan viable la aplicación de una forma  histórica concreta  de Justicia transicional a los Acuerdos de la Habana.
En nuestro concepto, mientras esto no ocurra, en la Habana no habrá otros acuerdos informales substantivos; y sin acuerdos en torno al Modelo de Justicia Transicional, los tiempos de las conversaciones en la Habana empezarán a extenderse hasta un final nada feliz.  



SEGUNDA PARTE



ALGUNAS CONSIDERACIONES CRÍTICAS GENERALES  DEL TRABAJO ACADÉMICO DE LA COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y DE LAS VÍCTIMAS.
Para empezar digamos que se ha tratado de Informes en los que los autores  han puesto de sí  lo mejor de su condición de investigadores, pero también  lo más subjetivo y respetable y valioso  de su condición de ciudadanos  políticamente comprometidos. Y esto  así sucedido, ha estado bien, pues se ha tratado de seres humanos estudiando una de las mayores y más sensibles y más impactantes  tragedias de un colectivo de seres humanos del que hacen parte, y, por lo tanto, estamos en el caso  de ciudadanos investigadores  estudiando su propia tragedia.   Ha sido por eso por lo que nos han presentado no doce sino catorce valiosas  interpretaciones académico-políticas muy personales, y por lo tanto,  plurales. En los últimos meses en Colombia como que ha sido más fácil unir a los militares, allá estuvieron en la Habana y charlaron con los guerrileros, y aún a los  políticos - con excepción de uno y de los que lo siguen- los demás aceptaron hacer parte de la Comisión Asesora de Paz creada por Santos-  que a los intelectuales. Pero, no es que entre esos 14 Informes no hayan consensos, temáticos y aún interpretativos, pero, es que, primero, estamos de cara a algo muy voluminoso como para que sirva de referente centrado, 807 páginas, y segundo, las conclusiones de los estudios, que si las hemos examinado con cuidado, nos han resultado poco operativas para inferir de ellas  respuestas convergentes a nuestra preocupación central:
¿Cómo historicizar en este 2015  la aplicación de la Justicia Transicional en Colombia para hacerla viable con efectividad política, social y cultural en las actuales negociaciones  de la Habana ?
Ha sido pertinente que los dos relatores, Victor Manuel Moncayo y Eduardo Pizarro, hayan presentado su propio Informe, pues los necesitaban para desde ellos leer los de sus colegas, sin embargo, una vez esbozadas sus propias interpretaciones, deberían haber sistematizado  los consensos y disensos, tanto en los Enfoques como en  las  temáticas y las fuentes utilizadas, recogiéndolos en un texto condensado, ágil y pedagógico,  que invitase a la ciudadanía a leerlo. Al no verse abordado un manejo así, se  fortaleció la imprescindible  dosis de subjetividad presente en  todo estudio social,  pues es bien sabido que toda “selección”- recoger lo que cada quien escribió-  es ya una reinterpretación personal de las interpretaciones que se están presentando.
Esto no obstante, creemos que algunas de las presentaciones que ciertos académicos han hecho de esos Informes no han sido las más afortunadas, sobre todo la publicada por Salomón Kalmanovitz, en la que, de modo sesgado, ha parecido favorecer  al grupo de estudiosos seleccionados por el gobierno. Para evitar situaciones como ésta, los informantes deberían haber sido seleccionados uno por uno como resultado de un acuerdo entre los dos Equipos de Negociadores, pero así no sucedió, pues cada Equipo  escogió, por separado, seis investigadores y un relator. Esta  forma de proceder  alimentó todavía más la dosis normal  de subjetividad propia de la investigación social. Mientras que Kalmanovitz reivindicó a un relator- “Eduardo Pizarro presenta un Informe bien redactado, apoyado en gráficas  y muchas estadísticas”-, por no cuantitativista, descalificó al otro- “Victor Manuel Moncayo presenta algunos datos dispersos, sin ninguna organización con qué probar sus afirmaciones frecuentemente descabelladas,,,y, al final de su relatoría, presenta 14 tesis, muchas de ellas delirantes, amén de que afirma que la responsabilidad de la violencia es sistémica (de todos y de nadie), con el sorpresivo giro de que recae sobre el Estado”. Por otra parte, al referirse a los académicos nombrados por el gobierno destaca que “todos cuentan con estudios sobre historia del  historia del conflicto, como si la  contraparte no los tuviese aún más cualificados,  y, lo más inequitativo en clave académica, al hablar de los estudiosos seleccionados por la guerrilla, Sergio de  Zubiría, Padre Javier Giraldo, Jairo Estrada, Renán Vega  y Victor Manuel Moncayo , los expulsa de la academia- “reniegan  de la Ciencia Social, que busca esclarecer la verdad”-  exceptuando solamente  a Darío Fajardo, experto en asuntos agrarios, y  a Alfredo Molano, “literato” que siempre ha buscado  ser “la voz de los colonos”.[31]
Desde comienzos del 2013, la guerrilla había solicitado que se creara un mecanismo para el esclarecimiento de las raíces del conflicto, pues consideraba que las versiones de historia que sobre la materia circulaban, eran injusta con ella, y en efecto  el 5 de agosto de 2014 se creó “La Comisión de Histórica del Conflicto  y de las Víctimas”, CHCV, con el encargo de que  12 estudiosos y 2 dos relatores produjesen unos Informes,
a. sobre los orígenes y múltiples causas del conflicto;
b. sobre los factores y  y condiciones que han facilitado su persistencia; y
 c. sobre sus efectos e impactos más notorios  sobre la población.
Aunque esta Comisión de Historia no era una Comisión de la Verdad, en la que como condición sine qua non es imprescindible la voz de las víctimas, sin embargo, no tenía el mero encargo de investigar para iluminar la verdad académica, sino, también, el de contribuir a ubicar responsables de los orígenes del conflicto, de su persistencia y de sus consecuencias. Por lo tanto, no es pertinente la declaración de uno de los relatores, Eduardo Pizarro, quien en una entrevista le restó a esos Informas todo valor jurídico[32] que, en nuestro concepto, si lo tienen, aunque  no para judicializar a alguien, sino  para abrirle paso a la aplicación de la Justicia Transicional enhebrada alrededor de los derechos de las víctimas.
Pero, antes de abordar la crítica de  estos Informes, queremos leerlos desde nuestra propia interpretación del conflicto interno armado muy centrada, en una primera aproximación, en la delimitación de  los responsables políticos colectivos no de la persistencia e impactos del conflicto armado, lo que será abordado en un segunda etapa, sino de sus orígenes.


TERCERA  PARTE

OTRA MIRADA SOBRE LOS ORÍGENES DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO: EL ESTADO COLOMBIANO, LOS ESTADOS UNIDOS Y, EN MENOR GRADO, LAS FARC COMO LOS MÁS IMPORTANTES RESPONSABLES POLÍTICOS.

1.    TRES NIVELES DE CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DE LOS ORÍGENES DEL CONFLCITO INTERNO ARMADO.

