30 noviembre 2016

ATISBO 253 CON LA VISCOSA OPOSICION DEL URIBISMO.........

ATISBO ANALÍTICO N°253, Armenia, REDUNIPAZ,  noviembre 23 de 2016, ECOPAIS, un Nuevo estado  para un Nuevo país, Humberto Vélez r.


con la viscosa oposición del uribismo  y la más disruptiva
del neoparamilitarismo, el nuevo acuerdo de paz
se ha abierto camino.

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Si el nuevo Acuerdo de Paz, de pacificación lo llamamos nosotros,  no encuentra su refrendación definitiva antes de que el presidente Santos vaya a Europa, o sea antes del 10 de diciembre, a recibir el Nobel de las Víctimas, es muy posible que algo tan voluntarioso y funcional y bondadoso como el Cese bilateral del fuego lo dinamite en mil astillas. Por mucho que en estos Atisbos hayamos anhelado los escenarios  de una Asamblea Nacional Constituyente o el de los 1.200 municipios colombianos constituidos en Cabidos Abiertos, estos 18 días son definitivos, pues  tendrá que ser ya, en la hora de ahora, o Colombia tendrá otras   décadas más  de la más bárbara y desregulada  guerra. Después de lo acontecido ayer  21 de noviembre cuando el Uribismo se colocó donde debía estar, en la oposición al anterior y al nuevo Acuerdo, a este sólo le faltan tres cosas que no pueden enredarse a punta de leguleyismo:
PRIMERA: UNA  DESEABLE  REFRENDACIÓN  O LEGITIMACION SOCIOCIUDADANA. Ya no hay tiempo para un nuevo Plebiscito; por otra parte, el presidente Santos, constitucionalmente ya no está obligado a realizarlo, pues en su segunda presidencia recibió el mandato de buscar la paz; y en tercer lugar, nos guste o nos disguste, el Congreso, que es un órgano de elección popular,  puede legitimarlo apelando al Acto Legislativo de la Paz, que si ya no está vigente, lo puede reformalizar  en sesiones muy rápidas del Congreso.
SEGUNDA: UNA NECESARIA REFRENDACION  NORMATIVA, ES DECIR ASIGNARLE VALOR  JURÍDICO, COMO DECIR, ATESTIGAR ANTE COLOMBIA Y EL MUNDO  QUE ESE ACUERDO POSEE VALOR LEGAL. Por una vía similar a la anterior, esta operación también  la puede realizar el Congreso. Y no es que éste no pueda echar para atrás el nuevo Acuerdo, pero en la actualidad todo el mundo sabe que tiene las mayorías para aprobarlo, capacidad política que no posee el Uribismo para desaprobarlo.
Y TERCERA :  SU MÁS SANA Y SALUDABLE  Y SOCIALMENTE SUPERVISADA IMPLEMENTACIÓN.  En  nuestra opinión, la implementación legal  del nuevo Acuerdo, mediante reformas legales y un paquete robusto de proyectos, no va a ser tan dificultosa, pues, en elevada medida y en muchos aspectos, tal como veremos,  ese nuevo pacto no es más que la aplicación efectiva de la Constitución de 1991.

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Al condensar, en apretada síntesis el contenido del Acuerdo originario, así lo recogimos en el Atisbos Analíticos No 252 del 3 de noviembre del presente año[1]:
a.    Durante 100 horas , el Equipo Negociador de Santos  escuchó a las distintas fracciones de El No y en una relatoría que recogía  410 propuestas, el 6 de noviembre se fue a la Habana a renegociarlas con las Farc;
b.    El título del Atisbos 252  recogió así el  espíritu y las  lógicas del nuevo Acuerdo: “De las 410 propuestas, ni mucho de   “lo aceptable” por desorganizarlo; ni “lo inviable” por anularlo; pero sí “lo indispensable para salvarlo”;
c.    La lógica del  Nuevo Acuerdo sólo se hace inteligible recordando  la índole y los alcances del Acuerdo originario, que no era más que una propuesta de inicio de la pacificación del país- o de dejar de matarnos-, la que, no obstante sus abundantes  297 páginas, sólo tenía siete componentes muy concretos, así: Primero: el inicio de la pacificación mediante la dejación de las armas; Segundo: la transición de las Farc de la política a tiros a la política por la vía del juego democrático; Tercero: la puesta en marcha de un Acuerdo Agrario Integral, que no implicaba una reforma agraria pero sí, entre otras cosas importantes, un obligar al componente  zonal improductivo de los latifundios, casi todos con vocación agrícola, a cumplir con la función social de la propiedad privada constitucionalmente establecida en Colombia desde 1936; Cuarto: la gestación  de condiciones  institucionales, fiscales y culturales para impulsar la vigencia de la muy constitucional democracia de participación ciudadana; Quinto: la ruptura de las Farc  con todas las formas de relación con el narcotráfico, así como su cooperación efectiva para aplicar una política social humanitaria a la masa de pequeños productores de drogas ilícitas; Sexto: la colombianización de la Justicia Transicional bajo la novedosa forma de una Jurisdicción y de unos Tribunales Especiales de Paz atravesadas por la idea teórica y práctica de los derechos de las víctimas como referente central; y Séptimo: el acompañamiento de las Naciones Unidas , sobre todo y ante todo,  para hacer el monitoreo y la verificación de la dejación de armas, para realizar acciones conjuntas con miembros del Ejército orientadas a reparar a las víctimas, para garantizar la seguridad de los miembros de las Farc y para facilitarles sus incorporación a la vida civil;
d.    Entonces, bueno, regular o pésimo, ése fue el contenido básico del Acuerdo originario; lo demás no fue más que agregados  de los distintos grupos de interés;
e.    La producción de un  Nuevo Acuerdo, se dijo en el Atisbos 252, exige que la dimensión consensual- su construcción a partir de las diferencias y distancias  que no anulen su substancia originaria-  predominen sobre su dimensión  coercitiva – aparentar negociar para distraer  la atención, para ganar tiempo y para dilatar tal como lo hizo la fracción líder del No;
f.     Aún más, no se podrá olvidar  que una de las fracciones del No, precisamente la uribista, no solamente  se ha opuesto  a los diálogos  de la Habana en sí, sino que, detrás de esa postura ha ocultado la real oposición de un sector del bloque en el poder a toda reforma social importante no importa que ésta sólo tenga un alcance democapitalista tal como ha sucedido con el Acuerdo rural integral al que han asumido como un ataque contra la propiedad privada; y
g.     Finalmente así recogimos en el Atisbos 252, las siete razones que, en la etapa postplebiscito, han robustecido la necesidad de unos Acuerdos serios con las guerrillas: En esta coyuntura post plebiscito, los partidarios del no podrán pasar por alto que la opción  de insistir en los diálogos con la guerrilla hasta alcanzar la pacificación  se ha cualificado, así: 1. la irrupción proactiva de la juventud estudiosa a favor del dejar de matarnos  ha sido vigorosa; 2. según la última encuesta de Gallup, esa opción ha alcanzado un 77% de respaldo ciudadano, el más elevado en 16 años[2]; 3. de acuerdo con esta misma Encuesta, realizada la última semana de octubre, la disminuida imagen de las Farc mejoró  a un 19%; 4. varios de  los responsables del NO, sobre todo Pastrana y Marta Lucía Ramírez han evidenciado no compartir el conjunto de los cuestionamientos de Uribe; 5. la misma jerarquía católica, que  en el plebiscito  se casó con la tesis  de la neutralidad, en reunión con delegados del gobierno precisó, “esta oportunidad de paz con las Farc no se puede dejar pasar”; 6. Héctor José Pardo, uno de los pastores que viajaron a la Habana para dialogar con las Farc, ha declarado: que solicitaron  cambiar el “enfoque de género por el del derecho de las mujeres”, pero que “nuestra preocupación  no tiene que ver  con que los jefes guerrilleros  no vayan a la cárcel o con que participen en política. Queremos la paz  y esperamos que se logre el acuerdo”[3]; y  7.como nunca en relación con Colombia, la opinión  internacional  se ha dolido tanto por lo que sucedió en el país con los resultados del Plebiscito.
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Teniendo como referente los ya citados 7 componentes concretos del Acuerdo originario, veamos ahora cuáles  fueron los cambios, ajustes y precisiones recogidos en el Nuevo Acuerdo:
a.    El proceso de dejación de las armas: recordar que este  proceso quedó trunco con los resultados del Plebiscito  y al respecto, nada cambió en materia de tres fases para que las Farc se concentren en campamentos y veredas en un plazo de 180 días contados a partir de la firma del nuevo Acuerdo para hacer la entrega de las armas a la ONU
b.    La participación en política de las Farc: de acuerdo con Humberto De  La Calle, de modo explícito se excluyó a las Farc de la posibilidad de presentar candidatos propios en las Circunscripciones Especiales para la Paz, además que se redujo la financiación del partido que surgiese de su transición y se redujeron sus emisoras, que deberán compartir con las víctimas y las comunidades[4]. Y según Sergio Jaramillo, en la gestación del nuevo Acuerdo “lo más difícil fue el debate sobre sanciones y participación política…La discusión sobre elegibilidad política  fue particularmente difícil, porque es el tema que justifica un proceso de paz. Esa es la estructura del negocio: dejación de las armas a cambio de participación política y  seguridad”. Entonces, dada esta situación, se decidió en la renegociación dejar en manos de los Magistrados que integrasen  la Jurisdicción Especial de Paz el asunto de decidir quiénes podían o no participar en política. “Ellos, se reescribió entonces, en su criterio, decidirán si la participación política es compatible o no con el cumplimiento de las sanciones”.
c.    La puesta en marcha de un Acuerdo Agrario Integral: de acuerdo con el mismo  De La  Calle se precisó que en el tema Reforma rural Integral se incluían a la agroindustria   y al turismo como parte de las soluciones  para el desarrollo del campo quedando, por lo tanto, garantizado el derecho de propiedad privada;
d.    La democracia de participación  ciudadana: se precisó que no había una ideología de género sino, más bien un enfoque de género para dar prioridad a la atención a las mujeres víctimas del conflicto existiendo, además, la libertad de cultos[5]; en la renegociación  no se hizo más que insistir en temas que ya están en la Constitución como la ampliación y profundización de la democracia, el fortalecimiento de la participación ciudadana  y el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político;
e.    El problema del narcotráfico: se acordó que las personas que vayan a la Jurisdicción Especial de Paz  deben “entregar toda la información  detallada sobre el negocio para poder establecer responsabilidades”; por otra parte se precisó que el gobierno no renunciaba a la erradicación forzosa incluida la fumigación; en materia de conexión  del narcotráfico con el delito político se acordó que se definirá caso por caso de acuerdo a la jurisprudencia colombiana sobre el tema;
f.     La colombianización de la Justicia Transicional: uno de los puntos más debatidos entre expertos, aunque con seguridad la mayor parte de la ciudadanía no alcanza a precisar qué significa el término, fue precisar  si el Acuerdo de Paz entraba o no hacer parte del llamado Bloque de Constitucionalidad o sea en términos  más sencillos,                                                                                                                                                 si entraba o no a hacer parte de nuestra legislación interna. Las Farc decían  que esa era la única forma  de blindar o proteger lo pactado en clave de seguridad jurídica; Humberto de la Calle, por su parte, menos receloso, señalaba  que los principios que inspiraban el Acuerdo serían un parámetro de aplicación y guía tanto normativa como práctica; por su parte, la oposición rechazaba con radicalidad tal posibilidad. Al final, en la renegociación se definió que en la Constitución  sólo quedarían los temas de los derechos humanos  y del DIH, lo que como es lógico incluirá el tema del presente y futuro de la guerra. De  todas maneras, se acordó que el nuevo Acuerdo sería depositado internacionalmente  como Acuerdo Especial y que sería el Congreso el que mediante un Acto Legislativo incluiría en la Carta Política un artículo transitorio precisando  que aquellos contenidos que corresponderían a esas dos materias eran de modo obligatorio  parámetros de interpretación.[6] Otro tema altamente debatido fue el de la relación de La Justicia Transicional con la Justicia Ordinaria colombiana. Al respecto en materia de la Jurisdicción Especial de Paz, el nuevo Acuerdo habla del respeto al debido proceso, del principio de imparcialidad, de la debida publicidad y de la garantía del principio de contradicción en la valoración de la prueba, así como de la doble instancia. Según Humberto de la Calle se usarán  los recursos de las Farc en la reparación de las víctimas quedando éstas obligadas a entregar un inventario detallado de bienes y activos[7]. El asunto espinoso de cárcel para los guerrilleros sancionados por delitos graves fue superado, pues se precisaron detalles claves como fijar los espacios territoriales donde se ubicarán los sancionados durante la ejecución de la sanción correspondiente y hasta se aceptó la idea de Uribe de que fuese en colonias agrícolas. Finalmente, se aclaró  que en el caso de los miembros de la Fuerza Pública, la aplicación de la Justicia Transicional debe partir del reconocimiento de que el Estado tiene como fin  esencial garantizar y proteger los derechos de todos los ciudadanos.
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Si ya el Acuerdo originario era limitado en sus contenidos substantivos, el nuevo lo ha sido mucho más. Por eso como puntos problemáticos se pueden resaltar los siguientes:
a.    La obsesión por  la tesis sobre la sostenibilidad fiscal, que siempre permitirá afirmar, “eso está muy bien, pero no hay plata para financiarlo”, lo que va en contra de las lógicas de un Estado Constitucional que siempre programa el gasto como un componente objetivo de las Políticas Públicas ;
b.    La prohibición de Nuevas Zonas de Reserva Campesina;
c.    El enfoque idealizado de una relación funcional y amigable entre la visión empresarial de la tierra y las economías campesinas;
d.    La prevención  de que  la expropiación por razones de improductividad de los latifundios es un atentado contra la propiedad privada;
e.    La animosidad contra el requisito constitucional del impacto ambiental; y
f.     La eliminación de Magistrados Extranjeros , por lo menos, para una selección más técnica de los Magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz.









