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La lógica de un Nuevo acuerdo: DE LAS 410
PROPUESTAS,
Ni mucho de “lo aceptable” por desorganizarlo;
Ni “lo inviable”
por anularlo;
Pero sí,
“lo indispensable” para salvarlo.
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Tras escuchar y
escuchar y escuchar a variopintos
representantes de las fracciones de “El
NO” con
410 propuestas[1]distribuidas bajo
la forma de una muy objetivista relatoría en 57 heterogéneos ejes temáticos y
750 páginas de comentarios, el 6 de noviembre
estuvo de regreso a la Habana el Equipo Negociador de Santos, liderado
por el prudente y lúcido exnadaista Humberto de la Calle Lombana; renuente a
negociar algo con la oposición y tras mucha y longa escucha, ese grupo se
fue a la Isla de Martí al
encuentro de la contraparte farquiana[2]
que, en el lomo de una muy difícil
coyuntura, ha terminado por convertirse
en el sujeto político más decisivo para el presente y futuro de los Acuerdos. Aunque in pectore
Santos sabe cuánto y hasta dónde puede
ceder a Uribe para que el empeño de la pacificación no se le
evapore entre las manos, en la Habana,
el Secretariado farquiano, en condición de ejército rebelde militarmente no derrotado,
también sabe hasta dónde puede ir para mantener en alto la lógica intrínseca a
toda negociación: la reciprocidad y la calidad
de las concesiones recíprocas.
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Pero, en el orden
lógico, sólo se tornan inteligibles esas tres notas del nuevo Acuerdo- “lo
aceptable” mientras no lo sobresature y
desorganice, lo viable que en vez de anularlo lo enriquezca y lo indispensable que lo salve”- si, en
apretada síntesis, recordamos la índole y los alcances del Pacto originario de
la Habana dado a conocer el pasado 26 de
septiembre del 2016. Más allá de los deseos de cada quien y de cada grupo, se trató de un Acuerdo, que aunque limitado en sus contenidos- solo cubría una
de las dimensiones substanciales de la paz, la de la pacificación o el dejar de matarnos- así como en sus protagonistas- sobre todo y ante todo,
Gobierno y Farc-, sin embargo, era muy preciso y delimitado y orgánico en sus
temas substanciales pues, no
obstante lo abultado del texto, la mayor parte de las 297 cuartillas no era más
que el detalle ideológico-político-técnico
de 7 componentes interrelacionados muy concretos:
a.
el dejar de matarnos -o sea el inicio de la
pacificación mediante la dejación de las armas- con la guerrilla más antigua, importante e
impactante siendo ésta apenas una de las cinco dimensiones substantivas de la
construcción de paz;
b.
mediante su conversión en un partido
político, la transición de las Farc de la política a tiros a la política por la
vía del juego democrático de ideas y de
proyectos de construcción de nación;
c.
la puesta en marcha de un Acuerdo Agrario que,
sin implicar una reforma agraria ni un freno a la agricultura capitalista y
hacendataria pero sí un castigo constitucional al componente improductivo del
latifundismo, en nuestra opinión, permitirá
reposicionar y proyectar
y sacudir las para el país muy importantes economías
campesinas, sobre todo en materia de marchar hacia la soberanía alimentaria;
d.
la gestación de condiciones institucionales,
fiscales y subjetivas para impulsar la vigencia de la muy constitucional
democracia de participación;
e.
la
ruptura de las Farc con todas las formas de relación con el narcotráfico, así
como su vigorosa cooperación para un manejo humanitario del problema sobre todo en lo relativo con un campesinado empobrecido
partícipe en una u otra dimensión del
problema de las drogas ilícitas;
f.
la colombianización de la Justicia Transicional
bajo la novedosa forma de una Jurisdicción y
un Tribunal Especiales de Paz, semiestatal y ad hoc y transitoria,
orientada a colocar a todos los Victimarios en condiciones objetivas y
subjetivas propicias para poder cumplir su obligación moral y política de reparar
a 8 millones de víctimas impulsando acciones
y definiendo medidas y recursos dirigidos a garantizar la realización efectiva
de sus derechos; para esos efectos se pactó que para los Máximos responsables
de delitos atroces no habría cárcel pero
si sanciones alternativas pudiendo, por otra parte, las Farc crear su propia
partido para participar en política;
g.
el acompañamiento de las Naciones Unidas,
sobre todo, para hacer el monitoreo y la verificación de la dejación de las armas, para iniciar
acciones conjuntas con miembros del Ejército orientadas a reparar a las víctimas,
para garantizar la seguridad de los miembros de las Farc y para facilitarles su incorporación a la vida
civil.