Para efectos  de una comprensión adecuada de los orígenes  del conflicto interno armado vamos a recurrir a tres niveles de contextualización histórica:  
A.  La Historia de las violencias políticas contraestatales; B. El surgimiento y consolidación de un “Estado” estructural e institucional y, con el tiempo, culturalmente “Contraopositor”; y C. La historia de las relaciones de Colombia con el Imperio norteamericano.
A. Primer Nivel de Contextualización histórica: La Historia de las Violencias políticas.
Como lo han  señalado y destacado diversos historiadores -entre ellos, por sus estudios al respecto, destacamos a Alonso Valencia Llano[33]- en la historia colombiana no todos los conflictos, contradicciones, controversias, pugnas, pleitos y peleas inherentes a las distintas formas de la vida social ciudadana, se han traducido en violencias de todo tipo como si los habitantes de estos suelos, de modo anti-aristotélico e inhumano, por naturaleza hubiesen sido violentos. Muy por el contrario, un largo listado histórico de negociaciones, conciliaciones, acuerdos, pactos y convenios han cruzado la historia del país  para recordarnos que el ejercicio de la violencia se aprende y se desaprende. Sin embargo, desde que nuestros antepasados se despidieron  de los españoles reiterándoles, casi todos, distintos grados de fidelidad a la Monarquía; desde que el modelo español de dominación colonial  entró en crisis en estos territorios; desde que emergió un embrionario Estado llamado La Nueva Granada, es decir, desde hace casi 200 años una forma de violencia ha sido casi una constante aunque con algunos tiempos y espacios de reflujo y de relativo reposo. Nos estamos refiriendo a las violencias políticas que, de tiempo en tiempo, se han librado y se continúan librando alrededor de las luchas políticas, ideológicas y simbólicas orientadas al control y manejo del Estado. Se ha tratado de una constante histórica de violencias políticas contra-estatales; en todas ellas, los actores, las razones, las justificaciones, los  alcances y las consecuencias han sido distintas, pero el referente ha sido el mismo: El Estado colombiano en un estadio diferente de evolución histórica.
En muchos de los 223 Atisbos Analíticos que hemos escrito[34], hemos esbozado una periodización  de esa constante  de violencias políticas; de un total de 197 años de existencia del Estado colombiano- 1818-2015-, cuatro etapas distintas de violencias políticas contra-estatales han cubierto 143 años, con unas pausas, que en su conjunto suman  57 años, así:
1.    “El Estado en Construcción”: 82 años del siglo XIX: su forma de organización institucional territorial, si centralizada o federal, estuvo marcada por 8 Guerras civiles de cobertura nacional ( las de 1840,1841, 1851, 1860-63, 1876-77, 1885, 1895  la de 1899-1903;
2.    “El Estado Disputado”: 11 años de mediados del siglo XX, 1946-1957: fue la etapa del clásico Conflicto  interno armado bipartidista entre conservadores y liberales: en una etapa histórica en la  el Estado- dadas la cuantía del presupuesto manejado y su capacidad para crear y repartir puestos públicos  y su  significación como aparato  ideológico-cultural, eficaz en marcarle  un norte político dado a la vida colectiva- , devino en un botín apetitoso, azules y rojos  se trenzaron en una lucha a muerte por definir quién se quedaba con su control y manejo exclusivo y excluyente;
3.    “El Estado Cuestionado”:  50 años entre 1864 y 2015: a partir de la génesis  del Conflicto Interno Armado subversivo  y Contrainsurgente , Colombia entró a medio siglo de una  violencia política distinta, que es la que en la actualidad se está buscando negociar en la Habana;
4.    “El  Estado Escindido”: 20 años entre el 1995 y el 2015: superpuesto  y en relación parcial con El Estado Cuestionado, en las dos última décadas ha ido tomando forma un Estado entre moderno y pre-moderno: mientras en el nivel Central actúa atento al  discurso y a  las prácticas propias de la democracia liberal, en los niveles locales y regionales  se mueve combinando  todas las formas de lucha, las legales y las ilegales, las desarmadas y las armadas. Importa advertir que esta subperiodización  ha adquirido estatuto propio no obstante que en la historia de Colombia la articulación entre  legalidad e ilegalidad, entre ley y terror ha sido casi una constante aunque no con las expresiones extremas que ha alcanzado en la actualidad. Rodrigo Uprimny ha sido muy prolífico en sus análisis sobre la materia.
Claro que cada una de estas cuatro etapas puede ser objeto de una subperiodización particular, pero que, para efectos de esta reflexión, no presenta especial importancia. Como podrá observarse de entrada, nuestro objeto de estudio, los orígenes del conflicto interno armado, constituye la tercera etapa de las distintas violencias políticas que ha habido en la sociedad colombiana. Señalarlo, de modo expreso, es importante para ilustrar que se trata de una forma de violencia distinta de las otras  tres, pero eso no significa que para descifrar su carácter tengamos que extendernos, de modo metodológicamente innecesario, hasta las 8 guerras civiles del siglo XIX como si de una de éstas se desprendiesen factores explicativos de sus orígenes y dinámicas.
B.   Segundo nivel de Contextualización histórica: La Configuración de “un Estado estructural e institucional y, con el tiempo, culturalmente Contraopositor”.
Para una más adecuada comprensión de los orígenes de la violencia política subversiva contrainsurgente surgida en la primera parte de la década de 1960, quizá sea más importante detenerse en este segundo nivel de contextualización histórica. A lo largo de 105 años, consagrada y animada por la Constitución de 1886,  en Colombia tomó forma un tipo de violencia política ya no contra-estatal sino eminentemente estatal. Fue así como desde  la Regeneración de 1886, sin que ninguno de los imperios mundiales incidiesen en su aparición, tomó forma un tipo de “Estado estructural e institucional y, con el tiempo, culturalmente Contraopositor” que, con regularidad y altísima eficacia práctica,  actuó  oponiéndose por diversos medios,
 1. a  toda crítica y cuestionamiento de fondo  de los gobiernos de turno;
 2. a toda movilización popular y ciudadana  orientada a lograr reivindicaciones sociales importantes; y
3. a cualquier apuesta orientada  a fundar un orden social alternativo.
En las distintas coyunturas más o menos “normales” se movió  siempre de modo represivo coercitivo pero, en otras circunstancias según el  grado de la afectación del orden público o según la dificultad y necesidad  subjetivas del presidente de turno, ora convirtiendo el monopolio de la legítima coerción en violencia estatal ora de modo terrorista ora de modo contrainsurgente ayudado y asesorado ahora sí por el imperio norteamericano.
Y así sucedió  desde 1886 cuando Colombia era todavía una sociedad pre-capitalista en la que las relaciones sociales de servidumbre eran las dominantes y así continuó sucediendo cuando, entre 1904 y 1909,  Rafael Reyes hizo un frustrado esfuerzo orgánico de cinco años por empujarla a la modernización capitalista[35] y nada se modificó cuando tras la Revolución en Marcha de 1934-1938, no obstante las reformas de que fue objeto la Constitución de 1886 durante el primer gobierno de López Pumarejo, nada  se hizo por  desmontar ese tipo de “Estado Contraopositor”. Afirmamos lo anterior porque  todas las sociedades, precapitalistas o capitalistas, siempre han integrado márgenes de  ley y de terror, de legalidad y de ilegalidad, pero, como lo ha destacado Rodrigo Uprimny,
“creemos que pocas sociedades han combinado así ‘el terror y la sangre’ (Tourraine), ‘el orden y la violencia’ (Pecaut), ‘los diálogos entre caballeros’ (Wilde A) y el terror, como lo ha hecho Colombia, un país que históricamente ha compaginado los extremos: el mantenimiento de una cierta legalidad y una gran estabilidad en la dominación política se articulan con la proliferación de formas agudas de violencia, , tendencia  histórica que se mantiene pero actualmente con manifestaciones extremas”. [36]
Condensando la hipótesis, digamos que en 1886 se estableció en Colombia una República autoritaria como forma ideal de gobierno y esto se hizo bajo el alegato nuñista, recogido por el conservador Miguel Antonio Caro, de que con la Federación montada por los liberales en 1863 se había dado lugar a un régimen político anárquico generador de un continuo desorden  y de una enorme  incertidumbre colectiva que, al animar la guerras civiles, había entorpecido toda posibilidad de progreso económico. Entonces, se dijo, que si se quería una sociedad  en continuo progreso económico, había que eternizar esa República autoritaria haciéndola… “perenne e inamovible”[37], fueron las adjetivaciones que se utilizaron. Para constitucionalizar ese horizonte de un orden autoritario auto-sostenido en el tiempo, se levantó la idea de un manejo adecuado, eficaz y funcional y operativo, de la excepcionalidad necesaria para el abordaje del orden público. Se pensó entonces en una institución llamada “estado de sitio”. Esta debía ser constitucionalizada de tal manera que, en su aplicación, garantizara esa posibilidad de una sociedad cercana, o, por lo menos, no muy alejada de ese ideario de una República autoritaria.