[1] . Atisbos Analíticos 252,  fundacionecopais.blogspot.com, noviembre 3 de 2016.
[2] . “Según Encuesta mejora la imagen de las Farc y apoyo al proceso de paz, última semana de octubre del 2016, www.eltiempo.com
[3] . Idem.
[4] . Declaración  de Humberto de La Calle tras la reunión con los voceros del NO, 22 noviembre 2016
[5] . Declaración de Humberto de la Calle tras la reunión con los voceros del No, 22 de noviembre de 2016.
[6] . García Segura, Hugo, “Humo blanco en la Habana”,  El Espectador, 12 noviembre 2016.
[7] .Declaración de Humberto de la Calle tras la reunión con los voceros del No, 22 noviembre 2016.

08 noviembre 2016

ATISBO ANALÍTICO 152- LA LÓGICA DE UN NUEVO ACUERDO

Atisbos  analíticos  252, ARMENIA,  noviembre 3 de 2016, HUMBERTO Velez Ramírez, redunipaz  y redpazejecafetero, humbertovelezr@gmail.com, 
                                                                                                                                    
                                       fundacionecopais.blogspot.com




La lógica de un Nuevo acuerdo: DE LAS 410 PROPUESTAS,
Ni mucho de “lo aceptable” por desorganizarlo;
Ni “lo inviable”  por  anularlo;
Pero sí,
“lo indispensable” para salvarlo.

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Tras escuchar y escuchar y escuchar a  variopintos representantes de las  fracciones de “El NO”  con  410 propuestas[1]distribuidas   bajo la forma de una muy objetivista relatoría en 57 heterogéneos ejes temáticos y 750 páginas de comentarios, el 6 de noviembre  estuvo de regreso a la Habana el Equipo Negociador de Santos, liderado por el prudente y lúcido exnadaista Humberto de la Calle Lombana; renuente a negociar algo  con la oposición  y tras mucha y longa escucha, ese grupo se fue   a la Isla de Martí   al encuentro de la contraparte farquiana[2] que, en el lomo de una muy  difícil coyuntura, ha terminado por convertirse  en el sujeto político más  decisivo para el presente y  futuro de los Acuerdos. Aunque in pectore Santos sabe cuánto y hasta dónde  puede ceder a Uribe  para que el empeño de la pacificación no se le evapore entre las manos,  en la Habana, el Secretariado farquiano, en condición  de ejército rebelde militarmente no derrotado, también sabe hasta dónde puede ir para mantener en alto la lógica intrínseca a toda negociación: la reciprocidad y la calidad  de las concesiones recíprocas.
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Pero, en el orden lógico, sólo se tornan inteligibles esas tres notas del nuevo Acuerdo- “lo aceptable” mientras  no lo sobresature y desorganice, lo viable que en vez de anularlo lo enriquezca  y lo indispensable que lo salve”- si, en apretada síntesis, recordamos la índole y los alcances del Pacto originario de la Habana dado a conocer  el pasado 26 de septiembre del 2016. Más allá de los deseos de cada quien y de cada grupo, se trató de un Acuerdo, que aunque  limitado en sus contenidos- solo cubría una de las dimensiones substanciales de la paz, la de la pacificación o el  dejar de matarnos-   así como  en sus protagonistas- sobre todo y ante todo, Gobierno y Farc-, sin embargo, era muy preciso y delimitado y orgánico en sus temas  substanciales pues, no obstante lo abultado del texto, la mayor parte de las 297 cuartillas no era más que el detalle ideológico-político-técnico  de 7 componentes interrelacionados muy concretos:
a.       el  dejar de matarnos -o sea el inicio de la pacificación mediante la dejación de las armas-   con la guerrilla más antigua, importante e impactante siendo ésta apenas una de las cinco dimensiones substantivas de la construcción de paz;
b.      mediante su conversión en un partido político, la transición de las Farc de la política a tiros a la política por la vía del   juego democrático de ideas y de proyectos  de construcción de nación;
c.        la puesta en marcha de un Acuerdo Agrario que, sin implicar una reforma agraria ni un freno a la agricultura capitalista y hacendataria pero sí un castigo constitucional al componente improductivo del latifundismo, en nuestra  opinión, permitirá  reposicionar  y proyectar  y sacudir las para el país muy importantes   economías campesinas, sobre todo en materia de marchar hacia la soberanía alimentaria;
d.      la gestación de condiciones institucionales, fiscales y subjetivas para impulsar la vigencia de la muy constitucional democracia de participación;
e.        la ruptura de las Farc con todas las formas de relación con el narcotráfico, así como su vigorosa cooperación  para un  manejo  humanitario del problema sobre todo  en lo relativo con un campesinado empobrecido partícipe en una u otra dimensión  del problema de las drogas ilícitas;
f.       la colombianización de la Justicia Transicional bajo la novedosa forma de una Jurisdicción y  un Tribunal Especiales de Paz, semiestatal y ad hoc y transitoria, orientada a colocar a todos los Victimarios en condiciones objetivas y subjetivas propicias para  poder cumplir  su obligación moral y política de reparar a  8 millones de víctimas impulsando acciones y definiendo medidas y recursos dirigidos a garantizar la realización efectiva de sus derechos; para esos efectos se pactó que para los Máximos responsables de delitos atroces  no habría cárcel pero si sanciones alternativas pudiendo, por otra parte, las Farc crear su propia partido para participar en política;

g.      el acompañamiento de las Naciones Unidas, sobre todo, para hacer el monitoreo y la verificación  de la dejación de las armas, para iniciar acciones conjuntas con miembros del Ejército orientadas a reparar a las víctimas, para garantizar la seguridad de los miembros de las Farc  y para facilitarles su incorporación a la vida civil.


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En sus líneas más robustas – bueno, regular o pésimo- ese fue el contenido substantivo del Acuerdo   que se firmó en Cartagena el 26 de septiembre; lo demás han sido agregados subjetivos de cada quien, conjeturas de muchos sin base empírica seria, tergiversaciones amañadas y mal intencionadas de tantos,  invenciones  de un sector contrario a los diálogos,  enredos de otros miles que asumieron como acuerdos lo que apenas  había sido una discusión pasajera más entre las tantas que hubo, pero además, lo demás también fueron inquietudes y preguntas serias en torno a puntos imprecisos cuyo desarrollo se quedó a mitad de camino o a vacíos de necesario relleno ahora si se quiere salvar el Acuerdo originario.
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Un punto central a precisar en la actual coyuntura: ¿acaso  la participación de Uribe, el más importante opositor del No amén que líder de todos los cuestionadores, es  una condición sine qua non para la validez política de un nuevo Acuerdo entre elites­? En nuestra opinión si, por las razones que sean, no se produce un consenso entre las fracciones políticas del bloque en el poder, el movimiento social  por la paz, donde se encuentra el colectivo básico de los subalternos, en una línea de inspiración  gramsciana  puede negociar con la  fracción que propicia la apuesta de pacificación con las consecuencias que ella implica según los 7 temas que le dieron forma al Acuerdo originario recogiendo algunas de las precisiones y ajustes presentados por otros sectores del No. La producción de un nuevo Acuerdo exige que su dimensión consensual-  su construcción  a partir de las diferencias y distancias que no anulen su substancia originaria- predomine sobre la dimensión coercitiva- aparentar negociar para distraer la atención, para dilatar y  tratar de imponer el punto de vista de uno de los negociadores. Entonces, el Centro Democrático está en su derecho de manejar una alternativa estratégica distinta para abordar el conflicto interno armado y que sea esta la ocasión para que ponga a prueba su realidad de fuerza política democrática haciendo una clara  ruptura con  sus anteriores  formas de equívoca relación con una u otra versión del paramilitarismo. Entonces, sin negar la posibilidad de que Uribe, para no echarse encima la responsabilidad de la reanudación de la guerra interna, reasuma posiciones positivas que ya tomó cuando era presidente, sin  embargo, en la coyuntura es muy difícil que ello ocurra cuando lo que busca es la vicepresidencia y, por eso,  coincidimos  con la postura de dos importantes analistas  con respecto Uribe,
“Que no lo inviten más. Que no le toleren más  coqueterías de prima donna. Lo único que hace es aprovechar las invitaciones para ganarle tiempo a su rechazo: no para destrabar el proceso de paz entorpecido por el triunfo del No en el plebiscito, sino para enredarlo más. Que se den cuenta por fin de que Uribe no tiene la menor intención de contribuir a la paz por la sencilla razón  de que no quiere que haya paz en Colombia”, escribió Antonio Caballero[3];  “muy pronto tendremos que olvidarnos del gran acuerdo nacional en torno a la paz…Uribe recoge… esas ideas, conservadoras,  tradicionales, intolerantes y refractarias  a la solución política de los conflictos…Uribe como Donald Trump, como Silvio Berlusconi en su momento, dicen lo que mucha gente quiere oir…Si el Consejo se atreve  a validar que Uribe esté como  candidato a la Vicepresidencia en el tarjetón…es obligatorio que los temas de paz  y el posconflicto sigan en el primer lugar de la controversia pública. De ahí  que no exista la menor posibilidad  que el uribismo se comprometa en serio con fórmulas que faciliten la firma conjunta del acuerdo de paz con las Farc y la culminación rápida de las negociaciones con el ELN”, ha precisado León Valencia.[4]
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Pero,  aún más, como ya lo advertimos en el anterior Atisbos, el No 251 del mes de octubre,
Existe, por otra parte, en el rechazo de los opositores a los Acuerdos, una dimensión que no ha sido suficientemente enfatizada por una buena parte de los analistas. Hasta antes de los resultados del 2 de octubre, éramos muchos los que hablábamos  de la posibilidad de que Colombia, a partir del simple  dejar de matarnos  acompañado no   de una genuina reforma agraria sino de la mera reforma rural integral pactada, pudiese entrar a una etapa  de transformación de la sociedad a partir de un cambio importante en las relaciones sociales rurales. Es que  con el simple hecho de tocar problemas como los del avalúo catastral, el de un fortalecimiento del impuesto predial y el del papel de las olvidadas economías campesinas en la definición de una estrategia orientada a  lograr la soberanía alimentaria, se estaría  produciendo ya un tremendo y  desacostumbrado revolcón  en el conjunto de la vida social.[5] Por la tanto, habrá  que recuperar la idea de que en  la oposición a los Acuerdos  se encuentra  también oculta la real oposición de un  sector importante del bloque en el poder a importantes reformas sociales, políticas e institucionales”.
Ha sido precisamente  ésta la posición que ha venido liderando Uribe Vélez en los últimos 15 años. En la actual coyuntura post-plebiscito, por mucho que Uribe, en apariencia, haya suavizado sus posturas contrarias a las lógicas de la negociación de un conflicto armado tan largo y sangriento e impactante como el colombiano, aquellas, en cuatro items esenciales, continúan perturbando la esencia misma del originario Acuerdo Habanero: 1. con su apuesta de un nuevo tipo de encarcelamiento para los ex-guerrilleros y no para el conjunto de los victimarios; 2.con su tesis de la no elegibilidad para los responsables de crímenes atroces; y 3. con su idea de la constitucionalización  de la Justicia Transicional por la vía de  su subordinación  a la Justicia Ordinaria; y 4. con sus reservas sobre la posibilidad de la expropiación administrativa consagrada en la propia Constitución y para cuya eliminación habría que reversarla.  

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En esta coyuntura post plebiscito, los partidarios del no podrán pasar por alto que la opción  de insistir en los diálogos con la guerrilla hasta alcanzar la pacificación  se ha cualificado, así: 1. la irrupción proactiva de la juventud estudiosa a favor del dejar de matarnos  ha sido vigorosa; 2. según la última encuesta de Gallup, esa opción ha alcanzado un 77% de respaldo ciudadano, el más elevado en 16 años[6]; 3. de acuerdo con esta misma Encuesta, realizada la última semana de octubre, la disminuida imagen de las Farc se trepó  a un 19%; 4. varios de  los responsables del NO, sobre todo Pastrana y Marta Lucía Ramírez han evidenciado no compartir el conjunto de los cuestionamientos de Uribe; 5. la misma jerarquía católica, que  en el plebiscito  se casó con la tesis  de la neutralidad, en reunión con delegados del gobierno precisó, “esta oportunidad de paz con las Farc no se puede dejar pasar”; 6. Héctor José Pardo, uno de los pastores que viajaron a la Habana para dialogar con las Farc, ha declarado: que solicitaron  cambiar el “enfoque de género por el del derecho de las mujeres”, pero que “nuestra preocupación  no tiene que ver  con que los jefes guerrilleros  no vayan a la cárcel o con que participen en política. Queremos la paz  y esperamos que se logre el acuerdo”[7]; y  7.como nunca en relación con Colombia, la opinión  internacional  se ha dolido tanto por lo que sucedió en el país con los resultados del Plebiscito.