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En
sus líneas más robustas – bueno, regular o pésimo- ese fue el contenido
substantivo del Acuerdo que se firmó en Cartagena el 26 de septiembre;
lo demás han sido agregados subjetivos de cada quien, conjeturas de muchos sin
base empírica seria, tergiversaciones amañadas y mal intencionadas de tantos, invenciones
de un sector contrario a los diálogos, enredos de otros miles que asumieron como
acuerdos lo que apenas había sido una
discusión pasajera más entre las tantas que hubo, pero además, lo demás también
fueron inquietudes y preguntas serias en torno a puntos imprecisos cuyo desarrollo
se quedó a mitad de camino o a vacíos de necesario relleno ahora si se quiere
salvar el Acuerdo originario.
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Un
punto central a precisar en la actual coyuntura: ¿acaso la participación de Uribe, el más importante
opositor del No amén que líder de todos los cuestionadores, es una condición sine qua non para la validez
política de un nuevo Acuerdo entre elites? En nuestra opinión si, por las
razones que sean, no se produce un consenso entre las fracciones políticas del
bloque en el poder, el movimiento social
por la paz, donde se encuentra el colectivo básico de los subalternos,
en una línea de inspiración gramsciana puede negociar con la fracción que propicia la apuesta de pacificación con las consecuencias que ella implica
según los 7 temas que le dieron forma al Acuerdo originario recogiendo algunas
de las precisiones y ajustes presentados por otros sectores del No. La
producción de un nuevo Acuerdo exige que su dimensión consensual- su construcción a partir de las diferencias y distancias que
no anulen su substancia originaria- predomine sobre la dimensión coercitiva-
aparentar negociar para distraer la atención, para dilatar y tratar de imponer el punto de vista de uno de
los negociadores. Entonces, el Centro Democrático está en su derecho de manejar
una alternativa estratégica distinta para abordar el conflicto interno armado y
que sea esta la ocasión para que ponga a prueba su realidad de fuerza política
democrática haciendo una clara ruptura
con sus anteriores formas de equívoca relación con una u otra
versión del paramilitarismo. Entonces, sin negar la posibilidad de que Uribe,
para no echarse encima la responsabilidad de la reanudación de la guerra
interna, reasuma posiciones positivas que ya tomó cuando era presidente, sin embargo, en la coyuntura es muy difícil que
ello ocurra cuando lo que busca es la vicepresidencia y, por eso, coincidimos con la postura de dos importantes analistas con respecto Uribe,
“Que
no lo inviten más. Que no le toleren más
coqueterías de prima donna. Lo único que hace es aprovechar las
invitaciones para ganarle tiempo a su rechazo: no para destrabar el proceso de
paz entorpecido por el triunfo del No en el plebiscito, sino para enredarlo
más. Que se den cuenta por fin de que Uribe no tiene la menor intención de
contribuir a la paz por la sencilla razón
de que no quiere que haya paz en Colombia”,
escribió Antonio Caballero[3]; “muy pronto tendremos que olvidarnos del
gran acuerdo nacional en torno a la paz…Uribe recoge… esas ideas,
conservadoras, tradicionales,
intolerantes y refractarias a la
solución política de los conflictos…Uribe como Donald Trump, como Silvio
Berlusconi en su momento, dicen lo que mucha gente quiere oir…Si el Consejo se
atreve a validar que Uribe esté
como candidato a la Vicepresidencia en
el tarjetón…es obligatorio que los temas de paz
y el posconflicto sigan en el primer lugar de la controversia pública.