De acuerdo con el artículo 211 de la Constitución de 1886, en casos de guerra exterior o de conmoción interior,  el Presidente, previa audiencia, no vinculante, con el Consejo de Estado y con la firma de todos los Ministros, podía  declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella quedando facultado para manejarlo según la discrecionalidad subjetiva  del presidente de turno viéndose  eximido de la obligación de abordarlo  bajo los soportes constitucionales normales. Pero muy pronto el Concejo de Estado se declaró inhibido para pronunciarse a fondo sobre la constitucionalidad de esos decretos dejando así abierta la primera puerta para su uso y abuso.  A partir de puertas abiertas como ésta y otras- como la de la consagración de la supremacía de la ley sobre la Constitución, tal como se prescribió en el artículo  6 de la ley 153 de 1887, aprobada por el Consejo de Delegatarios[38]-  las razones de la declaratoria  del estado de sitio  se correspondió no sólo con situaciones objetivas- real afectación del orden público- sino, también, con criterios subjetivos de los presidentes de turno que vieron en una salida así la mejor y más cómoda manera de abordar problemas y dificultades y penurias, que nada tenían que ver con el orden público.
 Bajo el amparo del estado de sitio, el gobierno colombiano intentó controlar el avance de la subversión y de grupos al margen de la ley, sin embargo, ese argumento se tradujo en la violación sistemática permanente  de los derechos humanos y de  las libertades ciudadanas por parte de los  agentes del Estado. Fue así como de los 105 años en que estuvo vigente la Constitución de 1886, durante 70 funcionó la declaratoria de ese estado de excepción aplicado en la forma ya señalada, casi sin   control constitucional alguno. Sobre la forma de aplicación de este estado de excepción, así  se han pronunciado distintos investigadores,
 "En el Estado de derecho colombiano, el autoritarismo se expresó en estado de sitio permanente, arma jurídica empleada para neutralizar los efectos políticos y sociales de la creciente presencia de masas urbanas, convertidas en base de opinión y de electorado, por las movilizaciones liberales."(Marco Palacios[39]); “…mientras la casi totalidad de los países latinoamericanos estaban bajo dictaduras militares, Colombia mantenía un Estado de Derecho; se trataba empero de un régimen constitucional sui generis, ya que el recurso permanente al estado de sitio hacía que en la práctica  no rigiesen los principios abstractos incorporados en al Constitución sino una legalidad de excepción que restringía las libertades públicas…El estado de sitio permitió entonces la creación de delitos para controlar el orden público, el establecimiento de medidas  restrictivas de las libertades de reunión, de circulación, de expresión, la limitación de las libertades sindicales y, sobre todo, la detención y el juicio, mediante tribunales militares de dudosa imparcialidad, de los opositores políticos, de los líderes sindicales y de quienes encabezaran determinadas formas de protesta social”.(Rodrigo Umprimny y Alfredo Vargas [40]); de los 40 años corridos entre 1949 y 1990, “Colombia ha vivido más de 30 años bajo legalidad marcial, la cual si bien es jurídicamente un régimen de excepción y de duración transitoria, conforme a lo señalado en el art.121 de la Constitución, ha devenido en la práctica un elemento normal y cotidiano de ejercicio del poder político”. (Subrayado nuestro. Gustavo Gallón[41]); Nuñez tenía la percepción de que Colombia era un país “iconoclasta” donde los ensayos de personificación caudillista del poder político- léase Bolívar y Mosquera, “no habían podido fructificar. Por tal razón, previo acuerdo con Caro, escogió un camino mucho más pragmático y sutil  para establecer un estado de excepción típicamente moderno, donde la norma jurídica y la anomia jurídica se confundieran bajo la apariencia del respeto a una Constitución que facultaba al ejecutivo  para suspenderla  y supeditarla a sus mandatos…No obstante,  la fragilidad del consenso reunido por los regeneradores y la conciencia que tenían de ella, los llevó a implantar en la norma fundamental material  la excepcionalidad  jurídica y política  como forma alterna de gobierno”  (Subrayado nuestro. Leopoldo Múnera Ruiz[42]).
Y más en consonancia con  nuestra hipótesis sobre “El Estado Contraopositor”, se encuentra el análisis de Camilo González,
“La Constitución de 1991 fue una transacción entre visiones socialdemócratas, socialcristianas, de liberalismo social con otras de corte neoliberal. Pero en medio de un diseño vario pinto quedaron elementos democráticos  que hacen referencia  con el Estado del estado de sitio que se impuso por décadas para amparar dictaduras, dictablandas y modalidades de un Estado para la guerra”.[43]
Señalemos ahora que esta segunda contextualización histórica nos permite ubicar como distinta la violencia política que se desencadenó en Colombia desde los inicios de la década de 1960 bajo la forma de un conflicto interno armado y que constituye nuestro objeto de reflexión.  Tal como veremos, fue así como en esa etapa actuó “El Estado Contraopositor” con la asesoría y la participación de los Estado Unidos: de modo contrainsurgente. Pero, no cabe la menor duda que, a mediados del siglo XX, cuando durante el gobierno de Laureano Gómez, 1950-1953, la policía “chulavita” se apoderó del aparato coercitivo del Estado para ponerlo a operar  en contra de la movilización popular post-gaitanista  y a favor de la conservatización a sangre y fuego de numerosas poblaciones liberales, ese Estado Contraopositor, engendro de una declaratoria de estado de sitio,  actuó de modo terrorista.  Un modo similar de operar indudablemente terrorista, fue el que predominó cuando en 1978 el gobierno de Turbay Ayala expidió el decreto 1923 más conocido como Estatuto de Seguridad. En diciembre de 1977, varios Generales le habían demandado medidas más drásticas para lograr el control del movimiento social y de la oposición política. Entonces, sobre la base de ese estatuto se crearon nuevos delitos, se agravaron las penas de los ya existentes y se trasladó al conocimiento  de los jueces militares el juzgamiento de civiles incursos en conductas de leve connotación política. Aún más, como lo destacó A. Wilde[44] , en muchas zonas del país, que habían quedado militarizadas tras distintas formas de protesta social, lo que se impuso fue la lógica del terror.
Lo que pretendemos destacar con estas distinciones  es que a lo largo de esos 105 años de vigencia de la “institución del estado de sitio”, aunque  El estado Contraopositor  siempre se mostró predispuesto a “impedir”, a impedir la crítica y los cuestionamiento de fondo a los gobierno de turno, a “oponerse”, a oponerse a toda demanda de reformas sociales substantivas y sobre todo, a las que reclamaban  un orden social alternativo, sin embargo, siempre lo hizo de un  modo predominante  distinto según el carácter de los sucesos enfrentados, lo que no impidió que de cara a  determinadas categorías de la población “protestadora” o a ciertas zonas militarizadas dadas, simultáneamente lo hiciese con acciones  complementarias o secundarias de carácter distinto. Lo que no nos parece pertinente  es afirmar  que siempre lo hizo del mismo modo, o contrainsurgente o terrorista o apelando a la violencia estatal. Claro que aplicado el estado de excepción, siempre actuó, como mínimo, de modo  represivo coercitivo buscando impedir la instauración de  una forma de gobierno muy alejada de la República autoritaria de 1886.