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Otros cuestionamientos, que no los inviables uribistas nugatorios de la esencia del Pacto originario, pueden ser discutibles y transables, por ejemplo, que un victimario responsable de crímenes atroces no pueda ocupar puestos públicos mientras no cumpla, por lo menos, parcialmente, sus sanciones alternativas o que el nuevo Acuerdo, no obstante ser asumido como un Acuerdo especial, por decisión de la Corte no entre a formar parte de la legislación ordinaria y del bloque de constitucionalidad o que entre un mínimo de 5 años y un máximo de 10 sea la vigencia de la Jurisdicción Especial de Paz o que se precisen mucho más los compromisos de los victimarios con la reparación material de las víctimas definiendo acciones, medidas y posibles recursos así como lo relativo a los delitos conexos al derecho de rebelión o que se especifiquen con mayor detalle los beneficios políticos de los exguerrilleros o que se diferencie con mayor nitidez la distinción entre el necesario  manejo bajo un enfoque de género de los problemas de  las mujeres víctimas y victimarias y de la población  LGTB y la irrupción de una perversa ideología  de género en la educación de los hijos. Mucho de esto será necesario para salvar el Acuerdo sin anularlo con  propuestas inviables que afectarían su esencia más íntima, así como su narrativa central.


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Entre las 410 propuestas presentadas, muchas, asumidas de forma aislada, pueden ser aceptables, pues recogen demandas  válidas de uno u otro sector ciudadano,  pero, incorporadas  al nuevo Acuerdo, no harían más que romper su organicidad  por tener nada que ver con su naturaleza y alcances. Hace 15 años cuando por fin en el Caguán se concretó una agenda de discusión, casi todos sus componentes tenían que ver con propiciar en Colombia un profundo cambio social. Fue entonces cuando el expresidente López Michelsen dijo que las Farc pretendían  que  el gobierno les hiciese por decreto  una revolución social. Entonces, los poderes del establecimiento, asustadizos, se fueron en contra del proceso del Cagúan y el propio López, abriéndole así una puerta a Uribe, señaló que, para que no demandasen tantas concesiones, a las Farc, antes de sentarse a negociar  con ellas, había  que golpearlas y debilitarlas militarmente. Como para aprender del pasado. En ningún país, y menos en Colombia, una revolución social democrática podrá ser el resultado de una negociación política entre las fracciones del bloque en el poder  y uno u otro sector de los subalternos, lo que no significa que de ella no se puedan desprender importantes consecuencias sociales. Como sería el caso de ahora. El Acuerdo originariamente pactado, como ya dijimos es restringido y limitado en contenidos, así como en protagonistas. Sin embargo, aplicado, aún con precisiones y ajustes, puede sacudir al país, sobre todo, desde el sector rural al jalonar, por las vías democráticas, un amplio movimiento social ciudadano  agrario capaz de producir  importantes cambios sociales.  

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Lo que más apremia en el actual proceso es el problema de los tiempos. Si no fuera por éstos, tal como lo hicimos en el Atisbos 251, seguiríamos defendiendo el escenario de una Asamblea Nacional Constituyente, que sería la que le proporcionaría a los Acuerdos los más amplios soportes sociales y ciudadanos o ahora defenderíamos la posibilidad de los Cabildos Abiertos en los 1.100  municipios del país. Pero sea  lo que sea, en la coyuntura, la necesidad del menor tiempo posible para gestar un nuevo Acuerdo no se encuentra asociado al 10 de diciembre cuando Santos recibirá el Nobel de la Paz, sino, más bien, a la situación crítica en que se encuentra  el proceso  de dejación de armas con un cada día más insostenible cese técnico y político bilateral del fuego. Apenas acunándose, el proceso quedó en el limbo. Por eso el nuevo acuerdo debe gestarse pronto, con Uribe o sin Uribe,  so pena de que se evapore y pierda  todo lo que se ha avanzado en favor de la pacificación.






[2] .”Santos ordena trabajar con propuestas del No hasta lograr Acuerdo”; “N0viembre, plazo que se ponen gobierno y farc”, El Tiempo,  6 de noviembre 2016, pgs. 2 y 3;  “EL balón está en manos de las Farc. Propuestas del No llegan a la Habana”, El Espectador, 6 de noviembre  2016, pg.2; Semana, “Bitácora de un diálogo agridulce”, Edición 1801, del 6 al 13 de noviembre.
[3] . Caballero, Antonio, “Marear la Paloma”, Semana, Edición 1800, del 30 de octubre al 6 de noviembre, pg.106.
[4] . Valencia, León. “Uribe en el Tarjetón de 2018”, Semana, Edición 1801, del 6 al 13 de noviembre de 2016, pg.66.
[5] . Vélez Ramírez, Humberto, Atisbos Analíticos 251, octubre 2016.
[6] . “Según Encuesta mejora la imagen de las Farc y apoyo al proceso de paz, última semana de octubre del 2016, www.eltiempo.com
[7] . Idem.

27 octubre 2016

ATISBOS ANALÍTICOS 251, ARMENIA,  primera quincena  de octubre  de 2016, HUMBERTO VÉLEZ R, miembro del nodo regional de Redunipaz del suroccidente colombiano y de la Red de Paz Eje Cafetero, “POR UN NUEVO ESTADO PARA UNANUEVACOLOMBIA”. humbertovelezr@gmail.com,




Pasado, presente y futuro del Acuerdo de Paz: 6 Escenarios

Fueron las Víctimas las que redirigiéndolos,
salvaron los Diálogos de la Habana.

Abstract

1.      Y del carácter vinculante de los Acuerdos, ¿QUÉ?
2.      ¿Qué hacer entonces en la coyuntura?
3.      Y fueron LAS VICTIMAS Y SU CAUSA las que salvaron los Diálogos de la Habana.
4.      ¿Qué hacer en el corto y mediano plazo?
5.      6 escenarios de los Acuerdos.
5.1. El Modelo Habanero.
5.2. La Renegociación: La propuesta del Centro Democrático: “BASES DE UN ACUERDO NACIONAL DE PAZ”.
5.3. El Escenario de la Dilatación.
5.4. El Escenario de la Repetición de las Elecciones en la Costa Atlántica.
5.5. El escenario de unos  Acuerdos jurídicamente válidos y que sólo requieren su reconstrucción política: La demanda del Exfiscal Montealegre puede salvar el valor jurídico de los Acuerdos.
5.6. O Referendo o, mejor aún, una Asamblea Nacional Constituyente.

NOTA: las personas que no quieran o no puedan leer este largo Ensayo, propio, más bien, para trabajarlo, en clases, seminarios o talleres, pueden limitarse a leer  LA INTRODUCCIÓN COMO CONCLUSIÓN. Este Ensayo  puede reproducirse con solo citar la fuente.


LA INTRODUCCIÓN COMO CONCLUSIÓN.  

 

 

De entrada aunque con necesarios  paréntesis aclarativos, en su formulación genérica, presentamos, y subrayada,  la hipótesis central que postularemos en este Ensayo, dirigido muy en especial a la juventud universitaria y de secundaria:
“ Cuando en él  no se postula reforma agraria alguna  ni nada que afecte el derecho de propiedad ni la competitividad ni la libre empresa ni el derecho de los padres a cumplir un papel central en la educación de sus hijos- lo que no  está en ninguna de las ya famosas 297 páginas-, si al Acuerdo de Paz- de “pacificación” lo denominamos en este Atisbos-  le quitamos la reforma rural, la restitución de tierras en manos de quienes las hayan adquirido por medios poco honestos, la Justicia Transicional asociada a  la  posibilidad de que los Victimarios- las Farc  son solo uno de ellos- cumplan la obligación política y ética y material que tienen de reparar a las víctimas - no lo podrán hacer  desde una de nuestras inhóspitas mazmorras-  y la también posibilidad de que  los exguerrilleros  ejerzan la política, entonces, a ese Pacto Final se le habrá  quitado lo más substancial que tiene para posibilitar el que no nos sigamos matando. Y así será, ya lo demostraremos, porque no tiene validez empírica la afirmación hecha por el expresidente Uribe en uno de sus más importantes textos críticos de los Acuerdos de la Habana”: las Farc “quieren, escribió,  hacerle pagar al Estado y la Sociedad un alto costo a cambio de una eventual e indeterminada dejación de las armas, costo que incluye el trámite y acuerdo sobre una ambiciosa y radical agenda en la que están incluidos TODOS LOS TEMAS NACIONALES”.[1] En plata blanca, cuáles y cuántos, pues el Acuerdo Final se puede condensar en 7 temas substanciales, que se encuentran muy lejos de recoger y agotar todos los problemas nacionales.
Un desenlace así significaría, 1. el triunfo político total de un  No que  en el Plebiscito, en lo estrictamente electoral, sólo obtuvo un empate técnico; 2. la derrota política y, tras el Nóbel, moral y sicológica e internacionalmente  publicitaria,  del Presidente Santos; y 3.  la posibilidad  real de la reanudación de la más bárbara y desregulada guerra.
Existe, por otra parte, en el rechazo de los opositores a los Acuerdos, una dimensión que no ha sido suficientemente enfatizada por una buena parte de los analistas. Hasta antes de los resultados del 2 de octubre, éramos muchos los que hablábamos  de la posibilidad de que Colombia, a partir del simple  dejar de matarnos  acompañado no   de una genuina reforma agraria sino de la mera reforma rural integral pactada, pudiese entrar a una etapa  de transformación de la sociedad a partir de un cambio importante en las relaciones sociales rurales. Es que  con el simple hecho de tocar problemas como los del avalúo catastral, el de un fortalecimiento del impuesto predial y el del papel de las olvidadas economías campesinas en la definición de una estrategia orientada a  lograr la soberanía alimentaria, se estará  produciendo ya un tremendo y  desacostumbrado revolcón  en el conjunto de la vida social.[2] Por la tanto, habrá  que recuperar la idea de que en  la oposición a los Acuerdos  se encuentra  también oculta la real oposición de un  sector importante del bloque en el poder a importantes reformas sociales, políticas e institucionales.
De todas maneras, más allá de la renegociación cerrada entre dos elites del bloque en el poder, existen otras salidas políticas socialmente más amplias, y con posibles simultaneidades jurídicas salvadoras, en las que también pueden y deben participar tanto Santos como Uribe, así como los  otros representantes del No siendo éste el objetivo específico de este Ensayo. Tras los resultados del Plebiscito, la juventud colombiana se pellizcó y empezó a vaciar sobre  las calles urbanas  una refrescante marejada de indignación contra la guerra  y sus consecuencias.. Todo parece indicar que ahora los jóvenes no serán inferiores al papel que cumplieron en la pre/constitución de 1991 cuando fueron protagónicos. Así lo ha visto Maria Elvira Bonilla, “Los primeros en reaccionar con vigor y fuerza fueron los jóvenes. Miles de ellos. Decididos esta vez a ser tenidos en cuenta y a reclamar su derecho a vivir en un país en paz. Un sentimiento mucho más profundo de lo que se creyó, que se expresó frente al abismo, al riesgo de poder ver al país pegado en el fango de la incertidumbre o de regresar al hueco insondable de la violencia. Lo que se ha visto es un sacudón lleno de vitalidad que puede resultar premonitorio de nuevos amaneceres”.[3] Y al expresar, en lo emocional, la opinión internacional favorable al final de la guerra en Colombia, ha escrito nuestro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        antrópologo y etnobotánico canadiense Wade Davis, “Mi corazón arde por Colombia. Y así seguirá. Sé que encontraremos la poesía para mover a los colombianos no hacia el miedo, sino hacia los ángeles que llevan dentro. La guerra es fácil; la paz, difícil. Pero al final el bien prevalece. Simplemente nos cuesta más”.[4]  De todas maneras, a Santos, como lo hecho Lisandro Duque, habrá que reconocerle sus méritos, “La primera semana del posplebiscito fallido, el presidente Santos, comparándose con un viejo lobo de mar que llevará a buen destino su nave maltrecha, dijo que a él, todo un exgrumete de la Armada Nacional, no iban a hacerlo zozobrar los tiburones de que estaban las aguas picadas. Ojalá, ojalá. Digamos que todavía tiene un tiempo escaso para maniobrar y quedarse con su pieza, como El viejo y el mar, en un combate honorable”.[5]
Con sobradas razones pensamos que por una pírrica diferencia de 54.000 votos los partidarios del No, y sobre todo  su líder, no pueden reimponer  otras décadas más de guerra en Colombia, y como en Editorial  escribió   The New York Times,” Mientras que el gobierno de Santos y las Farc han dicho que están comprometidos con mantener el cese el fuego que ha durado casi un año, hay más posibilidades de que mientras más dure el impasse pueda haber más nuevos sucesos de violencia. El volver al combate —lo cual no puede descartarse— podría ser catastrófico. Si eso pasara, Uribe sería a quien tendríamos que culpar”.[6] Pero la compleja y no tan endurecida cadena del proceso también  puede romperse por el lado de las Farc. Para rematar con esta ya larga lista de citas expresivas de puntos de vista centrales, escuchemos a Iván Marquez a quien, como a todos menos a Uribe,  también lo presiona el tiempo, “Si  no se llega a un acuerdo pronto, el proceso de paz puede pasar del limbo al infierno”.[7]


 

 

 