De ahí que no exista la menor
posibilidad que el uribismo se comprometa
en serio con fórmulas que faciliten la firma conjunta del acuerdo de paz con
las Farc y la culminación rápida de las negociaciones con el ELN”, ha
precisado León Valencia.[4]
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Pero, aún más, como ya lo advertimos en el anterior
Atisbos, el No 251 del mes de octubre,
“Existe, por otra parte, en el rechazo
de los opositores a los Acuerdos, una dimensión que no ha sido suficientemente
enfatizada por una buena parte de los analistas. Hasta antes de los resultados
del 2 de octubre, éramos muchos los que hablábamos de la posibilidad de que Colombia, a partir
del simple dejar de matarnos acompañado no de una genuina reforma agraria sino de la
mera reforma rural integral pactada, pudiese entrar a una etapa de transformación de la sociedad a partir de
un cambio importante en las relaciones sociales rurales. Es que con el simple hecho de tocar problemas como
los del avalúo catastral, el de un fortalecimiento del impuesto predial y el
del papel de las olvidadas economías campesinas en la definición de una
estrategia orientada a lograr la soberanía
alimentaria, se estaría produciendo ya
un tremendo y desacostumbrado
revolcón en el conjunto de la vida
social.[5] Por la tanto,
habrá que recuperar la idea de que
en la oposición a los Acuerdos se encuentra
también oculta la real oposición de un
sector importante del bloque en el poder a importantes reformas
sociales, políticas e institucionales”.
Ha sido precisamente ésta la posición que ha venido liderando
Uribe Vélez en los últimos 15 años. En la actual coyuntura post-plebiscito, por
mucho que Uribe, en apariencia, haya suavizado sus posturas contrarias a las
lógicas de la negociación de un conflicto armado tan largo y sangriento e impactante
como el colombiano, aquellas, en cuatro items esenciales, continúan perturbando
la esencia misma del originario Acuerdo Habanero: 1. con su apuesta de un nuevo
tipo de encarcelamiento para los ex-guerrilleros y no para el conjunto de los
victimarios; 2.con su tesis de la no elegibilidad para los responsables de
crímenes atroces; y 3. con su idea de la constitucionalización de la Justicia Transicional por la vía de su subordinación a la Justicia Ordinaria; y 4. con sus reservas
sobre la posibilidad de la expropiación administrativa consagrada en la propia
Constitución y para cuya eliminación habría que reversarla.
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En esta coyuntura post plebiscito,
los partidarios del no podrán pasar por alto que la opción de insistir en los diálogos con la guerrilla
hasta alcanzar la pacificación se ha
cualificado, así: 1. la irrupción proactiva de la juventud estudiosa a favor
del dejar de matarnos ha sido vigorosa;
2. según la última encuesta de Gallup, esa opción ha alcanzado un 77% de
respaldo ciudadano, el más elevado en 16 años[6]; 3. de acuerdo con esta
misma Encuesta, realizada la última semana de octubre, la disminuida imagen de
las Farc se trepó a un 19%; 4. varios de
los responsables del NO, sobre todo
Pastrana y Marta Lucía Ramírez han evidenciado no compartir el conjunto de los
cuestionamientos de Uribe; 5. la misma jerarquía católica, que en el plebiscito se casó con la tesis de la neutralidad, en reunión con delegados
del gobierno precisó, “esta oportunidad de paz con las Farc no se puede dejar
pasar”; 6. Héctor José Pardo, uno de los pastores que viajaron a la Habana para
dialogar con las Farc, ha declarado: que solicitaron cambiar el “enfoque de género por el del
derecho de las mujeres”, pero que “nuestra preocupación no tiene que ver con que los jefes guerrilleros no vayan a la cárcel o con que participen en
política. Queremos la paz y esperamos
que se logre el acuerdo”[7]; y 7.como nunca en relación con Colombia, la
opinión internacional se ha dolido tanto por lo que sucedió en el
país con los resultados del Plebiscito.
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Otros cuestionamientos, que no los
inviables uribistas nugatorios de la esencia del Pacto originario, pueden ser
discutibles y transables, por ejemplo, que un victimario responsable de
crímenes atroces no pueda ocupar puestos públicos mientras no cumpla, por lo
menos, parcialmente, sus sanciones alternativas o que el nuevo Acuerdo, no
obstante ser asumido como un Acuerdo especial, por decisión de la Corte no
entre a formar parte de la legislación ordinaria y del bloque de
constitucionalidad o que entre un mínimo de 5 años y un máximo de 10 sea la
vigencia de la Jurisdicción Especial de Paz o que se precisen mucho más los
compromisos de los victimarios con la reparación material de las víctimas
definiendo acciones, medidas y posibles recursos así como lo relativo a los
delitos conexos al derecho de rebelión o que se especifiquen con mayor detalle
los beneficios políticos de los exguerrilleros o que se diferencie con mayor
nitidez la distinción entre el necesario
manejo bajo un enfoque de género de los problemas de las mujeres víctimas y victimarias y de la
población LGTB y la irrupción de una
perversa ideología de género en la
educación de los hijos. Mucho de esto será necesario para salvar el Acuerdo sin
anularlo con propuestas inviables que
afectarían su esencia más íntima, así como su narrativa central.