Por lo general, la historiografía colombiana ha señalado que la Regeneración, como sistema político alrededor del cual se enhebró ese orden autoritario y la institucionalidad de excepcionalidad que posibilitó su auto-sostenimiento a futuro, duró hasta 1903. Esto no obstante, en un largo Atisbos Analíticos, el 111 de marzo del 2010,  sostuvimos una hipótesis un poco distinta: Que la  Regeneración, en lo más medular de su letra y como cultura política, se había prolongado hasta la Constitución de 1991 cuando su institución central, la del estado de sitio, fue reformada[45]. Aún más, sostuvimos  en ese Atisbos que, a partir del 2002, con el acceso de Uribe Vélez a la presidencia, se buscó enhebrar una segunda forma histórica de Regeneración. En 105 años, 23 Presidentes juraron defender la Constitución de 1886; en 70 ocasiones, que morigeraron su autoritarismo extremo y la acercaron a instituciones más demo-liberales, fue reformada; esto no obstante, nunca nadie propuso reformar la institucionalidad de excepcionalidad que ella, imperturbable, arrastraba  y que, casi incontenible, arrastró siempre hasta 1991con elevada y perversa eficacia política. Ni siquiera con la Revolución en Marcha de 1934, que fue cuando más peligró su vigencia, alguien buscó y luchó por desmontar la institución del estado de sitio. Como escribió Jorge Orlando Mejo, “paradójicamente, ha sobrevivido en la medida que dejó de ser ella misma…al dar gran importancia  a los mecanismos de facultades extraordinarias y de estado de sitio”.[46]
No nos importa mucho introducirnos en el debate sobre si Núñez fue  o no fue traidor al partido liberal; por  lo menos, hasta 1885, antes de pasar a cofundar con Caro el Partido Nacional, fue un liberal moderado, que manejaba un discurso moderno como el de la exposición de motivos para la elaboración de una nueva Constitución[47], que, en la práctica, la Regeneración se encargaría de negar. Esto no obstante, desde muy atrás, desde 1868, había empezado a enhebrar en su mente la idea de “El Estado Contraopositor”, que tomó forma con la Constitución de 1886. Ya en ese año  Núñez analizaba que en su país  había intranquilidad colectiva  asociándola al régimen político instaurado  en 1863 por la Federación liberal que, incapaz de controlar la guerras, en la práctica las estimulaba  generando cada día que pasaba mayor desorden , intranquilidad y anarquía, lo que había bloqueado las posibilidades de progreso económico; y en 1882 escribía  que el país requería de un gran cambio que, inspirado en la correlación conceptual orden-progreso, se asentara y afincara sobre bases perennes e inamovibles. A una conclusión teórica así había llegado al nacionalizar la idea comptiana-spenceriana, que había asimilado en Europa,  según la cual el orden era la base “científica” del progreso. Digamos que, como positivista en ciernes, usó la concepción de “La Paz científica”[48] como método de análisis, lo que lo llevó a preguntarse por las causas  de las insurrecciones que había habido en el país entre 1863 y 1883. Una República demoliberal como la instaurada por sus copartidarios en 1863, al estimular las guerras civiles, impedía la consolidación de un orden necesario para propiciar el progreso de la economía. Entonces, para Núñez, las Repúblicas, so pena de caer en permanente desorden, debían ser autoritarias como forma ideal de gobierno  y a ese ideario había que darle sostenibilidad en el tiempo haciéndolo “perenne e inamovible”.
Antes de pasar a la tercera contextualización de historia, que nos debe de arrojar alguna luz sobre los responsables concretos de los orígenes de la forma de violencia política a la que  ingresó el país en los inicios de la década de 1960, hagamos una pausa buscando levantar algunas respuestas a las siguientes preguntas: ¿qué sucedió en  Colombia durante esas pausas temporales- en total 50 años-  que no quedaron atrapadas dentro de los límites de las tres etapas de violencias políticas contraestatales, robustas y regulares? ¿acaso no hubo violencia? ¿acaso se impuso o emergió una República demoliberal? Y ¿qué sucedió en el país  durante las otras pausas electorales- en total fueron unos 35 años- en las que no hubo declaratoria de estado de sitio? ¿acaso se debilitó o amenazó con desaparecer El Estado Contraopositor? Y finalmente, ¿Qué sucedió con éste, una vez reformado en 1991 el estado de sitio como estado de excepción?
Atrás dijimos que, en su accionar político contra-estatal, la sociedad colombiana, precapitalista y capitalista, siempre había combinado legalidad e ilegalidad, aún armada, aunque nunca se había llegado a los extremos de las últimas décadas; agreguemos, además, que, en su estilo de gobierno y gobernanza, el Estado también ha sido bipolar. Al respecto ha escrito Fernando Dorado,
desde sus orígenes  la casta dominante que se formó en Colombia” ha sido “psicópata y bipolar. Ha usado la doble personalidad para engañar a las clases dominadas. Una para tender la mano, otra para blandir el garrote…”. [49]
Como para traer a colación ahora a Estanislao Zuleta  en sus análisis sobre el poder cuando decía que en éste solo había dos cosas importantes, “producir temor y halagar intereses”.[50] Como ya se vio, en 70 de 105 años el Estado Contraopositor  actuó accionando, por distintos medios asociados a producir temor,  una muy eficaz y perversa forma de excepción llamada estado  de sitio y lo hizo sin necesidad de violentar el Estado de Derecho – la aplicación de la excepcionalidad era constitucional- manteniendo así la apariencia de gobernar en democracia, es decir, “halagando intereses” como diría Estanislao Zuleta. Pero, fue durante las pausas temporales- en total 35 años- cuando el Estado más hizo la apariencia de gobernar en democracia. En lo externo, cuando los golpes dictatoriales  de Estado eran la norma en América Latina, la innecesariedad, intrínsecamente estatal, de no tener que apelar a ellos, le permitía al establecimiento decirle al mundo que en Colombia reinaba una democracia sin igual; y en lo interno, los gobiernos le decían a  la ciudadanía que si de vez en cuando  aplicaban el estado de sitio era para salvaguardar  la democracia de todos. Total, ni  desde afuera, por no haber golpes de Estado, ni desde adentro, por mantenerse la apariencia abstracta de la vigencia del estado de Derecho, se hacía visible y evidente la existencia del “Estado Contraopositor”. Pero, ¿acaso este se esfumó a partir del momento en el que el estado de sitio de la Constitución de 1886 fue reemplazado en la nueva Constitución de 1991 por un estado de excepción cualitativamente distinto?
Diríamos ahora  que modificada en 1991 la institución más substantiva de la Carta de la Regeneración, en el seno   de la clase dirigente del establecimiento sobrevivió la que podría llamarse “la Cultura del estado de sitio”. Pero, hubo mucho más que eso: para las fuerzas políticas de extrema derecha esa ya clásica y asegurada institución se había convertido no sólo en una  Cultura sino, además, en una irremediable  necesidad. Ocurre que en el espíritu de la Constitución de 1991, la nueva institución de excepción llamada de “conmoción interior” había sido despojada de su histórico virtuosismo represivo coercitivo. Entonces había  que  re-dotar a los presidentes, en este caso al Presidente Uribe, de herramientas Jurídicas que le permitiesen sacar avante su Política Pública estratégica-  las otras le eran subsidiarias- llamada de Seguridad democrática orientada a derrotar militarmente a las guerrillas subversivas. Fue así como el gobierno de Uribe Vélez, mediante un proyecto de Estatuto Antiterrorista, buscó la forma de re-institucionalizar  “El Estado Opositor”, que con la abolición de la institución del estado de sitio, se había quedado nadando en un vacío estructural institucional. Aún más, con esa propuesta, buscó radicalizarlo. Lo más grave y central de todo fue que en ese Estatuto las Fuerzas Armadas aparecieron como haciendo parte, casi natural, del sistema judicial, pues adquirían la condición de policía judicial.[51] Aunque el proyecto de Estatuto fue aprobado por el Congreso Nacional, la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional constituyéndose esta declaratoria en una de las mayores derrotas políticas del octoenio gubernamental de Uribe. A partir de este momento crítico, como para Uribe Vélez la derrota militar de las Farc era una necesidad tan política como emocional, no hubo ni Constitución ni Leyes ni Cultura que lo atajasen y, por eso,  puso a actuar, de modo inconstitucional e ilegal y terrorista, al Estado Contrapositor fáctico, que había sobrevivido a la Constitución de 1991. Donde más se evidenció la connotación terrorista de muchas de las medidas y acciones concretas de la Política de Seguridad democrática fue en los esfuerzos por convertir en masa a la ciudadanía en un actor indirecto del conflicto interno armado: de un lado, más de un millón de Informantes, “los ojos y oídos de la ley  que aportan elementos valiosos a las autoridades”, hicieron parte  de 26.172 Juntas de Seguridad Local y Rural, y, del otro, con la Creación de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, los habitantes de esas zonas fueron puestos en condiciones de permanente zozobra y terror ( empadronamiento, capturas masivas, limitación de la circulación y la residencia, registro permanente de los desplazamientos por la zona…etc). [52]
  