1

Y del Carácter Vinculante de los Resultados del Plebiscito, QUÉ­?­

En nuestra opinión ´´acertada’’, pero ‘’desacertada’’  en la del investigador  de la Universidad del Valle Javier Duque[8],  fue la decisión del presidente Santos al convocar a un Plebiscito, pero haya  la que haya sido la nota, la Corte,  al constitucionalizarlo, de modo explícito precisó el carácter vinculante[9] para el gobierno de los  resultados  de ese evento  que produjo resultados políticos para Santos  pero sin consecuencias  en lo jurídico en el sentido de que en ese evento no se estaba sometiendo a voto el derecho constitucional a la paz.  Por eso, moviéndonos en el mero plano de las analogías, nos atrevemos a afirmar que, después de ese empate técnico en el que el 2 de octubre el No obtuvo casi una imperceptible pero válida ventaja electoral, en Colombia dejaron de existir  como realidades políticas ónticas  los Acuerdos informales de la Habana con sus contenidos originarios. Daniel Coronell ha señalado que el lunes  3 de octubre de 2016  el acuerdo  con las Farc amaneció muerto.[10] Es pertinente lo que ha afirmado en España  Enrique Santiago, abogado de las Farc, en el sentido de que el Plebiscito no tiene  validez jurídica[11] sino política, aunque podría ser polemizable su tesis  de que los Acuerdos  tengan ya    un ‘’valor jurídico´´  haciéndose  inmodificables para el Derecho Internacional.[12] Y  fundamentó  su valor jurídico en tres razones: 1. en que los derechos no pueden ser objeto de consultas populares, pues según   el artículo 22 “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”; 2. en que en su sentencia la Corte estableció   que  el resultado del Plebiscito no tenía  ningún efecto jurídico, aunque sí  implicaba una obligación política para el presidente; y.3.en que el Acuerdo final, conforme al Derecho Internacional,  ya había alcanzado fuerza jurídica propia toda vez que había sido suscrito como Acuerdo Especial, que  había entrado  a formar parte del bloque constitucional. Esto no obstante, a  guisa de inquietudes críticas y de dudas,  destacamos las siguientes situaciones: 1.en el Plebiscito lo que se sometió a consulta no fue el  esquivo derecho a la paz sino unos Acuerdos, que buscaban apresarla; 2. en  sus resultados más importantes, ese evento político dijo  que esos acuerdos no tenían validez  política; 3. pero, ¿podrá  juridizarse o darle valor jurídico a  lo políticamente inexistente? ¿No se habrá quedado el Acto Legislativo para la Paz  del Congreso y la misma firma del Acuerdo sin su más esencial materia prima? Y finalmente, ¿No se  habrán quedado sin su más genuina substancia política esas 297 páginas  que, como   Acuerdo Especial,  con la intención de constitucionalizarlas, entregaron las Partes de la Habana ante el Organismo depositario de las Convenciones de Ginebra de 1849?
Pero, que  conste que  lo anterior lo afirmamos sin consultar las lógicas de los tiempos jurídicos que, formales para muchos, para nosotros también son muy importantes, sobre todo, cuando se refieren  a sucesos asociados al tiempo histórico de un suceso, como es el del pasado, frente y futuro de nuestro conflicto interno armado.
De todas maneras, no obstante los resultados del Plebiscito, el presidente Santos, constitucionalmente facultado para manejar el orden público, podrá llamar a una nueva negociación o, como ha acaecido ya,  mantenerle la continuidad a la que ya convocó desde el 4 de septiembre del 2012  dándole así impulso a  la gestación de nuevos  Acuerdos que, de modo necesario.
En resumen, condensada ésta es nuestra posición sobre la relación Acuerdo Final y Juridicidad:  Los resultados del plebiscito determinaron la muerte política del Acuerdo Final y, por lo tanto, con ella desaparecieron las realidades políticas que, para efectos de impulsar no tanto la paz sino  el inicio de la pacificación con el grupo insurgente más antiguo, importante e impactante, tenían que ser juridizadas en alguna instancia institucional adecuada; ahora habrá que gestar unos nuevos Acuerdos  y buscar una instancia en la que puedan alcanzar valor jurídico.
2
¿Qué hacer, entonces, en la coyuntura?
En lo inmediato  de estas primeras semanas y meses,
1.      por el hecho  de que el Acuerdo Final haya pasado a la condición de tabula rasa, no tirar por la borda  esos cuatro intensos y complejos y dificultosos y hasta angustiosos años de aciertos, avances y asomos históricos, pero también de algunos errores, que le han merecido a Santos y, sobre todo, a las Víctimas, el Premio Nobel de la Paz[13]- FELICITACIONES ENORMES A AMBOS POR PARTE DE UN CIUDADANO NO SANTISTA- pues  nada impide  que los ya políticamente inexistentes   Acuerdos Finales  puedan  ser asumidos  como unas muy ricas y orientadoras realidades fácticas con potencia para referenciar  el todavía vago pero ya muy contradictorio y  limitado proceso de construcción de los llamados pactos nacionales orientados  a renegociar los Acuerdos entre las dos elites del bloque en el poder;  como lo ha destacado Iván Cepeda el Acuerdo de la Habana tasta tal  punto se ha convertido ya  en  una realidad tan insoslayable que hasta sus más empecinados opositores lo han tenido que mantener como un referente central[14]; de todas maneras,de entrada habría que destacar que en esa construcción de un pacto nacional, deberían estar todos los que son y ahora no están y  todos ellos construyendo puentes en y desde las instancias más ricas y adecuadas. Deberían estar todas las fuerzas vivas y activas de la nación y no sólo las dos elites del bloque en el  poder, la santista y la uribista,   que en los últimos  6 años se han evidenciado divididos sobre la forma de abordar el conflicto interno armado  para brindarle seguridad jurídica a la inversión extranjera en el subsuelo colombiano;
2.      como el inicio del proceso de dejación de las armas ha quedado en suspenso en su primera fase de traslado del 30% de los combatientes de las Farc a los campamentos veredales  y para evitarle enormes y peligrosos riesgos al manejo del orden público y a la seguridad vital de los guerrilleros, bajo  el monitoreo de la ONU y la custodia de las Fuerzas Armadas y en el marco del cese del fuego, habría que    regresarlos  temporalmente a sus sitios de origen;  ya El Secretariado  a través de Pastor Alape ha dado  la orden, “todas nuestras unidades  deben empezar a moverse a posiciones seguras para evitar provocaciones’’. Por  fortuna, con rapidez el 7 de octubre, Gobierno y Farc, para afianzar el Cese del Fuego bilateral,  tomaron  pertinentes y muy precisas  medidas de adecuación a las nuevas condiciones post-plebiscitarias  en reunión efectuada en la Habana con Jean Arnault, Jefe de la Misión Especial de la ONU en Colombia; acordaron un Protocolo orientado a prevenir cualquier incidente, en zonas  de pre-reagrupamiento y solicitaron al Secretario General de la ONU, y por su intermedio, al Consejo de Seguridad que autorice a su Misión en Colombia a continuar ejerciendo “sus funciones  de Monitoreo y Verificación, resolución de diferencias, reportes, recomendaciones y coordinación  del Mecanismo tripartito previsto en la Resolución 2226 de 2016”[15]; a su vez, en este mismo Comunicado no 2,  se ha señalado que, para “dar garantías a todos”, en tiempos muy breves las propuestas y ajustes  que resulten de las conversaciones del presidente Santos  con los diferentes sectores de la sociedad, serán discutidas entre el Gobierno y las Farc. Sin embargo, no siempre será fácil precisar las fronteras entre un retoque, un ajuste  y una reforma de fondo.  De todas maneras, para la mirada del gobierno en la última semana tienen que haberse vislumbrado avances importantes, pues Santos, tras en un primer momento limitar el Cese bilateral al fuego hasta el 31 de octubre, ayer 12  lo extendió hasta el 31 de diciembre del 2016;
3.      de inmediato  poner en acción la vieja propuesta  de un  Diálogo socialmente Plural- no el simple y clásico esquema bilateral de conversaciones  entre las partes involucradas ni tan poco el de meras movilizaciones multitudinarias que, importantes, son circunstanciales- propuesta desde la década de 1990 por el ELN: se trata de un Modelo Multilateral de Negociación en el que quepan  todos, sobre todo los sectores excluidos, orientado a la concertación social. Al recoger esta iniciativa, ha escrito Víctor de  Currea
“… la fórmula de Dialogo Nacional  que propone el ELN  es la mejor propuesta después del Plebiscito: reconocer un país dividido en el que se necesita que una mitad dialogue con la otra, hacer una propuesta innovadora que sea capaz de convocar  a los millones de abstencionistas- la mayor de  los últimos 22 años- , revisar los temas de paz sin que implique una renegociación desde cero de lo avanzado en la Habana y garantizar un mecanismo de encuentro entre las dos insurgencias  en un solo proceso”. [16]
De mantenerse en esa posición, para  el Eln se trataría  de  una MESA  MULTILATERAL: con las Farc, con el Uribismo, con  Santos, con el movimiento social/ciudadano de la paz, y, por supuesto, con el ELN, entonces, “ el llamado Tren de la Paz, escribió de Currea,  hace una parada relevante para subir no sólo a los del NO, sino también  a quienes no han contado con una mesa, como es el ELN, o a quienes no se sienten representados en el proceso de la Habana…Como ha dicho Angela María Robledo, la Habana no fue  espacio  de un diálogo nacional sino de un diálogo de sectores. Buscaron proteger tanto al proceso de la Habana, que aislaron a los protagonistas  de la gente; y
4.      juntando millones de manos  y muchos más  millones de corazones- también cuentan las movilizaciones multitudinarias como las que ha habido esta semana en Colombia en pro de los Acuerdos lideradas, sobre todos, por estudiantes en casi todas las capitales departamentales-  como parte del  movimiento social/ciudadano por la paz,  movernos  por todos  los rincones y vericuetos y escondederos del país contando que,  no obstante la avalancha contraofensiva de las derechas de todo tipo incluida la religiosa, hemos tomado  “la extraña resolución de ser racionales” y que, por lo tanto, esa Mesa Multilateral, respetando los contextos históricos, no importa lo alejados que temporalmente se encuentren,  tendrá  como uno de sus  marcos a la Ginebra de 1291, que anticipó muchos de los actuales rasgos  de la sociedad colombiana; ha sido por esto por lo que Rodrigo Uprimny nos ha invitado a ser dignos del poema de Borges, publicado en 1985, un año antes de su muerte,

LOS CONJURADOS
“…y cada uno de ellos fue un Caín,
Y cada uno  Abel.
Los enterraron juntos.
La nieve y la corrupción los conocen”. JLB

“En el centro de Europa están conspirando.
El hecho data de 1291.
Se trata de hombres de diversas estirpes, que profesan diversas religiones y que hablan en diversos idiomas.
Han tomado la extraña resolución de ser razonables.
Han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades
Fueron soldados de la Confederación y después mercenarios, porque eran pobres y tenían el hábito de la guerra y no ignoraban que todas las empresas del hombre son igualmente vanas.
Fueron Winkelried, que se clava en el pecho las lanzas enemigas para que sus camaradas avancen.
Son un cirujano, un pastor o un procurador, pero también son Paracelso y Amiel y Jung y Paul Klee.
En el centro de Europa, en las tierras altas de Europa, crece una torre de razón y de firme fe.
Los cantones ahora son veintidós. El de Ginebra, el último, es una de mis patrias.
Mañana serán todo el planeta.
Acaso lo que digo no es verdadero, ojalá sea profético.”


