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LAS ZONAS DE RESERVA CAMPESINA SÍ, PERO
CON REORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL PAÍS, REFORMA AGRARIA
Y SOBERANÍA ALIMENTARIA.
Humberto
Vélez R.[1]
De preciso modo nadie sabe cuáles ni cuántos arreglos
concretos hay enrollados en “los cuatro o cinco metros de acuerdos” de los que
nos han hablado los conversadores oficiales de las Farc[2].
Sobre esta materia, más que desesperanzas, en el imaginario colectivo anidan ansiosas
pero fundadas esperanzas no exentas del desgaste con el que a todas horas las
afectan los vigorosos enemigos abiertos e invisibles de esta negociación, entre
ellos algunos expresidentes de Colombia.
De todas maneras, esos todavía invisibles pero posibles
acuerdos sobre la cuestión rural, deben encontrarse inscritos en cinco ejes
que, de acuerdo con Humberto de la Calle Lombana, el conversador oficial, han
construido de modo conjunto: 1.acceso a la propiedad de la tierra de quienes
carezcan de ella o la tengan de manera insuficiente; 2.mejor uso del suelo; 3.
cierre de la frontera agrícola como forma de blindar a las actuales y futuras
generaciones campesinas; 4. obras de infraestructura rural; y 5. especial
atención a la salud, educación y otros bienes públicos del campo[3].
Este Atisbos 171 enhebrará algunas reflexiones alrededor
del cuarto eje asociado al cierre de la frontera agrícola y más en concreto, al
tema nada extraordinario pero sí muy prometedor de las ZONAS DE RESERVA CAMPESINA, en adelante ZRC.
En opinión de los Atisbos, sobre esta última materia la
novedad no han sido Las Zonas en sí
mismas consideradas, sino, más bien, el de pretender elevarlas a la
condición de Entidades Territoriales.
Pero aún esta apuesta no tendría mucho de especial si hubiese
sido presentada inscrita en tres
importantes proyectos previos, de carácter más bien macro, y que por otro lado,
no hacen parte de los temas pactados en la fase de pre-negociación. Nos estamos
refiriendo: 1. a una propuesta de reordenamiento territorial del país
constitucionalmente posible como es la de la creación de las Provincias y
Regiones, vale decir, de los anhelados y necesarios ESTADOS-REGIÓN: 2. a una
REFORMA AGRARIA, radical e integral, aunque sólo cubra al latifundio
improductivo y 3. a una apuesta nacional pero regionalmente diferenciada de
SOBERANÍA ALIMENTARIA.
Presupuesto un final exitoso del proceso OSLO-LA HABANA,
irrigar con Zonas de Reserva Campesina a
un país disfuncional en lo territorial y plagado de Bacrim por todos los costados, no dejaría
de ser por lo menos poco técnico, si no
inmoral en lo político.
Y en efecto, las ZRC no constituyen una novedad, pues
poseen soporte legal en la ley 160 de 1994, que las creó
“con el fin de proteger
a las comunidades campesinas, especialmente aquellas ubicadas en zonas de
frontera agrícola, colonización o de conflicto armado, del avance del
latifundio o de los monocultivos. Uno de los mayores promotores ha sido el
reconocido escritor, periodista e investigador Alfredo Molano”[4].
Hasta el momento, con fuerte oposición, se han creado seis ZRC en las que habitan
75.000 campesinos en una extensión de 830.000 hectáreas. Tan solo durante el
gobierno de Santos se ha pensado en crear otra en Los Montes de María. Como se
podrá observar, estos territorios campesinos todavía no se han nacionalizado.
Ahora en la Habana, las Farc al presentar 10 propuestas rurales, ha lanzado la
iniciativa de reordenar la economía campesina alrededor de 59 ZRC con una
extensión de 9 millones de hectáreas. En las apariencias, sería excesiva la
extensión de los territorios campesinos, pero ellos sólo cubrirían el 8% de los
114 millones de tierras explotables que hay en país, 40 millones de ellas
dedicadas a la ganadería extensiva. Por consiguiente,
“como ha afirmado Alfredo Molano, el problema no es de
tierras, lo que significa, se ha dicho en la Revista SEMANA, que hay mucho
espacio para las zonas de reserva campesina. El secreto está en cómo garantizar
su existencia sin afectar la integridad del país”[5].