C.   El tercer Nivel de Contextualización histórica de los Orígenes del Conflicto interno armado: la Historia de las relaciones de Colombia con el Imperio norteamericano.
En numerosos aspectos substantivos la historia de Colombia se hace poco inteligible cuando se las abstrae de la historia de sus relaciones con el Imperio norteamericano, que ha sido el espacio de la dominación mundial en el  que el país se ha desenvuelto desde los inicios del siglo XX. Primero vino en 1903  el zarpazo norteamericano en Panamá, luego vinieron durante varios años  las movilizaciones anti-norteamericanas  de una desconcertada y airada  ciudadanía ideológicamente variopinta para rematar, en un tercer momento, con  el fluctuante debate sobre una indemnización de los Estados Unidos a Colombia, que sería estrictamente económica. Casi como una indulgente ayuda sin la menor excusa. Pero, hubo algo más central. A lo largo del siglo XX, siempre de modo sigiloso pero permanente, la soberanía externa e interna del Estado colombiano  ha sido afectada y limitada por  los condicionamientos impuestos por los distintos gobiernos norteamericanos. Y ¿por qué no hablar de las estrategias  de Defensa y Seguridad  de los Estados Unidos en las que el Estado colombiano, sin consulta alguna y a la brava, ha quedado comprometido?
Llegados a finales del siglo XIX a la condición de potencia mundial, los Estados Unidos hicieron de Panamá  un asunto estratégico. Es cierto, durante el siglo XX la relación Estados Unidos- Colombia nunca ha tenido un carácter colonial en términos de una intromisión político militar pues, para los inicios del siglo XX,  Colombia ya se había metido en la ruta de la construcción de un Estado-Nación, fuese el que fuese, bajo el modelo de una República tendencialmente autoritaria untada de algunas o muchas instituciones demo-liberales. El zarpazo fue en 1903, pero los gobiernos  colombianos ya le habían abierto la puerta  a la  intervención norteamericana al haberle solicitado en varias ocasiones su ayuda para el manejo del orden público en el Itsmo[53], “ayuda pedida” que, en distintos contextos históricos, se convertiría en una constante histórica en las relaciones  entre los dos Estados, sobre todo en materia del manejo de la evolución del conflicto interno armado entre 1964 y el 2015. Fue así como Colombia perdió el Canal y perdió a Panamá. Y la propia dirigencia colombiana, al asumir desde un principio el accionar estadounidense desde una mirada inmediatista e interesada, idealizó su actuación restándole  toda connotación imperialista. Hasta una mente amplia como la de Rafael Uribe y Uribe no pudo escapar a esa trampa con la que los Estados comenzaban ya  a llamar “democracia” la lucha por sus intereses:
La  delegación norteamericana, dijo Uribe y Uribe en 1906 en la Conferencia de Río de Janeiro, ha dado esta vez el inesperado espectáculo de hacerse amar irresistiblemente, aún de sus aguerridos    “;  con la afirmación no hizo más que avalar a Rafael Reyes cuando dijo, a los norteamericanos no hay que “temerles como conquistadores ni como expoliadores. Ellos han plantado el estandarte de la libertad  y del progreso en Cuba, Puerto Rico y Filipinas; ellos son la humanidad seleccionada”. [54]
Toda había comenzado desde mediados del siglo XIX cuando terminada la construcción del ferrocarril del Itsmo, la Nueva Granada entregó su administración a una empresa norteamericana sin que tuviese injerencia alguna en su admón. En la primera parte del siglo XX,  la presencia norteamericana en el país empezó a enhebrarse alrededor de las concesiones petroleras, de la explotación del oro y del aluminio, así como de la producción y la exportación del banano.[55] Por otra parte, como lo  ha destacado  el historiador José Fernando Ocampo,
En Colombia, Estados Unidos impulsó cinco modernizaciones en este siglo. La de la infraestructura en la década del veinte acompañada por el primer gran endeudamiento externo; la del sector financiero con la misión Kemmerer; la del capitalismo de Estado de la “revolución en marcha” de López, de corte keynesiano, a lo Franklin D. Roosevelt; la de los planes de desarrollo en las décadas del cincuenta y sesenta; y la de la “apertura económica” .  [56]
En lo que respecta a la presente reflexión, habrá que hacer referencia a las Estrategias Contrainsurgentes diseñadas por Estados Unidos, el Plan LAZO, por ejemplo, en el que se inspiró, con la asesoría y participación de los Estados Unidos, la Operación Marquetalia de 1963, aún antes de que en el país surgiese efectivamente una  insurgencia revolucionaria armada. Y como lo ha destacado  James Petras
La intervención militar de EE.UU. en Colombia constituye la guerra de contra-insurgencia más larga en la historia mundial reciente. Comenzó cuando el Presidente John F. Kennedy creó en 1962 los "Boinas Verdes", y se intensificó en el nuevo siglo con el programa militar de siete mil millones de dólares del Presidente Clinton (Plan Colombia) iniciado en el 2001 y que hoy continúa con Obama con el establecimiento de siete nuevas bases militares. La guerra que EE.UU. libra en Colombia ya lleva 50 años. Diez presidentes estadounidenses, 5 demócratas y 5 republicanos, liberales y conservadores, se han alternado para llevar adelante una de las más brutales guerras de contra-insurgencia jamás registradas en América Latina.”[57]
2.    Las tres Contextualizaciones históricas y nuestro objeto de estudio.
Resumiendo digamos que cada una de las anteriores tres contextualizaciones históricas presenta especial importancia para efectos del desarrollo de nuestro objeto de estudio: la primera, nos permitirá fijar los tiempos y el carácter de la violencia política cuyos orígenes buscamos rastrear: un  conflicto interno armado radicalmente  cuestionador, desde la primera parte de la década del 60, del Estado existente sin que ello signifique que para rastrear sus orígenes tengamos que remontarnos, por ejemplo, a las guerras civiles del siglo XIX ; la segunda contextualización nos llevará a estudiar  las maneras específicas como El Estado Contraopositor,  nacido en el siglo XIX, ha actuado entre 1964 y el 2015  de una forma contrasinurgente, complementada por otros modos de acción de carácter terrorista sin que ello signifique que tengamos  que hacer una historia del Estado terrorista en Colombia; y finalmente la tercera contextualización, como lo ha destacado James Petras, nos llevará a preguntarnos por la guerra de contrainsurgencia más larga en la historia mundial reciente tal como ha sido la intervención militar de los Estados Unidos en Colombia en el últimos medio siglo sin que ello implique que, para fijar el carácter de esa intervención, tengamos que hacer una historia de las relaciones de Colombia con el Imperio norteamericano.
Ese es el marco general de la investigación, pues por ahora sólo nos hemos atenido a la delimitación de los responsables colectivos de los orígenes del conflicto interno armado y no a la de los responsables de su persistencia e impactos sobre la población. Esto lo remarcamos pues, siendo siempre  fundamental el enfoque de los orígenes, sin embargo, en la actualidad, como nunca, sabemos que debemos evitar caer  en la obsesión por ellos pues, en su evolución, un fenómeno puede cambiar de naturaleza presentando muchas causas.  Es esto lo que ha sucedido en Colombia con los investigadores  en relación con el asunto de las violencias. Como lo ha destacado ya Medófilo Medina en una primera aproximación crítica al trabajo de la Comisión,  no puede pensarse que por “estiramiento cronológico”, es decir, “por acudir a las fechas más remotas” se le está brindando ya un mejor contexto de historia al estudio de los orígenes  del  conflicto interno armado. [58]
3.      LOS ORÍGENES DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO O DE LA VIOLENCIA POLÍTICA SUBVERSIVA CONTRAINSURGENTE.
Siempre habrá que preguntarse por los orígenes de  todo fenómeno humano pero sin que nos quedemos atados a una postura adánica. Cuando decimos que la violencia subversiva armada contrainsurgente, que tomó forma en Colombia a partir de 1964, estuvo muy atada al estatuto real  de la tierra así como al predominio de una Cultura rural,  tal como lo veremos, eso no significa que en el devenir del fenómeno no hayan  hecho presencia otras causas. Por eso, este estudio quedará todavía “en veremos” mientras no hayamos delimitado a  los responsables de su casi eterna persistencia, así como a los de sus crueles impactos sobre el conjunto de la sociedad civil.
En nuestra opinión, para ubicar los orígenes del conflicto interno armado, que actualmente se está negociando en la Habana,   no es necesario alargar la cronología hasta el siglo XIX ni siquiera hasta la segunda etapa  del que hemos llamado “Estado Disputado” (1946-1957). Sin embargo, como en este escrito, más que en el método de investigación estamos ya metidos en los problemas del método de exposición y de presentación de resultados, pensamos que para elucidar el problema de los orígenes de la violencia subversiva contrainsurgente iniciada en Colombia en 1964, metodológicamente  es importante y valioso e ilustrativo  presentar en clave de historia dos fenómenos  importantes: primero, el de los obstáculos de todo tipo que se le atravesaron a los dos posibilidades que había habido en Colombia de realizar una reforma agraria, de un lado, a mediados del siglo XIX, y del otro, en la década de 1930 durante la llamada “Revolución en Marcha”; y segundo, el de los desenlaces del conflicto armado entre partidos que hubo en Colombia, sobre todo a partir de 1953.   