3
Y fueron las Víctimas y su Causa las que salvaron los Diálogos de la Habana.
Existe algo que los opositores a los diálogos de la Habana no han querido entender, o mejor, en relación con lo cual se han hecho los desentendidos o, finalmente, con respecto a lo cual las 297 páginas no han sido más precisas y explícitas y por eso lo subrayamos: que la lógica de la Justicia Transicional no es  la de premiar a los exguerrilleros por hacer  el tránsito de la política con armas a la política con ideas en la cabeza, votos en las manos y amor patrio en el corazón. No, dejar las armas para hacer política en democracia es una decisión voluntaria de ellos. Lo que en definitiva busca  la  Justicia Transicional es recolocarlos en las mejores condiciones objetivas y simbólicas posibles- que no son la cárcel ni el impedimento de hacer política- para que puedan asumir y cumplir su obligación ética y política, y aún material, de reparar a los ocho millones de víctimas siendo esto válido para todos los victimarios
En la Habana, a los dos años de iniciados los diálogos, más o menos para septiembre del 2014, casi todos sentíamos que algo muy importante faltaba, que el proceso no había encontrado todavía  su norte. Así lo expresamos en casi todos los Atisbos Analíticos que escribimos en ese entonces.  En relación con los cuatro temas definidos en la etapa exploratoria había habido avances importantes, aunque nada estructural, pues lo relativo a esa dimensión casi todo se había quedado enredado en varias docenas de “salvedades” formuladas por las Farc. Hasta que en el segundo semestre  del 2014 la confrontación armada interna, no obstante la declaratoria de Cese unilateral del fuego por parte de las Farc,  se recrudeció de parte y parte y los diálogos empezaron a tambalear. Entonces, los  países acompañantes se despabilaron, llamaron a las partes a agilizar el proceso y éstas, que ya estaban haciendo la transición de enemigos a adversarios, tomaron el toro por los cachos y  acordaron la colombianización de la Justicia Transicional bajo la forma de Jurisdicción Especial para la Paz con la misión central de proteger los derechos de las víctimas. A partir de ese momento, en forma cada vez más clara, los Diálogos de La Habana empezaron a encontrar su norte y las víctimas, no obstante muchas contradicciones y tensiones entre ellas, empezaron a darle forma política, social, cultural y organizativa a su causa hasta convertirse en el disco duro de la negociación.
 Fue así como las Víctimas lograron salvar unas Diálogos, cuyos resultados finales como realidad política fueron anulados por los partidarios del No el pasado 2 de octubre.
4
¿Qué hacer en el corto y mediano  plazo?
En nuestra opinión, por limitada en lo social, no basta la Mesa bipartidista entre las elites sino que, de modo simultáneo, debe impulsarse la conformación de una MESA MULTILTERAL que,  con objetivos de corto y mediano plazo, jalone otras acciones asociadas al salvamento de los Acuerdos  pero asignándoles mayores alcances, pues así lo determinan, 1. el peligro real  de recaer en la tragedia bélica, y.2. las posiciones, necesidades e intereses de la pluralidad de fuerzas sociales que tienen que hacer presencia organizada  para poder superar la crisis, y.3. las pocas posibilidades, como veremos, de que de la Mesa Gobierno-Oposición emerja una fórmula salvadora. Los protagonistas de salvamento tendrán que ser muchos, numerosos también pueden ser los escenarios de acción y con seguridad que los contenidos de los Acuerdos no serán los mismos- ojalá con decisión y realismo  hacia adelante pues, tal como veremos, echados para atrás quedarían reducidos a casi nada-, pero donde sí se presentarán muchos intríngulis y dudas será en el problema de los tiempos: los más largos que se pueda, ojalá hasta el 2018, para Uribe, cortos, hasta un año antes de terminar su mandato para el Nóbel, y los que sean  necesarios sin hacer peligrar el acuerdo de pacificación, para los del movimiento social-ciudadano contra la guerra. En un denso  y excelente artículo, como casi todos los suyos, Rodrigo Uprimny propuso la concreción de un pacto social y político por la paz y su implementación  por tres vías jurídicas,  1. Un pacto extrajurídico; 2. Un ajuste al Acuerdo que sea sometido a un nuevo Plebiscito; y 3. Una Asamblea Nacional Constituyente   de competencia limitada. [17] Aunque él opta por la segunda  vía, nosotros  privilegiamos la tercera aunque  esta iniciativa no tenga todavía más que un valor tentativo pues,  por razones de tiempo, puede resultar  inviable por tardía  para enfrentar la crisis; en un caso así, la salida más adecuada podría ser la de un Referendo,  pero bajo las condiciones de una Mesa Multilateral que previamente  posibilite nuevos contenidos en los Acuerdos asociados, por  ejemplo, al reordenamiento territorial del país, así como a las Políticas públicas de educación, de  salud y de justicia ordinaria.
5
Seis Escenarios de los Acuerdos.
5.1.El Modelo Habanero.
Su resultado se encuentra en las 297  páginas  del Acuerdo Final que, en ejercicio realizado por el profesor Rodrigo Galarza, sin “el uso del lenguaje sexista” que las caracteriza - la reiteración del todos y todas y de guerrilleros y guerrilleras- y sin la adjetivación excesiva, podrían reducirse a 204 páginas[18]; aún más, sin las reiteraciones innecesarias, agregamos nosotros que también hicimos un ejercicio al respecto, podrían quedar 150 menos pesadas páginas. Y en lo substancial de los contenidos, esas 150 páginas las podemos condensar en los siguientes 7 puntos:
1.       Una pacificación con la guerrilla más antigua, importante  e impactante, que inicie el proceso del dejar de matarnos como lo ordena la Constitución en el artículo 21;
2.      Una reforma de la estructura de tenencia y uso de la tierra, que no implica una reforma agraria,  comenzando por la formalización de la propiedad seguida de la creación de un Fondo de tierras para asignarla a los campesinos que no la tengan o la posean de manera insuficiente, una de cuyas  fuentes serían los latifundios improductivos  en el área  que tengan de inconstitucional por no cumplir la función social de la propiedad y por razones de improductividad;
3.      Un conjunto de medidas orientadas  a cualificar la democracia de representación, así como a hacer realidad  la muy constitucional  democracia ciudadana participativa;
4.      La cooperación y participación de las Farc en la erradicación manual de las drogas ilícitas comprometiéndose los guerrilleros a romper  sus relaciones con el narcotráfico y a cooperar con esa operación sin satanizar y criminalizar a los campesinos;
5.      La transformación de las Farc en un nuevo partido político al que durante dos períodos legislativos se le asignarán 10  cupos en el Congreso y  si,  al participar en la competencia electoral, no alcanzan el volumen  de votos requeridos  el Estado les complementará la cuota y si la sobrepasan, se quedarán con los cupos que obtengan; a su turno, a los exguerrilleros se les garantiza  un ingreso mensual correspondiente al 90% de un salario mínimo mensual, así como unos subsidios temporales de 8 millones de pesos para adelantar proyectos solidarios en lo productivo y en lo social; por otra parte, se acordó crear 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de paz, CTEP, para que líderes campesinos comunales y de las víctimas, distintos de los exguerrilleros, compitiendo electoralmente, puedan tener presencia en la Cámara de Representantes;
6.      La colombianización  y la compleja definición  organizacional  práctica   de la Justicia Transicional bajo la forma    de una Jurisdicción Especial de Paz, creada de manera autónoma, por el Estado en acuerdo con las Farc y siguiendo el criterio de El Margen Nacional de Apreciación, es quizá la parte más importante , extensa  y polemizada  del Acuerdo Final; pero, existen unas notas de este sistema de Justicia que, por mucho que se hayan reiterado, los partidarios del No, de buena o de mala fe,  casi siempre han pasado por alto: los reiteramos:

a.      que se trata de un sistema de justicia excepcional al que sólo se apela para enfrentar  situaciones extremas de violación de los derechos  humanos, situaciones, de cara a las cuales, la Justicia Ordinaria ha quedado del todo rebasada;
b.      que se trata de un sistema de justicia especial, que sólo  se aplica, de modo diferenciado, a los Victimarios llámense guerrilleros, agentes del Estado, paramilitares o civiles, incursos todos en crímenes de guerra;
c.       que se trata de un sistema de justicia temporal que sólo se aplica mientras dura la situación crítica de violación armada de los derechos humanos y que, en la simultaneidad, no suspende la aplicación de la Justicia ordinaria colombiana que, por distintas razones, es una de las que presenta los mayores índices de impunidad en el mundo;
d.      que es un sistema de justicia orientado  no a premiar a los exguerrilleros por haber dejado las armas sino a colocarlos en condiciones objetivas y subjetivas desde las que puedan adelantar acciones solidarias  dirigidas  a proteger los derechos integrales de las víctimas, línea pro-ciudadana de acción   que no podrían realizar encarcelados  e impedidos del ejercicio de la política; y
e.       que mientras dura su aplicación, simultáneamente va acompañada de la realización conjunta, militares y exguerrilleros y civiles comunales, de acciones humanitarias orientadas a alimentar la confianza recíproca, así como a iniciar procesos de reconciliación y perdón y de iniciación de la reparación de las víctimas (búsqueda de personas desaparecidas,  planes pilotos de desminado humanitario, sustitución de cultivos ilícitos, salida de los menores de los campamentos etc); y
7.      La adopción por parte del Estado, asesorado y ayudado por algunos Organismos  internacionales, de medidas de monitoreo y verificación de la dejación de la armas, de protección de los guerrilleros durante el proceso de dejación de las armas y  de gestación de condiciones para facilitar el complejo problema de su incorporación a la vida civil.
Como para  destacar ahora   que  de esos 7 puntos  más definitorios de los Acuerdos de la Habana, TRES – 1, 2 y 3 -  más que una parte integrante del Acuerdo Final, no son más que una forma de acordar la aplicación de la Constitución de 1991; que UNO – el 4-  es un recorderis al Gobierno sobre su Política de abordaje del problema de las drogas ilícitas y un compromiso de las Farc de cooperar en su  manejo humanitario; que OTRO – el 7- , si bien hace parte del Acuerdo Final, constituye un inevitable asunto técnico-político asociado  a una adecuada dejación de las armas, a una necesaria protección de los exguerrileros, así como al inicio de la reparación de las víctimas; y que sólo 2 – el 5 y el 6 -, por hacer parte de las esencia más definitoria de los Acuerdos, han sido los más cuestionados por los representantes del No. Como para destacar, por otra parte, que  algunos de los  críticos del conjunto de esos puntos han rechazado casi siempre todo lo que huela a Constitución  de 1991. Por ejemplo, cuando se discutía el estatuto antiterrorista, altos funcionarios del primer gobierno de Uribe manifestaron que  esa  Carta era buena para “un país europeo como Dinamarca pero no para Cundinamarca” y Fernando Londoño, siendo Ministro del Interior, en su lenguaje sofista greco-quindiano   con ferocidad quiso volverla trizas. Al respecto en el 2013 precisó Jorge Andrés Hernández, investigador de la Universidad de los Andes, 
“Pacto de Ralito, los gobiernos de Uribe (2002-2010) y la radical postura iusnaturalista del Procurador General de la Nación contra el derecho constitucional positivo y su jurisprudencia derivada son fenómenos que delatan la amplia oposición al consenso constitucional de 1991 y a sus valores e instituciones. A diferencia de la subversión guerrillera, que ejerce su oposición desde la ilegalidad y la vida social y política al margen de las instituciones, la oposición de derecha es desleal con las instituciones y normas que le han permitido gobernar y ha generado una subversión desde adentro, quizás más corrosiva y dañina para la democracia constitucional que la misma subversión de izquierda”.[19]
Por otra parte, ninguno de los 7 puntos señalados toca ni la superficie  del modelo socioeconómico vigente en la conducción del Estado colombiano, pues la discusión al respecto, para no entrabar las conversaciones, en la medida en que fue apareciendo se fue quedando en un refrigerio llamado “salvedades” que, en total, para junio del 2016 se elevaban  a 42. Mientras que Alejo Vargas dijo que no todas las salvedades iban a tener arreglo porque muchas se  referían a asuntos políticos en los que el gobierno de Santos no iba a ceder por lo que, como constancias, se quedarían para la posteridad, el profesor de la Universidad Externado, Frederic Massé, declaró que las salvedades más técnicas ya habían sido resueltas en las Subcomisiones Técnicas coordinadas por Generales y miembros especializados de las Farc, pero que en  las de carácter político, por economía de tiempo, probablemente las  Farc, iban a decir, “bueno, para poder firmar, eso no lo vamos a discutir”.[20]
Entonces, el Modelo Habanero de Acuerdos tanto en  cuanto protagonistas- Gobierno y Farc aunque, como gran virtud, en la mitad del camino las Victimas emergieron como su disco duro-  en cuanto escenarios- sólo en la Habana con algunos eventos periódicos en Bogotá y algunas visitas, sobre todo de las víctimas, a la Habana- y  contenidos- de los 7 puntos señalados ninguno se refiere al modelo socioeconómico- fue bastante corto y limitado. Por eso no puede menos que extrañarnos que el expresidente Uribe Vélez en un texto en el que asimila estrategias y aspiraciones  a medidas ya pactadas, destaque que la guerrilla 
“quiere  hacerle pagar al Estado y la Sociedad un alto costo a cambio de una eventual e indeterminada dejación de las armas, costo que incluye el trámite y acuerdo sobre una ambiciosa y radical agenda en la que están incluidos prácticamente TODOS LOS TEMAS NACIONALES”.[21]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
5.2. La RENEGOCIACÓN: La propuesta del Centro Democrático: “BASES DE UN ACUERDO NACIONAL DE PAZ”.[22]

Entre el 3 y el 13 de octubre, los ajetreos, agites  y conversaciones orientadas o a  introducir ajustes y precisiones (Santos) o  cambios substanciales (Uribe) en las 297 páginas del Acuerdo Final, en lo básico, han girado alrededor de representantes de  las dos elites del bloque en el poder, la santista y la uribista, que en los últimos 6 años han tenido divergencias sobre la estrategia para abordar el conflicto interno armado con el fin de brindarle seguridad jurídica a la inversión extranjera en el subsuelo colombiano. Pero, de modo simultáneo, la miniderrota electoral del Plebiscito ha tenido  el efecto de poner en marcha estupendas movilizaciones sociales en las que los estudiantes y la gente joven en general han tenido la más protagónica presencia con un clamor colectivo en favor del final de la guerra. Como para recordar ahora lo que los estudiantes hicieron en la época pre-constitución 1991 cuando, de modo vigoroso, se movilizaron reclamando la presencia de nuevas ciudadanías, que presionaran por la convocatoria a una Constituyente. Por esta vía,  han venido adquiriendo forma la patas de una Mesa Plural socialmente  más amplia en la que también cabrán los santistas y los uribistas, así como los  amigos del Si  y del No.
Por ahora examinemos el escenario de una renegociación impulsada , de modo directo, entre Santos y Uribe, y de modo indirecto, entre Uribe y las Farc, que en la coyuntura postplebiscitaria han emergido como un sujeto central: mientras más se empeñe  Santos en permanecer cerca  de las Farc – y en la actualidad lo está  en materia de los Acuerdos- más se le alejará Uribe y mientras más se acerque Santos a Uribe cediendo en los contenidos básicos del Pacto de pacificación -lo que parece improbable- más  se  les alejarán las Farc. Claro que esta hipótesis es relativa pues, si lo que en realidad busca Uribe, proyectándose como salvador de la actual crisis, es fraguarse una tercera presidencia, en la actualidad tendrá que ceder. De todas maneras,  no hay condiciones para reproducir  otro Frente Nacional entre las dos elites del bloque en el poder, como ha sugerido Alfredo Molano.[23] Aún más, se presenta como muy improbable que se produzca una renegociación entre esas dos elites  mientras Uribe mantenga como inamovibles la cárcel para los guerrilleros, su no elegibilidad y el alivio judicial para los militares presos. A este respecto recordar que Pastrana  ha manifestado que no está  demandando cárcel para los guerrilleros sino que su crítica central es la pretensión a hacer del Acuerdo Final una parte integrante de la Constitución.[24]  Pero, ¿será que las Farc en nada importante querrán ceder? Daniel Coronell en una aproximación menos formal con ellos nos cuenta  lo que al respecto  pudo vislumbrar: que están dispuestos a aceptar  que los acuerdos “aumenten pero no a que disminuyan”; que están dispuestos a  cumplir sentencias alternativas pero que en cuanto a lo de marginarse de la política, no lo aceptarán  ni siquiera de manera temporal; que sí están dispuestos  a comprometerse expresamente con el respeto a la propiedad privada, el modelo económico y el núcleo familiar  tal como están expresados en la Constitución; y finalmente, que parecen estar dispuestos a discutir el alcance de la JEP, así como su período de vigencia. Al final de esta aproximación, Coronel les preguntó cuánto valía “sostener a una tropa de miles de hombres”, pero al observar que ninguno respondía, personalmente concluyó, “es evidente  que si el cese al fuego no está atado a un acuerdo de paz viable, pasarán pocos días antes de que suene el primer tiro”. [25]
De entrada es justo reconocer que en los últimos 20 años mientras Santos ha estado más cercano a los impulsos de pacificación, Uribe se ha movido más  dentro de los arrebatos del guerrerismo. Esto no fue óbice para que Santos  fuese el Ministro de Defensa durante el segundo gobierno de Uribe de donde salió casi seguro de que con la guerrilla había que negociar. Por eso Uribe durante los últimos años  le ha hecho oposición rotunda no a su sus políticas neoliberales si no al manejo que le ha dado a las relaciones con las Farc lo que, en lo  empírico, evidencia que  la tesis de un Santos castrochavista no ha sido más que una estrategia electoral orientada a provocar miedo y pánico e indignación no solo entre el pueblo y la clase media sino aún  entre los sectores sociales adinerados del país. Por  estos días, cuando la estratagema ideológica del castrochavismo que amenazaba a Colombia ya ha cumplido su papel de generar votos  a partir del miedo e ón  sincero y de proconciliador, le dijo a Vanesa Restrepo al hablar del primer punto de los desacuerdos, el tratamiento dado en el Acuerdo Final al problema de la Empresa privada y de la Tierra,
El senador reconoció que su alegato de que el acuerdo pone fin a la empresa privada en el país no está contenido expresamente en el texto, sino que es producto de una interpretación suya. Aún  así, reiteró que es necesario renegociar las propuestas sobre zonas de reserva campesina y predial rural, porque ´´  “muchos inmuebles salen de la comercialización y eso lleva a que se extinga la iniciativa privada”.
“En ninguna parte dice que se acaba la propiedad, eso lo reconozco. Me refiero a los textos que la asfixian porque en la constitución de Chávez y la plataforma de Castro, por ejemplo, nunca dijeron que se acababa la propiedad.”[26]