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Entre las 410 propuestas presentadas,
muchas, asumidas de forma aislada, pueden ser aceptables, pues recogen
demandas válidas de uno u otro sector
ciudadano, pero, incorporadas al nuevo Acuerdo, no harían más que romper su
organicidad por tener nada que ver con
su naturaleza y alcances. Hace 15 años cuando por fin en el Caguán se concretó
una agenda de discusión, casi todos sus componentes tenían que ver con
propiciar en Colombia un profundo cambio social. Fue entonces cuando el
expresidente López Michelsen dijo que las Farc pretendían que el
gobierno les hiciese por decreto una
revolución social. Entonces, los poderes del establecimiento, asustadizos, se
fueron en contra del proceso del Cagúan y el propio López, abriéndole así una
puerta a Uribe, señaló que, para que no demandasen tantas concesiones, a las
Farc, antes de sentarse a negociar con
ellas, había que golpearlas y
debilitarlas militarmente. Como para aprender del pasado. En ningún país, y
menos en Colombia, una revolución social democrática podrá ser el resultado de
una negociación política entre las fracciones del bloque en el poder y uno u otro sector de los subalternos, lo
que no significa que de ella no se puedan desprender importantes consecuencias
sociales. Como sería el caso de ahora. El Acuerdo originariamente pactado, como
ya dijimos es restringido y limitado en contenidos, así como en protagonistas.
Sin embargo, aplicado, aún con precisiones y ajustes, puede sacudir al país,
sobre todo, desde el sector rural al jalonar, por las vías democráticas, un
amplio movimiento social ciudadano
agrario capaz de producir
importantes cambios sociales.
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Lo que más apremia en
el actual proceso es el problema de los tiempos. Si no fuera por éstos, tal
como lo hicimos en el Atisbos 251, seguiríamos defendiendo el escenario de una
Asamblea Nacional Constituyente, que sería la que le proporcionaría a los
Acuerdos los más amplios soportes sociales y ciudadanos o ahora defenderíamos
la posibilidad de los Cabildos Abiertos en los 1.100 municipios del país. Pero sea lo que sea, en la coyuntura, la necesidad del
menor tiempo posible para gestar un nuevo Acuerdo no se encuentra asociado al
10 de diciembre cuando Santos recibirá el Nobel de la Paz, sino, más bien, a la
situación crítica en que se encuentra el
proceso de dejación de armas con un cada
día más insostenible cese técnico y político bilateral del fuego. Apenas
acunándose, el proceso quedó en el limbo. Por eso el nuevo acuerdo debe
gestarse pronto, con Uribe o sin Uribe,
so pena de que se evapore y pierda
todo lo que se ha avanzado en favor de la pacificación.
[2] .”Santos
ordena trabajar con propuestas del No hasta lograr Acuerdo”; “N0viembre, plazo
que se ponen gobierno y farc”, El Tiempo,
6 de noviembre 2016, pgs. 2 y 3;
“EL balón está en manos de las Farc. Propuestas del No llegan a la
Habana”, El Espectador, 6 de noviembre
2016, pg.2; Semana, “Bitácora de un diálogo agridulce”, Edición 1801,
del 6 al 13 de noviembre.
[3] .
Caballero, Antonio, “Marear la Paloma”, Semana, Edición 1800, del 30 de octubre
al 6 de noviembre, pg.106.
[4] . Valencia,
León. “Uribe en el Tarjetón de 2018”, Semana, Edición 1801, del 6 al 13 de
noviembre de 2016, pg.66.
[5] .
Vélez Ramírez, Humberto, Atisbos Analíticos 251, octubre 2016.
[6] .
“Según Encuesta mejora la imagen de las Farc y apoyo al proceso de paz, última
semana de octubre del 2016, www.eltiempo.com
[7] . Idem.
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