 En el siglo XIX, el proyecto liberal de gestación de nación estaba basado en la idea santanderina de la creación de ciudadanía facilitando el acceso de la población a la educación. En este punto, casi todos los liberales concordaban. Por otra parte, no faltaron liberales sociales que anticiparon que, en lo que a los campesinos se refería, una vía de entrada a la condición de ciudadanos era  la que les permitía el acceso a la propiedad de la tierra; finalmente,  otro sector pensaba que el ciudadano autónomo surgiría si se lo independizaba del dominio eclesial. Todos ellos eran caminos que, con distintos grados de importancia y de posibilidad real, conducirían a la modernidad. Por eso cuando se reunió la Convención de Rionegro, los puntos álgidos de las relaciones entre la Iglesia y el Estado se encontraban ligados a la riqueza y los privilegios de ésta, así como  a la cuestión del control de  la educación. En 1861, a la Iglesia se le expropiaron sus importantes riquezas, rurales y urbanas, pues se calculaba que poseía una tercera parte de los bienes inmuebles del país.[59] En el espíritu del pensamiento del Manuel Murillo Toro de 1852 quien, al romper con el liberalismo individualista había evolucionado a un liberalismo social, esos bienes deberían haberse volcado hacia una reforma agraria, que posibilitara el acceso de los campesinos pobres a la propiedad de la tierra, pues
“en mi opinión, escribió  Murillo Toro al defender su propuesta de la “Ley de Tierras” de 1852, el cultivo de la tierra debe ser la única base de la propiedad, y nadie debe poseer una extensión mayor que aquella que, cultivada, puede proveer cómodamente a su subsistencia”.  [60]
Entonces, adelantándose a la revolución mexicana, Colombia habría sido el primer país en realizar una reforma agraria en América latina, reforma, que hasta el presente jamás se ha hecho en el país. Pero, como contrastante realidad, aunque en algunos casos se haya exagerado el volumen de propiedades en manos de la Iglesia, (su valor subió a 12 millones de pesos o sea tres veces el presupuesto de ingresos de la nación), esos bienes fueron rematados yendo a engrosar la ya abundante riqueza de políticos, comerciantes y grandes propietarios. [61]
Entre 1934 y 1938 durante el gobierno de la Revolución en Marcha hubo una segunda posibilidad de hacer un reforma agraria cuando a los terratenientes que tenían una elevada proporción de sus tierras inexplotadas, se les concedió un plazo de 5 años para las modernizaran so pena de expropiación, pero de nuevo la posibilidad se esfumó con las transacciones entre el poder institucional del Estado y el enorme peso político de los intereses corporativos de los grandes terratenientes.[62] Poco después de surgida la violencia subversiva insurgente, desde el interior mismo del Frente Nacional, su tercer presidente Carlos Lleras Restrepo, con vigorosa oposición de sectores de la constitucionalizada coalición bipartidista, por tercer vez en la historia buscó sacar avante una reforma agraria[63], que fue parada en seco antes de terminar su gobierno con el llamado pacto de Chicoral, que institucionalizó la ganadería extensiva como forma central de explotación de los latifundios.[64]
El otro fenómeno e importante para una adecuada comprensión de los orígenes del conflicto interno armado  tiene que ver con los desenlaces del conflicto bipartidista de la etapa anterior, sobre todo a partir de 1957. Una vez creado el Frente Nacional- pacto bipartidista constitucionalizado orientado a terminarla- una de las fuerzas del conflicto armado entre conservadores y liberales desembocó en el bandidaje que, como señalara Eric Hobsbawm, debía ser examinado no simplemente en razón de su naturaleza criminal, sino también en sus relaciones con la política y la sociedad pues, en su opinión, se trataba de un bandolerismo social fragmentado en cuadrillas socialmente toleradas y con aceptabilidad local, que el ejército tuvo que enfrentar hasta 1965 en la época misma en que se estaban conformando las Farc.[65] En contraste, por otras vías y horizontes se movieron las guerrillas liberales- las llamadas Guerrillas de los Llanos conocida como “limpios”- y las Autodefensas Campesinas de inspiración comunista, llamadas “los comunes”. En general, aunque con diferencias importantes, unas y otras se movieron en una dirección político reivindicativa. Para el periodo 1949-1953,  las guerrillas liberales llegaron a sumar 1757 integrantes, de los que el 72.5 fueron implicados como guerrilleros, tal  como lo  señaló  uno de los Ponentes en el X Congreso Nacional de Sociología, quien las caracterizó así,
“En términos sociológicos, la Insurrección Llanera jugó un papel importante en la historia de los movimientos campesinos colombianos, en el desarrollo de estrategias de resistencia y de una combinación de ideología inherente e ideología derivada, cuyo núcleo era la restauración de las conquistas democráticas liberales. Debe verse como parte de la expresión de una crisis de las clases hegemónicas en el poder, en la transición de la sociedad colombiana al capitalismo, que se comenzó a consolidar a partir de la instauración del Frente Nacional.”[66]
Las Autodefensas Campesinas, en cambio, habían venido prefigurándose desde la década de 1930 en zonas que tuvieron un papel protagónico en las luchas por la recuperación de la tierra, sobre todo, en el sur del Tolima y en Sumapaz Cundinamarca. Era una guerrilla, nota también propia de la guerrilla liberal, en su conjunto de rostro campesino, con objetivos esencialmente agrarios y con una visión limitada  que no iba más allá de sus propias localidades. Aún en la época de la amnistía limitada del  gobierno de Rojas Pinilla, (1953-1957), las Autodefensas Campesinas no tenían un mando central unificado ni seguían un plan estratégico, pero siempre se sentían y autorepresentaban como  el brazo armado de las luchas del campesinado y con notas así irían hasta los años 1964 y 1965, los años de fundación de las Farc.[67] Durante el gobierno de Rojas Pinilla, las guerrillas liberales se acogieron a la amnistía brindada incorporándose a la lucha legal marco en el que caso todos sus ex-dirigentes fueron asesinados; más prudentes, las Autodefensas Campesinas ni se desarmaron ni desmovilizaron.  
En el año de 1964, estando ya en la  presidencia el segundo gobierno del Frente Nacional en la persona de Guillermo León Valencia, al Ministerio de Gobierno llegó una carta[68] enviada desde una lejana y selvática y poco poblada vereda del Sur de Tolima, llamada Marquetalia,  en la  que un grupo de 16 campesinos le decían a Valencia que se atuviese a las consecuencias si el gobierno no impulsaba en esa región la realización de una reforma agraria lo más completa e integral  posible. Entre los firmantes de la carta estaba Manuel Marulanda Vélez, futuro “Tirofijo”.  Por esa mismas fechas, el congresista conservador Alvaro Gómez propiciaba en el Congreso un agitado debate en el que decía que por allá en  unas tierras del sur de Tolima unas masas de campesinos estaban creando unas “Repúblicas Independientes” y que, por lo tanto,  el país estaba ad portas de su fracturación territorial,
No hay ningún colombiano que legítimamente pueda invocar motivos políticos para rechazar la soberanía del  Estado colombiano. Y  eso es de lo que no se ha caído en cuenta. No se ha caído en cuenta de que hay en este país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado colombiano, donde el Ejército colombiano no puede entrar, donde se le dice que su presencia es nefanda…Hay una serie de repúblicas independientes que existen de hecho aunque el gobierno niega su existencia…Hay la república independiente de Sumapaz; hay la república independiente de Planadas, la del Río Chiquito, la de este bandolero que se llama Richard…La soberanía nacional se está encogiendo como un pañuelo…En algunas regiones , no se tolera más autoridad  colombiana, que la de los agentes de la Caja Agraria, que van a prestarles dinero a esos bandoleros…”.[69]
Y Alvaro Gómez, que continuó con ese tono y contenido en sus intervenciones, convenció a Guillermo León Valencia de que en el país existía lo que no existía, vale decir, “cinco Repúblicas Independientes” pues de haber sido así,   a la presidencia de la Republica  no habría sido enviada la carta fechada el 20 de mayo de 1964 en la que figuraba la firma de Antonio Marín, el futuro “Tirofijo”. Entonces, para efectos de enfrentar a “los comunes”- las Autodefensas campesinas-, Valencia se acogió a la tesis del congresista Alvaro Gómez Hurtado, que veía la situación en clave de un enfrentamiento entre la democracia y el comunismo, feroz y foráneo invasor agazapado en unas llamadas “repúblicas Independientes”.[70] De cara a esa “amenazante situación”, el gobierno de Valencia decidió enfrentarla con una Operación militar llamada “Soberanía”, “Operación Marquetalia”, “Plan LAZO”, en cuyo diseño y ejecución a los Estados Unidos les correspondía un papel casi “natural”. Esto no obstante, como al frente del Ministerio de Guerra  se encontraba un militar de nuevo corte, el General Alberto Ruiz Novoa, éste quiso aparentar que en la toma de esa decisión los Estados Unidos nada habían tenido que ver. Precisamente en  entrevistas que le hicimos con el profesor Adolfo Atehortúa  en el primer semestre de 1996 a este General, esto fue lo que nos dijo,
“que él había diseñado un Plan denominado “PLAN LAZO” CUYO OBJETIVO ERA “ENLAZAR” a las poblaciones bajo el influjo del partido comunista con el fin de someterlas a la Constitución colombiana y que eso nada tenía que ver con “EL PLAN LASSO” (Latin American Security Operation) diseñado en Washington para América Latina”; que “había sido  en ese Plan LAZO en el que se había  inscrito la Operación Marquetalia”, fue lo que en  definitiva nos manifestó.[71]