 De todas maneras Uribe Vélez, un muy poderoso terrateniente que en política ha sido muy eficaz dada su enorme capacidad para utilizar, apelando a los medios que sean incluida la mentira y la tergiversación, sus soportes de poder para hacer un ejercicio socialmente  diferenciado de trabajo en la intimidad y subjetividad de ricos, clases medias y sectores populares generando para cada  clase social sus miedos e indignaciones más apropiadas, salió fortalecido con los resultados del 2 de octubre no obstante el escasísimo margen electoral  con que ganó. En contraste, el derrotado político y simbólico fue Santos que cinco días después pudo limpiarse las lágrimas con la bandera internacional de un Nóbel de la Paz que, con dificultad, no obstante el alboroto de gozo nacional e internacional, por sí sólo no le alcanzará, si no se abre a otros espacios, para superar la crisis y la amenaza real de la reanudación de una guerra todavía más alocada y perversa.
No obstante este contraste, lo que sí debe resaltarse es que durante la campaña para el Plebiscito Uribe Vélez tuvo un comportamiento polivalente y cínico a la vez. De un lado, lideró la renegociación- estamos por la paz pero con otros Acuerdos, fue lo que proclamó-  movilizando por esa vía mediante el Centro Democrático a un buen porcentaje de los 6.4 millones de votos que obtuvo, pero, por otros caminos y con otros líderes, de modo silencioso imbricó en el contradictorio No, de un lado, a muchos colombianos que al no querer una vida sin guerra, odian a la guerrilla y desean su derrota militar, y, del otro, a una masa de miembros de las Iglesias cristianas a quien se  les inyectó el imaginario que en esas 297 páginas había un Acuerdo sobre la Ideología de género orientado a mostrarle a la juventud las puertas de entrada  al homoxesualismo y que, por eso, en el gobierno de Santos no sólo había Ministras Gay, sino que, además,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       desde el Ministerio de Educación se tenía como Política introducir en las Plataformas Escolares de Convivencia  una Agenda homosexual, así como la idea de que la familia y la educación de los hijos eran un asunto del Estado en el que nada o casi nada tenían que ver los padres de familia.
Una vez reunido con Santos, Uribe, adornando algunos puntos y suavizando en apariencia los más problemáticos, en la primera semana condensó en 13 los ajustes y precisiones  que habría que introducirle al Acuerdo final, pero en la segunda, más exactamente  el 14 de octubre, presentó un texto de 26 páginas al que le adicionó algunos lineamiento generales, así como nuevas  consideraciones para que sus representados -  1.los tres presidenciables del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo y el más joven y lúcido, Iván Duque; 2. el  Exprocurador Ordoñez y Marta Lucía Ramírez; y 3.representantes  de  líderes de Iglesias evangélicas- como posición  de partida se los entregasen al gobierno.[27]
 Este texto de 26 páginas, en su presentación formal está bien organizado; como contexto el documento comienza con  unos lineamientos generales sobre “aspectos de fondo…y proyectos concretos”; al presentarlo Uribe señaló,
“…este no es un tema de retoques cosméticos…Nuestra principal propuesta es la construcción de un Acuerdo Nacional que proteja a las Farc y proteja los valores democráticos; como aspectos de fondo se trata de evitar  que los guerrilleros responsables de delitos atroces tengan  impunidad total y elegibilidad política, así como plantear alivios judiciales a miembros de la Fuerza Pública presos”. (Subrayado nuestro). Finalmente dijo, “La prórroga del status de no violencia entre Gobierno y Farc, más la positiva voluntad de acompañamiento expresado por las Naciones Unidas es una buena noticia que permite la reflexión sobre los correctivos a temas de fondo de Los Acuerdos”.
De todas maneras, esas 26 páginas están cruzadas por la idea de que los únicos victimarios son las Farc, así como por la intención disimulada de dividirlas separando al Secretariado de sus tropas.
Condensamos así la posición de Uribe,
1. Que el acuerdo aclare que serán penas privativas de la libertad entre 5 y 8 años, aunque acepta, por vez primera, que sea en “sitios alternativos como granjas agrícolas”; en el texto del 14 de octubre, al reemplazar la noción de “restricción de la libertad personal”, que  aparece en el texto  del Acuerdo Final,   por la de “privación efectiva de la libertad” propone que ésta tenga un mínimo de  5 y un máximo de 20 años para quienes hayan cometido violación de los derechos humanos o del DIH, penas que se reducirían  a un mínimo de 5 y un máximo de 8 si hay reconocimiento de la responsabilidad.

2. Que el narcotráfico no sea calificado como delito político en ninguna circunstancia; es decir, que en ninguna de sus versiones sea amnistiable.

3. Que se reevalúe el papel del Tribunal Especial de Paz y sus facultades, pues para él sería mejor aplicarle a las Farc la Ley de Justicia, Paz y Reparación o, incluso, se podría crear en la Corte Suprema la Sala Transicional y la doble instancia. Al respecto precisó en el documento de 26 páginas del 14 de octubre: que se cree un “Tribunal Transicional” pero dentro de la estructura de la Justicia Ordinaria con unas Salas Especializadas  que se denominarían “CORTES DE PAZ”  adscritas  al Tribunal Superior de Bogotá; por otra parte, precisó que estas Cortes de Paz “no pueden desconocer el carácter de cosa juzgada de las decisiones anteriores de la Justicia Ordinaria”, pero admitió la homologación de condenas de quienes hayan sido sentenciados por la Justicia Ordinaria a una pena superior a la contemplada en el mecanismo de la Justicia Transicional.

4. Evaluar los privilegios al partido de la Farc y la elegibilidad de responsables de delitos atroces. De no excluirse, debería meditarse en el efecto sobre quienes no gozan de derechos políticos como condenados por proceso 8 mil y parapolítica, los paramilitares y los 140 mil presos. En el texto más extenso del 14 de octubre propuso que el partido de ls Farc no debe gozar de “privilegios excesivos” sino los mismos de los demás partidos y por eso rechaza que tengan asiento en el CNE, pues no todos los partidos  lo tienen.

5. Protección a los guerrilleros de las Farc que suspendan todos los delitos, narcotráfico y extorsión incluidos.

6. Amnistía a guerrilleros rasos no incursos en delitos de lesa humanidad; en el texto más amplio del 14 de octubre propone ampliar la amnistía a Terceros No Combatientes, como colaboradores y auxiliadores siempre y cuando entreguen todo el material bélico que posean.

7. Ingresos a guerrilleros rasos que sean contratados para la destrucción remunerada de cultivos ilícitos; y en el texto más amplio ya señalado propone que las Farc se comprometan  a suministrar toda la información que posean sobre  cultivos ilícitos  y rutas empleadas.

8. Tramitar en el Congreso de la República una norma de alivio judicial para los soldados y policías con “alivio sin impunidad y sin igualarlos a las Farc”.

9. Privilegiar la erradicación manual de drogas ilícitas, sin que el Gobierno pierda la facultad de fumigar cuando lo estime conveniente, siempre con el cuidado de no hacer daño al ser humano, a los animales ni a otros recursos naturales.

10. Los acuerdos no deben afectar propietarios o poseedores honestos, darles presunción de ausencia de culpa. El apoyo al campesino no implica desconocer la necesidad de la empresa agropecuaria transparente.  En relación con esto último, el 14 de octubre  agregó algo que no es más que un crítica personal: “como el  desarrollo rural es algo inseparable de la economía de país, el haberlo negociado con las Farc  genera una ilegitimidad insubsanable”.

11. Los compromisos con las Farc deben cumplirse dentro de las posibilidades fiscales y financieras del país; esto es, sin afectar la regla fiscal, la confianza de inversión del sector privado, la competitividad, los programas sociales como educación universal y de calidad, y sin afectar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

12. Los compromisos con Farc no pueden limitar la descentralización ni la obligación de alcaldes y gobernadores de atender con equidad las necesidades de todos los ciudadanos.

13. Las consultas a comunidades podrán ser limitadas en el tiempo por decretos reglamentarios del Gobierno, a fin de que no entorpezcan el desarrollo equilibrado de la Nación.

Finalmente, Uribe pide que el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo no tenga el límite anunciado por el presidente Santos del 31 de octubre.

En el ya señalado texto adicional del 14 de octubre,  Uribe se refiere a la falta de compromiso de las Farc con la reparación económica de las víctimas  y como un 14 punto , de modo un poco confuso, formula una consideración sobre la cadena de mando en las Farc en cuanto organización de poder; al respecto señala,

la responsabilidad de los jefes de las Farc frente a las acciones de sus subordinados deberá fundarse en lo que denomina “el control  de la voluntad por virtud de la doctrina de la autoría mediata  en los aparatos organizados de poder”.

De estos 13 puntos, el  6 hace parte de la Constitución (por razones de conveniencia pública  el presidente puede aplicar la amnistía en el caso de delitos políticos; el 7 ya está en el Acuerdo Final; el 9 hace parte ya de una Política Pública de manejo de las drogas ilícitas; el 11 sobre sostenibilidad fiscal es una práctica de la Política fiscal de  los gobiernos de orientación neoliberal; el 12 constituye un simple preaviso para que no haya choques entre las Políticas Públicas; y el 13 no es más que un componente constitucional de la democracia de participación. De manera, que de 13 puntos, ya van 6 que con seguridad no van a presentar mayor debate en la Mesa Gobierno-Partidarios del No. Sólo quedan  7. De éstos, en relación con el 2 habría que entrar a debatir sobre el carácter de la real relación de las Farc con el narcotráfico y de acuerdo a lo que se concluya, el punto podría ser muy  polemizado. En relación  con el punto 5 que, con seguridad, también será objeto de fuerte debate,  podría destacarse lo siguiente: si se está negociando con las Farc, hasta que éstas no hagan total dejación de las armas, están incursas en un delito político llamado subversión armada, y, entonces, para que esa operación se realice según lo pactado, deben tener toda la protección del caso lo mismo que para su incorporación de los guerrilleros  a la vida civil aunque  para este proceso, como ciudadanos y por los enemigos que los amenazan, deben gozar de una protección especial para que no se repita la historia de la Unión Patriótica. Entonces de  7, se tienen dos más quedando 5 que, en realidad, por hacer parte de la substancia más íntima y del mismo espíritu de las Acuerdos, serán  el centro de la más acalorada discusión y casi con seguridad de un disenso final si las posiciones de las partes al respecto no se modifican. Se trata de los puntos:
 1 (las granjas agrícolas como pena alternativa);
3.  (la incorporación de la Justicia Transicional a la Justicia ordinaria colombiana);
4. (La elegibilidad y los beneficios  económicos para las Farc);
8. (el alivio judicial para los militares); y
10. (la presunción  de buena fe para los propietarios de tierras).
  Sobre la materia así editorializó The New York Times, aunque  importa contrastar  que  The Wall Street Journal, el único medio de la gran  prensa mundial que de frente ha criticado el Acuerdo de paz, sostuvo  que si alguien merecía el Nobel era Uribe Vélez,
recordó “los mensajes ´hiperbólicos y ´engañosos´ que difundieron Uribe y su equipo, como cuando señalaron a Santos de ofrecer amnistía a esos ´criminales de guerra marxista´ que se podían tomar el poder en el país. También hicieron creer, sin evidencias, que el acuerdo podría afectar al sector privado. Advierte que si las diferencias se prolongan más allá de este año, es muy probable que se debilite el compromiso para enviar ayuda internacional con el propósito de implementar el acuerdo. Para el medio, se señaló en el Editorial,  Uribe todavía está a tiempo de empezar a comportarse como un estadista en lugar de un aguafiestas, y debe jugar un papel constructivo para que se logre un acuerdo con las FARC y el ELN. Si todas las partes están dispuestas a negociar con buena fe, se podría llegar a un acuerdo en el 2016”.La conclusión es inevitable según The New York Times: "Un retorno a la lucha sería catastrófico, si eso pasa, Uribe sería el principal culpable".[28]