Actualmente, en cada ZRC y de acuerdo con la lógica
legal, la comunidad campesina organizada en una junta directiva levanta un Plan
de Desarrollo financiado por el Estado. A guisa de ejemplo en el Caquetá está
funcionando la ZRC “PATO-BALSILLAS” con notas como éstas: una carretera-trocha
dificultosamente comunica con Neiva a una población de 6.200 personas desparramadas en 27 veredas
que cubren una extensión de 88 mil hectáreas. El año
pasado produjeron más de mil toneladas de café y unas 1500 de fríjol; en los
comienzos del gobierno de Santos recibieron un partida de 250 millones de pesos
para reactivar su plan de desarrollo y hace poco la ONU les inyectó 70 millones
para capacitación; han logrado capitalizar un Fondo Social de unos 200 millones con los que conceden
pequeños créditos para siembra y compra
de insumos; en distintos contextos de historia local han recibido la
influencia de las Farc; al respecto ha dicho Miguel Córdoba, tesorero de la
Asociación: “el gran problema está en la
estigmatización. Aquí fue donde llegó
‘Tirofijo’ cuando decidió meterse al monte”; y finalmente Herminia Quimbaya
de la Junta de Acción Comunal, manifestó, “hoy
no podemos hablar de un beneficio real de ser zona reserva, pero lo nuestro es
básicamente una apuesta al futuro; creemos que muy pronto todos los beneficios
que contempla la ley nos llegarán”[6].
Al hacer su propuesta las Farc escribieron y hablaron de
la constitucionalización de las ZRC como entidades territoriales dotadas de
amplia autonomía política y socialmente enhebradas en distintas formas de
propiedad. De cara a esa apuesta de autogobierno, de autogestión y de
autodeterminación, en masa se vinieron las reacciones negativas. A guisa de
ejemplo, destaquemos sólo dos:
“Las Farc, afirmó el
Ministro de Agricultura, quieren decidir y convertir el país en un mosaico de republiquetas independientes”; por su
parte, Ernesto Samper señaló que ésa era una salida desafortunada, pues no se
podían comparar a las zonas de reserva campesina con repúblicas independientes”[7].
Con estas reacciones, como para traer a la memoria la primera parte de la década de 1960 cuando Álvaro
Gómez Hurtado le dijo al Congreso en pleno que Colombia se estaba balcanizando,
pues en una región llamada Marquetalia un sector de campesinos estaba creando
una República Independiente, por lo que el gobierno de Guillermo León Valencia,
asesorado por los Estados Unidos y bajo el liderazgo del General Ruiz Novoa,
levantó la más gigantesca operación en la historia de las Fuerzas Armadas
colombianas. Fue la ya clásica Operación Marquetalia. De este modo, hasta
esta desértica región llegaron miles y miles de soldados que no
encontraron a nadie en la zona, ya que los 30 campesinos que en ella habitaban liderados por Manuel
Marulanda Vélez y armados con machetes y escopetas hechizas como la mejor defensa,
habían decidido trasladarse a una región
vecina donde fundaron las Farc. Hacía apenas tres semanas que, según carta
publicada hace unos pocos años por El Espectador, le habían enviado una nota al
presidente Valencia en la que le urgían la necesidad de una reforma agraria
integral.
Ojalá estas supuestas nuevas Repúblicas Independientes,
que serían las futuras ZRC, no devengan en una vaca muerta capaz de entrabar el
carro, que al arrancar desde OSLO a principios del año pasado, se vino en noviembre a la Habana con la
esperanza de llegar a Colombia entre finales del 2013 y principios el 2014
cargando la noticia de la posibilidad de dar un primer paso importante en la
construcción de paz.
Explicables, que no justificables, son algunas de las
reacciones contra la iniciativa de las Farc. En un país donde las dinámicas
asociadas a un semicentenario conflicto interno armado han estado más asociadas
a las luchas por el control territorial que a la realización de una
amenazante y casi inmediata revolución social;
y en un sociedad donde durante el octoenio de Uribe Vélez casi toda la acción
estatal, tanto la discursiva como la práctica, estuvo orientada sacar a los farquianos de los territorios por
ellos controlados. En un país y en una
sociedad así, todo lo que huela a la posibilidad de control territorial
exacerba los poros del cuerpo nacional produciendo ampollas, sobre todo en los
sectores de la derecha política.
De todas maneras los Atisbos, no obstante que postulan la
necesidad de contextualizar esa propuesta que es bondadosa, no duda en
calificarla como impolítica en su forma de presentación, así como de poco técnica en materia de su viabilidad.
Sería doloroso y lamentable que una propuesta que en su
actual forma legal podría ser cualitativamente mejorada, echase por la borda la
posibilidad de una negociación, sobre todo en una coyuntura histórica en la que
como nunca, gobierno y Farc, por haber aprendido a negociar cediendo, han
estado cercanos a firmar el mismo papiro con el mismo estilógrafo.
Sólo el próximo 2 de abril
sabremos si en la Habana en un noveno ciclo de diálogos se ha podido pasar al
segundo tema pactado relacionado con el carácter y los alcances de la
participación política de las Farc.
[1] Profesor e investigador
Universidad del Valle. Programa de Estudios Políticos y Resolución de
Conflictos. Miembro de REDUNIPAZ. Presidente Fundación Ecopaís.
[2] Gómez Giraldo, Maribel. Editora de El Tiempo, “La Habana tiene su propio ritmo”, El Tiempo, Bogotá, 24-03-2013,
pg.4; La Patria, “El discurso de las Farc”, Manizales, 24-03-2013, pág. 6ª.
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