En contraste con la anterior tesis, hemos leído  en “INICIO DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA OPERACIÓN LASSO”, ECURED: “Lasso con ‘ss’ fue el diseño estratégico elaborado por los expertos  del Departamento de Defensa en Washington  y con `z` fue la adaptación táctica en el terreno de batalla realizada por el Estado Mayor del Ejército Nacional”. [72]
En realidad de verdad que el General Ruiz Novoa fue  el primero en procurar, de modo callado, que el ya históricamente actuante “Estado Contraopositor colombiano”, hiciera ahora en los inicios de la década de 1960  bajo la asesoría y la participación de los Estados Unidos, el tránsito a un Estado contrainsurgente condición en la que se ha mantenido durante  el último medio siglo. Es  por eso por lo ahora podemos afirmar, con bases empíricas más firmes, que el Plan Lasso el 18 de mayo de 1964 dio origen a una operación militar contra Marquetalia, más en concreto, contra las regiones de Autodefensa Campesina, mediante el más descomunal  y desproporcionado esfuerzo militar: un numeroso contingente- de 16.000 soldados para las Farc pero de sólo 1.200 para el gobierno-  comandado por el Coronel Hernando Currea Cubides; la totalidad de los helicópteros con que contaban las fuerzas armadas; varias Compañías del Ejército especializadas en la lucha  contra la insurgencia; Grupos de Inteligencia y Localización (GIL); aviones de combate T33 y tres batallones para asegurar todo el área. Esa Operación tuvo  un costo de 800 millones de la época, 500 aportados por el Estado colombiano y 300 por Estados Unidos.
El Plan Lasso había sido diseñado bajo la Administración de John F. Kennedy con la finalidad de contrarrestar  los movimientos revolucionarios en América Latina. En lo militar, era el correlato de la Alianza para el Progreso en el plano político.  Adonde primero llegó esa Operación fue a Marquetalia donde, al mando de Antonio Marín, había  48 hombres  como miembros de las Autodefensas Campesinas comunistas  y resaltamos este número no para inflar todavía  más un mito fundacional, - el de 48 heroicos y valientes guerrilleros casi desarmados contra 16.ooo soldados con tecnología de punta-,   pero  eso era lo que de guerrilleros efectivamente  había en Marquetalia  sin contar los otros “pocos” de localidades cercanas pues, por en días previos,  en Asamblea General habían decidido enviar afuera a las familias más numerosas. Allí en una fugaz acción, fue el 18 de mayo de 1964,  las Autodefensas sufrieron las primeras bajas y luego  el Coronel José Joaquín Matallana hizo el primer desembargo helitransportado, unas 400 unidades,  tomando por sorpresa a Antonio Marín, quien perdió algo de lo poco que de armamento tenía su Autodefensa Campesina (muchos machetes, algunos fusiles y revólveres y escopetas de caza); este ataque los hizo huir hacia el sur hasta Río Chiquito- la otra “república independiente” de Alvaro Gómez Hurtado-  donde se encontró con Ciro Castaño pero, al negarse éste a hablar  con Matallana,  el ejército arreció  el cerco, lo que los llevó hasta El Pato y Guayabero- las cuarta  y quinta “repúblicas independientes” del senador conservador- en la cordillera central y así, de cerco en cerco y de ruptura de cercos en ruptura de recercos, se fueron hasta el 20 de julio de 1964 cuando en Asamblea General de Guerrilleros, se aprobó  EL PROGRAMA AGRARIO, que convocaba a la lucha por una genuina reforma agraria. Como lo ha examinado en detalle Alfredo Molano[73], El Comité de resistencia conformado al fragor de la Operación Marquetalia, citó a una Conferencia en el río Duda que , con la asistencia de 250 delegados, en mayo de 1965 crearon las FARC y nombraron a  Marulanda Vélez  como Comandante en jefe.  
hasta llegar a los finales de 1965 cuando, en una Primera Conferencia Nacional,  las Autodefensas recibieron el nombre de Bloque Sur.  En concreto, geopolíticamente las FARC nacieron en el Sur del Tolima en la confluencia de los departamentos de Huila, Cauca y Valle. Entonces, la Operación Marquetalia, que había sido calculada para tres semanas, por la resistencia de las Autodefensas Campesinas y la posterior fundación de las FARC como movimiento  subversivo y la conversión del ESTADO CONTRAOPOSITOR  en un ESTADO CONTRAINSURGENTE  asesorado y coadyuvado, de modo permanente, por los Estados Unidos, simbólicamente ha durado medio siglo.[74]
Años más tarde, al estudiar el anterior trasegar de acosos y arremetidas, el colombianólogo francés Pierre Gilodhés  afirmaría que allí en Marquetalia y en ese conjunto ficticio de “repúblicas independientes”, el Estado colombiano  había “inventado su enemigo”, las Fuerzas Armadas Revolucionarias  de Colombia,
“En Colombia se inventó al enemigo en nombre de una respuesta continental y se presionó sobre un presidente  para aplicar una teoría gemela, complemento de la Alianza para el progreso.”[75]
4.      LOS RESPONSABLES POLÍTICOS COLECTIVOS DE LOS ORÍGENES DE LA VIOLENCIA SUBVERSIVA CONTRAINSURGENTE.
Sobre esta materia no se puede salir con la tesis abstracta de que  responsables “somos todos”, pues dada la inutilidad práctica de una afirmación así, preferible sería decir que “nadie es responsable”. La misma hipótesis del expresidente Gaviria en el sentido de extender la aplicación de la Justicia Transicional a responsables no combatientes, puede presentar el peligro, sino se la operacionaliza, de la inaplicabilidad práctica. Por otra parte, ha sido evidente que desde las sociedades civiles, de cara al conflicto interno armado,  ha habido sectores que, desde los primeros Atisbos Analíticos, hemos denominado “pares ideológico políticos orgánicos”[76] de uno u otro de los sectores militarmente confrontados. Se trataría de sectores de civiles que, signados por un militarismo civil ya de derecha ya de izquierda, se han identificado, en el discurso que no en la práctica armada, ya  con El Estado Contrainsurgente, y por esa vía en muchas coyunturas con sus acciones terroristas, ya con las guerrillas, y por ese camino con muchos de sus crímenes de guerra, ya con los paramilitares, y en esa dirección con sus  métodos atroces.
Ha sido evidente que en la toma de la decisión que posibilitó que en 1965 “los comunes” o Autodefensas Campesinas se transformaran en Farc, hubo miembros del partido comunista y hasta el partido mismo, que animaron con convicción y buena fe  ese paso, pero entrar ahora, como han querido algunos anticomunistas, convertir al partido comunista colombiano o a  la izquierda clásica en general en uno de los actores políticos colectivos del conflicto interno armado, obligaría a aplicarle el mismo tratamiento a los pares ideológico políticos del Estado terrorista y del paramilitarismo. Estas consideraciones no son más que una de las formas de resaltar la inaplicabilidad práctica de la propuesta de Gaviria a no ser que digamos que como “todos somos responsables, entonces, tumbemos lo que del “chuzo estatal” queda y  volvamos a comenzar. Al fin ya al cabo en esta sociedad “lo anormal” ha sido lo normal y lo normal en otros lares del mundo aquí nunca ha acaecido.
Dada esta situación, en este estudio, todavía a mitad de camino, sólo vamos a hablar de tres responsables políticos colectivos de los orígenes del  conflicto interno armado, primero, El Estado Opositor, en este caso contrainsurgente y, en muchas coyunturas, terrorista; segundo, Los Estados Unidos, que siempre alimentaron y cualificaron la contrainsurgencia; y tercero, las Farc, y éstas, en menor medida, porque a ello la empujaron en 1964” y,  en mayor medida,  porque fueron los guerrilleros de las Autodefensas Campesinas  los que, en Asamblea general, tomaron la decisión de convertirlas en una organización guerrillera subversiva.
Múltiples han  sido las evidencias empíricas  que señalan que en 1964 las Autodefensas Campesinas de Marquetalia, so pretexto oficial de que se habían constituido en “repúblicas independientes”, fueron compelidas a salir corriendo en busca de sus congéneres de zonas cercanas en procura de reagruparse para resistir. De no haber sido así, quizá no habrían ido más allá de lo que ya habían venido siendo desde la década de 1930: grupos de guerrilleros en resistencia armada sin un mando central unificado, sin un programa estratégico y con identidades que no iban más allá de lo local. Desde una mirada así, el Estado colombiano emerge como el más importante responsable político colectivo de esa “transición” de “Autodefensas Campesinas” a “Bloque Sur” dotado de un Programa Agrario cohesionador de muchos “pocos”, los de las otras  ficcionarias “repúblicas independientes“ del senador Gómez y del presidente Valencia. Como decir que el Estado Contra-opositor, ahora pre-insurgente,  las empujó a esa  “transición”. Pero, el Bloque Sur dio otro paso cualitativo  adelante al convertirse en Farc y esta decisión sí fue producto de una Conferencia en la que  estuvieron 250 guerrilleros que, apelando al derecho de rebelión,  fundaron las  Farc. Es esta la razón para delimitar a esos 250 guerrilleros como relativamente responsables políticos colectivos de los orígenes del conflicto interno armado. Por lo tanto, las Farc no surgieron porque el gobierno de Valencia se hubiese negado a impulsar una reforma agraria; tampoco porque el Frente Nacional fuese en extremo cerrado y opresivo, pues el bipartidismo fáctico también lo había sido, sino por dos razones centrales: primera, porque hacia allá los empujó el propio Estado, y segundo, porque en un contexto de historia, ideológica y emocionalmente  favorable al surgimiento de Movimientos de Liberación nacional y  de luchas revolucionarias “antiimperialistas y antiburguesas”, 250 guerrilleros decidieron su creación. Fueron ellos los que en definitiva pusieron el componente “subversivo” , pero el componente “contrainsurgente” lo puso el Estado Contra-opositor, empujado, asesorado y coadyuvado por el Gobierno de Kennedy, que puso en marcha así la dimensión militar de La Alianza para el Progreso.