De todas maneras, importa destacar que Uribe, por las razones que sean, ha entrado cediendo en el primer punto al destacar que las penas pueden ser en “granjas agrícolas” aunque, con seguridad amarrará esta primera propuesta a la segunda asociada a la incorporación de la Justicia Transicional, o  mejor,  de la ya muy colombiana Jurisdicción Especial de Paz,  a la Justicia judicial del país. Pero, supongamos que esto último no   suceda, entonces como ha propuesto Rodrigo Uprimny, “una fórmula intermedia sería dejar claro de una vez por todas cuáles serían las locaciones y condiciones de reclusión una vez condenados, para que la opinión sienta  que la restricción de la libertad no es simbólica y está sujeta a control de las autoridades”.[29] En relación con la elegibilidad, el único  aspecto que sería de discusión viable es respecto a la precisión de que los condenados no aspirarían a cargos públicos  mientras no cumplan sus penas alternativas. Pero, pensamos que plantear la incorporación de la Jurisdicción Especial de Paz a la Justicia ordinaria no sólo sería muy complicado sino, que, sobre todo, implicaría juntar en un  mismo saco dos asuntos de naturaleza cualitativamente distinta, una de esencia punitiva con otra de esencia reparadora y restauradora. Finalmente, por lo que ha sido la historia de los debates en la Habana, se puede afirmar ahora que  las Farc preferirán reanudar la guerra  antes de ir a una cárcel o a tener que renunciar a algo que ha sido de su pasión más intensa, el ejercicio de la política.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 De todas maneras, presumimos  que Uribe está liderando de buena fe la Mesa con Santos, pues algunos de los que conocen en algo el actual estado de su intimidad, afirman a que, con su reiterado llamado  a la paciencia, lo que está buscando es ganar tiempo para dilatar hasta lo más cerca que pueda a las elecciones presidenciales del 2018, la concreción de una renegociación en la que su figura aparezca, nacional e internacionalmente, como la gran salvadora. De todas maneras, no se podrá  olvidar que por las razones que sean, ya para ganar visibilidad mediática ya para encuadrarse mejor dentro de las coaliciones que lo han apoyado, Uribe Vélez en materia de Justicia Transicional ha pasado por tres muy distintos momentos[30]:
1.      En mayo de 1992 cuando un Juez sin Rostro responsabilizó penalmente a los líderes del M19  por la toma del Palacio de Justicia, como senador por Antioquia presentó un proyecto de ley orientado a brindarles garantías jurídicas;
2.      En agosto del 2003, siendo presidente, presentó un proyecto de ley en el que se concedían penas alternativas de  “restricción  geográfica de la libertad personal” para los guerrilleros y mandos medios  de grupos armados irregulares que se desmovilizaran; y
3.      En la actual  etapa  de los Diálogos de la Habana ha cuestionado de modo tenaz los Acuerdos en distintas dimensiones (por otorgárseles elegibilidad política  a responsables de delitos atroces; por no contemplar penas privativas de la libertad para miembros del Secretariado; por no establecer  compromisos concretos de las guerrillas en materia de entregar  bienes materiales para la reparación de las víctimas; por equiparar el tratamiento jurídico penal de los integrantes de la Fuerza Pública al de los guerrilleros;  y, sobre todo y ante todo, por crear un sistema de Justicia por fuera del régimen constitucional vigente.
Y ahora en este octubre del 2006, agregamos nosotros para completar esa periodización, habrá que agregar un cuarto momento pues, por las razones que sean, lo reiteramos, ha empezado a abrirse a la posibilidad de incorporar la Justicia Transicional al sistema  de Justicia  constitucionalmente vigente.
Existe, por otra parte, en la oposición de los opositores a los Acuerdos, una dimensión que no ha sido suficientemente enfatizada por una buena parte de los analistas. Hasta antes de los resultados del 2 de octubre éramos muchos los que hablábamos  de la posibilidad de que Colombia, a partir del simple  dejar de matarnos  acompañado no   de una genuina reforma agraria sino de la mera reforma rural integral pactada, pudiese entrar a una etapa  de transformación de la sociedad a partir de un cambio importante en las relaciones sociales rurales. Es que el simple hecho de tocar problemas como los del avalúo catastral, el de un fortalecimiento del impuesto predial y el del papel de las olvidadas economías campesinas en la definición de una estrategia orientada a  lograr la soberanía alimentaria se estaba  produciendo ya un tremendo y  desacostumbrado revolcón  en el conjunto de la vida social. Por la tanto, habrá  que recuperar la idea de que en  la oposición a los Acuerdos  se encuentra  también oculta la real oposición de un  sector importante del bloque en el poder a importantes reformas sociales, políticas e institucionales. De acuerdo con el portal de “La Silla Vacía” de 75 propuestas que ha hecho la oposición,   33 no serían aceptables  para los farquianos. Para el historiador economista Salomón Kalmanovitz el conservatismo de extrema derecha  busca sabotear todas las reformas políticas y sociales y lo concreta en situaciones concretas: por ejemplo, la propuesta del Centro Democrático  de proteger la propiedad de segundos ocupantes de buena fe “legalizaría  el despojo  de quienes adquirieron tierras en zonas de conflicto- recordar que de acuerdo con estudios serios  8 millones de hectáreas  han sido objeto de desalojo violento-; también se están oponiendo a la actualización del catastro y a que se cobre un impuesto predial progresivo según  el uso económico de la tierra. En Colombia  el impuesto predial sólo alcanza al o.6%del PBI y más de la mitad lo aportan Bogotá  Y Medellín cuando  en países serios alcanza al 3% siendo un instrumento muy importante para que la tierra se utilice productivamente de acuerdo con su vocación. La tierra en Colombia, escribe Kalmanovitz, se encuentra concentrada en manos de propietarios que esperan su valorización y, por eso, la tiene subexplotada, 70% de bosque y una vaca en hectárea y media. [31]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5.3.El Escenario de la Dilatación.

En la actual coyuntura, Uribe no puede trabajar bajo el supuesto de que si la  guerra se reanuda, a partir del 2018   podrá poner  en marcha  un nuevo gobierno orientado a derrotar militarmente a las guerrillas mediante  una segunda versión de la Seguridad Democrática, que es lo que  siempre ha buscado desde el 2002.  Aún más, en este momento el mayor obstáculo que tiene  para acceder a un tercer gobierno se encuentra ligado a la  idea muy fuerte de la opinión pública internacional y aún de la nacional, que después de los resultados del plebiscito se  ha venido reconfigurando, en el sentido de que si este histórico esfuerzo por iniciar la pacificación del país fracasa, él es el  primer responsable tal como ya lo expresó  the New York Times.
En la actualidad,  como para ninguno otro de los embarcados en una renegociación, el tiempo ha empezado  jugar en contra Uribe interesado en llevar el asunto hasta el 2018, pero tampoco tanto y tanto como para “mantener por mucho tiempo   y sin  incidentes trágicos un cese del fuego con un grupo armado irregular”. [32] Sobre la materia ha escrito Gustavo Duncan,
 “…con la victoria del ‘no’ el uribismo se encuentra arrojado a un dilema que si no sabe manejarlo puede convertirse en un lastre para sus aspiraciones presidenciales y, sobre todo, para las aspiraciones de paz del país. Para proyectar sus candidatos lo más conveniente es alargar la mayor cantidad de tiempo posible la firma de un acuerdo final. De ese modo estarán en el centro del debate y la agenda política. Pero si se exceden pueden dañar irreversiblemente el proceso de paz y eso nunca se lo va a perdonar la sociedad a Uribe”.[33]
El expresidente Uribe empezará, como ya está sucediendo, a aparentar estar cediendo y concediendo para desorientar a todo el mundo, interno y externo, mientras sus tres  candidatos a las presidencia- Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes e Iván Duque-  y seguramente el Exprocurador y  Marta Lucía Ramirez conformarán un quinteto que, de modo implacable,  continuará machacando sobre puntos y temas substanciales que las Farc rechazarán para que todo vaya continuando  igual hasta el 2018 cuando el Uribe apaciguador  formulará concesiones más importantes proyectando así a su candidato como el gran salvador  y de paso golpeando a un Uribe, que no obstante su Nobel, no pudo fraguar la pacificación. El gran problema será si le alcanzará el tiempo para un horizonte tan amplio.

5.4.El Escenario de la Repeticición de las Elecciones en la Costa Atlántica
Viable en lo jurídico este escenario, sería deplorable y escandaloso y hasta generador de violencias que esta institucionalidad colombiana no tuviese  otra salida que ésta para abordar la crisis reversando o ratificando resultados en función de meros intereses electorales. Pero, de todas maneras, eso es posible en un país donde el santanderismo juridicista ha permitido que lo jurídico legal tenga primacía pero solamente en el discurso ideológico que no en la realidad pues, por estos lares, la cultura legal es paupérrima dado que  la mayor parte de los ciudadanos sólo obedecen las leyes por miedo a las sanciones.
Ocurre que varias personas han presentado a la Corte tres reclamaciones en las que solicitan, 1.que se recuenten  los votos nulos; 2. que se repitan en todo el país las elecciones del 2 octubre; y. 3.que se hagan en los municipios donde no hubo elecciones. [34] De acuerdo con el Magistrado Alexander Vega, Presidente de la Corte Nacional Electoral,
“La petición es viable  si las circunstancias coinciden  con el Código Electoral que establece la figura del aplazamiento, como también si se demuestra que un fenómeno natural  o constreñimiento y violencia sobre el  electorado afecta directamente el porcentaje, entonces, tendría lugar es a repetirse”.
Por su parte, prospectiva en Justicia trae a colación  la sentencia c-490  que se refiere a la universalidad del voto, del que nadie puede ser excluido.[35] Ya en primera instancia la corte Constitucional declaró exequible la ley  que convocó al plebiscito; ahora se trataría de extender el examen a su “realización” para evaluar una situación de afectación en las elecciones del 2 de octubre. Sobre datos bien fundados habría que demostrar que hubo una situación de fuerza mayor en algunos municipios de la costa atlántica y que, por lo tanto, habría que repetir el plebiscito en esas regiones y municipios que no en todo el país. En efecto el 2 de abril el senador Armando Benedetti solicitó que se extendiera la jornada electoral para que las personas que, por las torrenciales  lluvias  y fuertes huracanes e inundaciones, no pudieron votar por la mañana lo hiciesen hasta después de las 4 de la tarde. De todas maneras, con razón se le dijo que eso legalmente no era posible. Pasado el Plebiscito, Benedetti retomó la idea y aunque reconoció que eso era peligroso para la institucionalidad”, sin embargo,  estaba ajustado a un marco jurídico. El Espectador ha dicho  que, por lo menos informalmente, habría un grupo  de 5 Magistrados  que se habían reunido para evaluar el caso y que estarían dispuestos a tenderle un salvavidas  al presidente Santos si lo ven muy maniatado.[36]
Al  concluir el debate que abrió al respecto, Prospectiva y Justicia destacó que hasta ahora no se sabe  si la Corte Nacional va a reabrir las votaciones en esa región del país, pero que, “una cosa sí es clara ahora y es que para la alta magistratura al derecho al voto se le deben de garantizar todas las condiciones”. Reiteramos, en primer lugar, lo que ya dijimos al iniciar este acápite, que sería casi catedralicia la falta de imaginación de esta institucionalidad colombiana si para superar una de las más graves crisis de la última década no posee si no esta  torpe salida electorera por muy ajustada a lo jurídico que se encuentre, y en segundo lugar, muy al azar destacamos tres posiciones al respecto: mientras  el exprocurador Ordonez ha dicho “eso sería tratar de hacerle conejo a los resultados del domingo”, a una ciudadana cibernética le alcancé a leer, “sería un desafío claro contra la democracia, están procurando una guerra civil en nombre de la paz”; pero la que puso el dedo en una de la grandes  llagas del país  fue Cecilia Lopez,
Comparar la votación del pasado domingo en la Región Caribe con la de cualquier otra elección presidencial o para Congreso deja a muchos en evidencia. Y solo atribuirle esa diferencia al huracán Matthew es una exageración porque, si bien este fenómeno incidió en La Guajira, en Cartagena y en otros municipios, lo que pasó en la Costa no es más que la verdadera prueba de nuestra ‘maravillosa’ clase política, que está en mora de dar explicaciones. Desde hace semanas se planteó la posibilidad de una altísima abstención, y poco o ningún caso se hizo a esta advertencia. Pero dos hechos salen a la luz con absoluta claridad. A nuestra clase política le debemos esa cultura clientelista que existe en todo el país, pero que en el Caribe alcanza su máxima expresión. Se le enseñó a la mayoría de la gente que solo se vota por quien le pone transporte, le da almuerzo y le paga por su sufragio. Si no hay esto no hay voto. Esa forma de concebir la participación en elecciones se la debemos a ustedes, líderes políticos, y es por ustedes que, en la elección más importante de Colombia, la gente no votó porque “no mandaron los buses”, porque a ustedes no les interesó una elección que no les traía beneficios personales”. [37]
5.5.El escenario de unos  Acuerdos jurídicamente válidos y que sólo requieren su reconstrucción política: La demanda del Exfiscal Montealegre puede salvar el valor jurídico de los Acuerdos.
Sobre la materia, desde el primer acápite fijamos nuestra posición: Los resultados del plebiscito determinaron la muerte del Acuerdo Final y, por lo tanto, con ella desaparecieron las realidades políticas que, para efectos de impulsar no tanto la paz sino  el inicio de la pacificación con el grupo subversivo más antiguo, importante e impactante, tienen que ser juridizadas en alguna instancia institucional adecuada. Esta tesis no concuerda con la posición actual de las Farc, que, en forma más débil es también la de algunos sectores santistas, esbozada desde tiempo atrás por Enrique Santiago, el asesor jurídico político  más destacado de las Farc. En una de sus últimas entrevistas postplebiscito[38], Enrique  destacó que el problema  de los Acuerdos de la Habana era eminentemente político y, en  ningún caso un grave problema jurídico, pues así lo había establecido en su sentencia C-379 la Corte Constitucional; pero,  en su opinión, aún antes del Plebiscito, esos Acuerdos, para el Derecho Internacional,  ya tenían fuerza y valor  jurídicos toda vez que habían sido suscritos como como Acuerdo Especial- figura jurídica de obligatorio cumplimiento prevista en las Convenciones de Ginebra de 1949- ante el Organismo depositario de esas Convenciones en Suiza dándole así legitimidad  a sus contenidos al hacerlo formar parte del llamado Bloque Constitucional. Pero, en contraste, y sin necesidad de incorporarlos a la legislación interna, habrá que recordar que en la actualidad  hace turno en la Corte Constitucional una demanda, que ya tiene ponencia,  presentada por el exfiscal Eduardo Montealegre[39] en que pide que se reconozca que, en desarrollo del derecho a la paz, el pacto entre el Gobierno y las Farc constituye un  Acuerdo Especial en los términos del art.3 común  de los Convenios de Ginebra de 1949 sin necesidad de incorporarlo a la legislación interna. En nuestra opinión esta demanda del Exfiscal Montealegre puede ser la fórmula  jurídicamente salvadora de los Acuerdos, que reformulados y enriquecidos, por un referendo por ejemplo, le sale al paso a una de las más fuertes objeciones de un sector importante de los opositores, que no están de acuerdo con la constitucionalización de los Acuerdos como Acuerdo especial.
Haríamos ahora una observación y una pregunta. Lo primero: de acuerdo con la Sentencia de la Corte, es claro que aunque hubiese ganado el Si, los resultados del Plebiscito no habrían otorgado fuerza jurídica al  Acuerdo Final, pues para Corte la no validez jurídica de ese evento político significaba que no tenía alcances para alterar el derecho a la paz previsto en el artículo 22 de la Carta política. Y lo segundo: ¿Acaso el simple hecho de haber asumido el pacto como un Acuerdo Especial y entregarlo como tal ante el Organismo depositario  en Suiza le imprimió fuerza jurídica y lo hizo parte, por esa sola acción, de la legislación interna o del llamado Bloque Constitucional? Esta pregunta recoge un poco la preocupación del exfiscal Montealegre en el sentido de hacer intervenir al Estado colombiano en la refrendación jurídica del llamado Acuerdo Especial pero sin que entre a formar parte de la legislación interna.
De todas maneras, sea la que sea la discusión jurídica, y hasta leguleyezca, sobre el Acuerdo Final, lo cierto es que, hacia adelante, aunque éste no requiera, aunque sí sería deseable, de una nueva legitimación socio/ciudadana, sin embargo, como tal, después del Plebiscito del 2 de octubre, no existe como realidad política  requiriéndose, además, de alguna instancia para la refrendación jurídica de un nuevo  Acuerdo Final Gobierno-Farc. De todas maneras, desde los meses de mayo y junio el Congreso estudió y aprobó el Acto Legislativo de la Paz en el que el Acuerdo Final aparece asumido como Acuerdo Especial según los principios y lógicas de los Convenios de Ginebra de 1949. Pero, la verdad es que, tras los resultados del Plebiscito,  como que casi todo ha quedado en suspenso: el desarrollo normativo del mismo Acto Legislativo de la Paz  se ha congelado en el Congreso.  Se esperaba que tras un Plebiscito victorioso en lo del Sí, se iniciara un trabajo vertiginoso por parte del Congreso que, por Fast Track, abordara más de 50 proyectos, que le darían valor jurídico al Acuerdo Final; en su orden estaban, 1. La Ley de aprobación  del Acuerdo Final; 2, La ley de Amnistía; y. 3. La Ley de incorporación  de la JEP en la Constitución Política. [40]
5.6. O Referendo o, mejor aún, una Asamblea Nacional Constituyente.
A una  nueva  Constituyente hay que enhebrarla no con  hilos  mecánicos sino con agujas muy dialécticas, confrontando las diferencias personales y grupales  con sus contradicciones y tensiones.  Con su propuesta de poner en acción una Mesa Multilateral, el ELN  está pre-marcando el camino: a ella deben entrar  las dos elites del bloque en el poder,  la santista y la uribista,  el conjunto de las fuerzas políticas y sindicales, el movimiento social/ciudadano por la paz, las Farc y el ELN, Los Jubilados, la mayor parte de los Abstencionistas, las Iglesias, las diferentes categorías de jóvenes y mujeres, los distintos Nodos de REDUNIPAZ y del sistema educativo, las organizaciones profesionales,   y, sobre todo y ante todo, los 8 millones de víctimas directas, buena parte de ellas indígenas y afrodescendientes.
En primer lugar, en una Constituyente se lograría, al mismo tiempo, legitimar socio-ciudadanamente los Acuerdos, otorgarles valor jurídico y definir unas estrategias robustas para su implementación. Los  temas limitados de la Constituyente, cuya convocatoria y condiciones tendría que ser pactada en la MESA MULTILATERAL, podrían ser, 1. El reordenamiento territorial del país; 2. La Reforma de la Justicia; 3.  La Negociación Política del Conflicto interno armado: Acuerdos y Estrategias de Implementación; y.4. La Construcción de la Paz en y desde los Territorios comunales quedando todo sometido a las correlaciones político-ideológicas  de fuerza que se configuren en su seno. La fecha más lejana para realizar esa Constituyente sería  la primera semana de octubre del 2017 al cumplir Santos y las Víctimas el primer año como Nóbels de la Paz. Fracasado el camino de las armas para  impulsar el inicio o comienzo de la revolución social que el país requiere, al pueblo no le quedan otros caminos que el de las luchas sociales democráticas, las limitadas luchas parlamentarias, pero, sobre todo y ante todo, el de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con una temática  lo suficientemente amplia como para que   quepamos todos, incluido el tema referencial central definido por el   modelo socioeconómico en el que se inscribiría la acción pública del Estado en  sus distintas  expresiones territoriales.
Esto no obstante, como en el caso de Uribe, el problema del tiempo es el gran enemigo de ésta la más rica posibilidad de superar  la crisis bajo un más optimista horizonte de futuro.
Aunque en un  momento dado de los Diálogos de la Habana, las Farc miraron con simpatía la idea de una Constituyente- también el centro Democrático, bajo otra mirada, también lo hizo- , sin embargo, Santos la rechazó que “se borren de la mente esa idea, que eso no va a ser así”, fue lo que dijo el presidente de entrada. Entonces, se recogieron las opiniones de tres expertos de la paz.[41] Marco Palacio manifestó que esa era una idea/panacea que provenía de la izquierda de los años 50 y 60, que las Farc se  habían apartado de ella  cuando en la década del 90 se salieron del proceso de paz  y que ahora, al pensar que una Constituyente lo  arreglaría todo, la han vuelto a colocar en la agenda de discusión. Entonces, no la juzgó “conveniente” planteando, más bien, el referendo o el plebiscito.  Que ¿para  qué? si la Constitución  de 1991  era seria y eficaz y en ella estaban previstos los mecanismos que el país necesitaba, fue lo que respondió Angela Rettberg, amén de que  ese espacio  podía  abrirse a oportunidades adicionales, que algunos sectores aprovecharían  para recortar libertades, pero que “si la única manera por medio de la cual las Farc dejarían las armas era  con una nueva Constitución, entonces habría que considerar hasta qué punto el Estado y la sociedad colombiana  querían asumir ese costo”.  Finalmente, Carlos Nasi  dijo que una Constituyente  solo se justificaba  si había “una crisis institucional profunda  y/o cuando  las reglas del juego son profundamente anacrónicas  y disfuncionales. No es el caso”, culminó.
En nuestra opinión, en esta coyuntura una Constituyente es más que “conveniente”y  estamos de cara  a una crisis más   que profunda. Sin embargo, estamos jugando en contra del tiempo,  y es muy poco probable que el cese bilateral del  fuego resista  por mucho tiempo  a un grupo irregular armado que se encuentra “semi-acampamentado”.
Sobre la materia y las consideraciones hechas sobre los otros escenarios, el debate se encuentra más  que abierto.



 ”LAS 10 ESTRATEGIAS DE LAS FARC EN LA HABANA”


[1] . Uribe Vélez, Alvaro.Fundación Centro de Pensamiento PRIMERO COLOMBIA, 10/10/2016.
[2] . Velez Ramírez,, Humberto.
[3] . Bonilla, Maria Elvira,”Cachetada a los políticos”, El País, 14/10/2016.
[4] . Wade, Davis, “ARDIENDO DE ESPERANZ POR COLOMBIA”, 16-10-2016.
[5] . Duque Naranjo, Lisandro, “Lo divino y lo humano”, El Espectador, 17-10-2016.
[6] . COMITÉ EDITORIAL, “Uribe, el hombre que está bloqueando la paz en Colombia”, The New York Times, Lg,Life¨Gool, 14-10-2016.
[7] . “LA REVELADORA ENTREVISTA DE DANIEL CORONEL A IVÁN MÁRQUEZ”, 17-10-2016, www.noticiascolombianas.com.co .
[8] . Duque Daza, Javier, “Un Plebiscito Innecesario, una derrota inesperada”. En, Razón Pública,  03ó9/2016. 
[9] .Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c-379 del 18 de julio de 2016.
[10] . Semana No 1797,  del 9 al 16 de octubre de 2016, pg.18.
[11] . Santiago, Enrique, “Nos vemos dentro de 10.000 muertos”,  04/10/2016.
[12] . Idem, ¨El Acuerdo es inmodificable para el Derecho Internacional¨, 07-10-2016.
[13] . “Así registra la prensa internacional  el Nobel a Santos¨, 07-10-2016.
[14] . Cepeda, Iván, “La paz es la que va ganando”, El Tiempo, 17-10-2016.
[15] .COMUNICADO CONJUNTO GOBIERNO NACIONAL/FARC, La Habana, 7 de octubre de 2016.
[16] . Currea, de Victor, “El ELN después del Plebiscito’’, El Espectador,  03/09/2016.
[17] . Uprimny, Rodrigo “18 tesis para pacificar la paz’´, 05/10/2016.
[18] . Revista Semana, No 1795, 25 de septiembre al 2 de octubre, CONFIDENCIALES, pg.15.
[19] .Hernández, Jorge Andrés, “La Constitución de 1991 y sus enemigos”, En, COLOMBIA INTERNACIONAL, U de los Andes, www.colombiainternacional.uniandes.edu.co,
[20] . m.elcolombiano.com, 7 de junio de 2016.
[21] . Uribe Vélez, Alvaro.”LAS 10 ESTRATEGIAS DE LAS FARC EN LA HABANA”, Fundación Centro de Pensamiento PRIMERO COLOMBIA, 10/10/2016.
[22] . static.iris.net.co/semana/upload/documentos/bases-de-un-acuerdo-nacional-de-paz.pdf.
[23] . htps//books.google.com.co/books?isbn=95889931436; Molano, Alfredo, “El gran chantaje”, El Espectador, 16-10-206, pg. 39.
[24] . Pastrana, Andrés, “Se entregó el país en 72 horas”, 28/02/2016, www.eltiempo.com ,
[25] . Coronell, Daniel, “La cuenta regresiva”, Semana, No 1798, del 16 al 23 de octubre, pg.20
[26] . Vanesa, Restrepo, “Seis puntos que Uribe quiere cambiar en el Acuerdo de Paz”, COLPRENSA, 06-10-2016.
[27] . “URIBE REVELA LAS PROPUESTAS CONCRETAS PARA MODIFICAR ACUERDO DE PAZ CON LAS FARC”, O9-10-2016, www.bluradio.com/medellin.
[28] . Columnistas Libres, 14-10-2016.
[29] . El Espectador, No 1797, del 9 al 16 de octubre de 2016, pg.
[30] . Velasco, Juan David, “URIBE Y LA JUSTICIA TRANSICIONAL”, La Razón Pública, 17/10/2016.
[31] . Kalmanovitz, Salomón, “El No a las Reformas”, El Espectador, 17-10-2016.
[32] . Uprimny, Rodrigo, “De un cacho, pero de un hilo”, El Espectador, 16-10-2016.
[33] . Duncan, Gustavo.”EL PLAN B”, El País, 15-10-2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
[34]  “Estudian repetir el plebiscito en zonas afectadas por el huracán Matthiew”, Publimetro, octubre 11 de 2016.
[35] .https://pojusticiaydesarrollo.com/2016/
[36] . “Los salvavidas del Plebiscito”, El Espectador, domingo 6 de octubre de 2016, pg.
[37] .López Montaño Cecilia, “Pelaron el Cobre”, https:mail.google.com/
[38] . Santiago, Enrique, “Nos vemos dentro de 10.000 muertos”, 04-10-2026.
[39] . El Espectador, 9 octubre 2016, pg.12.
[40] . “CONGRESO EN MODO PAUSA”, Semana, No 1798, del 16 al 23 de octubre de 2016, pg. 38.