 












                                                                      


                                                                                                       











           
En nuestra interpretación de los orígenes del conflicto interno armado, este aparece como gestado en un  primer lugar por el Estado, para luego vincularlo al problema de la tierra, y más en concreto, a la negativa del Estado a hacer una reforma agraria integral; por otra parte, este asunto no es más que una dimensión específica de una singularidad de la sociedad colombiana: La de la  histórica incapacidad del Estado para abordar la inequitativa distribución existente en Colombia en materia de redistribución de la tierra, de la riqueza.  Aparecen así  tres  notas-  el problema de la tierra, la precariedad del Estado y la inequitativa redistribución de la riqueza-  entre las seis que Medófilo Medina aprehende  como convergencias entre los  estudiosos, 
Entre estos elementos comunes se destacan la tierra,  las precariedades del Estado, las profundas desigualdades  y la prolongada ausencia de una reforma social…También desde distintos puntos de vista se denuncia o admite  la responsabilidad del Estado en el surgimiento y  persistencia del paramilitarismo y se analiza el impacto del narcotráfico en el conflicto interno y en los actores centrales”.[77]
                                                                                                       








 






 














[1] .Pizarro Leongómez, Eduardo, “UNA LECTURA MULTIPLE Y PLURALISTA DE LAHISTORIA”, pg.4
[2] . Bejarano Guzmán, Ramiro, “SIN DESESPERO”. Notas de Buhardilla, El Espectador, 1 de marzo de 2015, pgs.51 y 52. <<

[3]. www.caracol.com.co/n.aspx?id=259462
[4] . Idem,
[5] . Humberto Vélez. “El papel
[6].  Rosanvallon , Pierre. POR UNA HISTORIA CONCEPTUAL DE LO POLÍTICO. Lección Inaugural en el Colegio de Francia, FCE, Buenos Aires, 2003, pgs. 15-15 6.
[7]. www.caracol.com.co/mobile/n.aspx?id=259462.
[8] Restrepo, Jorge.”¿HABRÁ CÁRCEL EN ELPOSTCONFLITO?”. Semana, 28-02-2015.
[9] . Uprimny, Rodrigo. “La Enredadera Jurídica de la Paz”, El Espectador, 8 DE MARZO DE 2015, PG.47.
[10]Estas                Generalizaciones descriptivas han sido inducidas por el autor a partir de los 54- entre Ensayos, Análisis y Artículos- que ha elaborado  sobre los Diálogos de la Habana entre  noviembre del 2102 y marzo del 2015. Ver, Humberto Vélez Ramírez, Los Atisbos Analíticos 161,162,163 y 165,en,  www.google.com
[11]. ZULETA, ESTANISLAO. “SOBRE LA GUERRA”, La Cábala No 3, Cali, diciembre 1982-marzo 1983, Separata; también En, Zuleta, Estanislao, COLOMBIA: Violencia, democracia y  derechos  humanos. Ensayo. Altamira Ediciones, Bogotá 1991, pgs. 108-111.
[12] . Un  buen y sucinto balance al respecto es el de Alejo Vargas Velásquez, “EXPERIENCIAS DE ANTERIORES PROCESOS DE PAZ”. En, LA OPINIÓN, Alejo Vargas, www.laopinion.com.co; sobre  la experiencia de El Caguán, ver, Vélez R, Humberto. PASTRANA, LA CIUDAD Y LA GUERRA. Capítulo I. “Hacia la caracterización de la política gubernamental de pacificación”, Fundación Ecopais, 2000, pgs.17-40.
[13] . “FARC DICE QUE LA NEGOCIACIÓN NO PUEDE DEPENDER  DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL”. El Universal. Catagena, abril 12 2015.
[14]. En el Atisbos Analíticos No  170, “DE LA TIERRA COLOMBIANA COMO PARO CAFETERO A LA TIERRA COLOMBIANA COMO REFORMA AGRARIA”, marzo 2013,  se describe más en detalle este primer ensayo de una metodología eficaz de negociación,  
[15] . “EN COLOMBIA NO SE PUEDE APLICAR UNA JUSTICIA TRANSICIONAL”: Iván Márquez en Teleconferencia en en el Parlamento Britanico, 11 de marzo de 2015, www.eltiempo.com .
[16] .”SE INICIA EL CICLO 33 DEL DIÁLOGO DE PAZ CON MÁS RESPALDO  Y TEMAS ALGIDOS POR RESOLVER”,   PULZO, 24 de febreroEFE, www.pulzo.com .
[18].  “EL MINISTRO DE DEFENSA  EXPLICÓ A LAS TROPAS EL VIAJE DE LOS ALTOS MANDOS A CUBA”, www.redmasnoticias.com
[19] . Encuesta de GALLUP DEL 7 DE MARZO DE 2015
[20] . Grasa, Rafael. “ LA COPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EN COLOMBIA”. En, www.cooperacionsursur.org/.../549-la-coopercion-internacional-para-el-desarrollo-abril2014 .
[21] . Robledo, Jorge. “COLOMBIA:LA OCDE, L NUEVO SANALOTODO”.En,  Argen Press Prensa argentina para todo el mundo, http://www.argenpress.inf/  
[22]VARGAS ALEJO. “EL ELN: UNA GUERRILLA DISTNTA EN UN MISMO CONFLICTO”, www.razonpublica.com/.../3460/el-eln-una-guerrilla-distinta-en-un-mismo-conflicto
[23] .”QUE LAS FARC RECONOZCAN A SUS VÍCTIMAS, pide el Gobierno en Foro de Paz,  Foro organizado por El tiempo  y la U. del Rosario, 24 de febrero, www.eltiempo.com ;  15 de febrero
[25] . Samper, Maria Elvira. “LA INSOPORTABLE SOBERBIA DE LAS FARC “, El Espectador, 1 de marzo de 2015, pg. 52.
[26] . Informe sobre Colombia para la Corte Penal Internacional”
[27] . www.semana.com/nacion/articulo/falsos-pisitivos-aumentaron-154-en-gobierno-de-uribe
[28] .El E DEspectador
[29] . “LO QUE HEMOS GANADO”, Fundación PAZ & Reconciiación. Han disminuido los combates, los muertos, los heridos, los secuestros, los desplazamientos, www.pares.com.co/wp-content/.../02/Descargue
[30] . El Espectador, 8 de marzo de 2015.
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[32]. Habla Eduardo Pizarro, “GOBIERNO Y FARC COINCIDEN: LA LUCHA ARMADA HA SIDO INÚTIL”, El Tiempo, 14-02-2015.
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[34] . Ver, Humberto Vélez R, Atisbos Analíticos, www.google.com; atisbosanaliticos200o.blogspot.com .
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[39] . Palacios Marco. ENTRE LA LEGALIDAD Y LA VIOLENCIA.COLOMBIA 1875-1991, Editorial Norma, 5 edición, 1995, pg.189.
[40] . Artículo citado, pg.112
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[77] . Medina. Medófilo, ar.cit.